La homosexualidad fue delito en Colombia hasta 1981: esta es la historia que no se cuenta

“Yo estaba esperando la buseta en la 61 con Caracas, a las dos y media de la mañana, y un teniente, que porque ‘uno es homosexual’ le pega a uno, le quema la ropa, le pone el revolver en la cara y a todo momento le dice a uno: ‘lo mato, lo mato’. Me dijo que le diera dos mil pesos y, si no, le pone a uno la denuncia. Dice que no tenemos derecho de vivir”, se lee en una querella que data de 1983, encontrada en el Fondo de Secretaria Distrital del Gobierno.

Antes y durante los años que rodearon la despenalización de la homosexualidad en Colombia, bastaba con llevar al menos tres prendas “asociadas” a su género para evitar ir a la cárcel. Fue el 23 de enero de 1980 cuando se expidió un nuevo Código Penal que entró en vigencia un año después, en el que se dejó de categorizar la homosexualidad como un delito. Hasta entonces, cualquier conducta que se percibiera como contraria a la “moralidad”, como que un hombre se vistiera de forma considerada “afeminada”, podía ser razón suficiente para ser detenido o encarcelado.

Reconstruir cómo era vivir siendo gay, lesbiana, bisexual o trans en aquella época es como intentar armar una historia con piezas que faltan. La invisibilización de las orientaciones sexuales e identidades de género diversas no solo fue violenta: fue deliberadamente empujada hacia los rincones más ocultos del país. Aun así, en medio de esa prohibición, cuando el amor homosexual no podía ser público, las autoridades encontraron formas de identificar a quienes querían perseguir. ¿Cómo sabían que alguien era homosexual? La respuesta estaba en los códigos no escritos que usaron para ficharles.

Felipe Caro Romero, doctor en historia latinoamericana y director del Instituto de Historia Marica de Bogotá, ha intentado reconstruir parte de ese pasado. Pues en su trabajo como curador de la exposición “Cuerpos Archivados”, exploró cómo se penalizó y persiguió la homosexualidad, a partir de expedientes policiales del Archivo de Bogotá. Estos documentos, si bien permiten formular hipótesis, no son muestras representativas para armar la historia de todo un país.

Pero si se intentara trazar un perfil común de a quiénes encarcelaron por ser “homosexuales”, se podría decir que, en su mayoría, no eran personas oriundas de la capital. Venían de otras regiones, muchas veces huyendo del conflicto armado o buscando libertades que no encontraban en sus territorios; casi todas estaban en situación de pobreza y vivían del día a día, como estilistas, cocineros o mandaderos, pues en los documentos quedaba registrado que no tenían carreras profesionales. Había personas de todas las edades, desde los 14 años hasta personas mayores de 30, y la mayoría eran detenidas una y otra vez. Luego de ser fichadas como “homosexuales”, la policía acudía directamente a los lugares donde sabían que podían encontrarlas.

“Tengo 19 años de edad, natural de Ibagué. Alfabeto con grado de instrucción quinto de primaria, de profesión mesero. Iba a coger buseta para mi habitación y de pronto fui sorprendido por unos agentes de la policía; en plena calle me desvistieron y me pegaron y me dieron un mal trato. Yo supe, que había un teniente que le tiene rabia a los homosexuales, y yo como soy homosexual. Éramos cuatro homosexuales, a la mitad los dejaron tirados en la Calera, nosotros como no teníamos plata, nos mandaron acá detenidos”, se lee en otra de las querellas.

Habitualmente, solo detenían a hombres y mujeres trans. Pero no es porque no existieran las mujeres lesbianas o bisexuales, “a las mujeres, sobre todo a las lesbianas, se les controlaba a través de instituciones como las médicas o psiquiátricas. Lo que antes se llamaban ‘asilos de locas’, espacios creados para controlar su sexualidad”, dice Romero a El Espectador. Mientras a los hombres se les sancionaba en público, a ellas se les controlaba desde el hogar, la escuela, la medicina o la iglesia.

Toda esta penalización, que se extendió por casi un siglo, no solo buscaba “controlar la homosexualidad”. Desde el primer Código Penal de 1837, la ley propuso castigar cualquier práctica considerada “moralmente reprochable”. Así, decir palabras obscenas en público, los libros contrarios a las “buenas costumbres”, ejercer el trabajo sexual o sostener relaciones sexoafectivas con personas del mismo sexo eran actos tipificados como delito y podían ser castigados hasta con seis años de cárcel.

Sin embargo, la historia de persecución es de larga data. “Cuando el país se organiza formalmente por allá a finales del siglo XIX, se decide cómo Colombia va a ser un país con tres valores fundamentales: católico, centralista e hispánico. Entonces eso viene con una serie de expectativas e ideas sobre lo que debían ser sus ciudadanas y sus ciudadanos”, explica Romero. Lo que se tradujo en una serie de códigos binarios de vestimenta, conducta y comportamiento que excluyeron cualquier forma de diversidad sexual.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, agrega una arista adicional, además de que surgió luego de que se incorporaran muchas de las conductas consideradas inmorales por el cristianismo, también las que eran consideradas “insalubres” por la medicina. “Las personas dejan de acudir a la iglesia para corregir lo que se llamaba inmoralidad y empiezan a ir al servicio médico, por pensar más que un asunto pecaminoso era un asunto de salubridad. Entonces el servicio médico en el siglo XVII empieza también a perfilar la moralidad en la salud y empieza a ver enfermiza la conducta homosexual”, le comenta a este diario.

Y así es como se fue formando la figura del “sujeto criminal homosexual”, una imagen alimentada por prejuicios religiosos, noticias sensacionalistas y discursos que lo presentaban como un riesgo social, económico y político. Se consideraba que afectaban el proyecto de nación, por ejemplo, al no encajar en la reproducción y por ende, aportar poco en la mano de obra. Ese sujeto, sin un lugar en el país que se estaba moldeando, fue poco a poco fichado. Aunque no se declarara abiertamente homosexual, era perseguido por tener ciertas características.

“Cuando revisamos los testimonios, muchas personas eran arrestadas porque iban, por ejemplo, con prendas que eran consideradas ‘de mujeres’: con el pelo largo, maquillaje, falda o una camisa muy brillante, colorida, con un escote muy grande en cuerpos masculinos. Pues iba a considerarse una transgresión grandísima, y automáticamente se asumía que eran homosexuales, y se los llevaban”, cuenta el historiador.

Y es justo por eso, que Manuel Velandia hace la broma de las tres prendas: “La policía llegaba y la gente trans [mujeres trans] tenía que tener como mínimo tres cosas masculinas puestas o si no las detenían. Entonces la gente llevaba calcetines, calzoncillos y camiseta. Para poder tener las tres prendas”. Velandia, vivió esa época como hombre gay, fue cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia (MLHC) y coorganizador de la primera marcha del orgullo LGBTIQ+ realizada en en el país.

El activista también recuerda que la fuerza pública se las arreglaba para ficharlos de todas las formas posibles. Cuando se presentaban al servicio militar y eran considerados “muy amanerados”, no solo se les negaba prestar servicio, también les ponían la palabra “homosexual” en el categoría de profesión de la libreta militar. “Es el único país en que uno es homosexual y sale ‘profesional’. La libreta militar la pedían en todas partes y eso dañaba el perfil para poder trabajar”, recuerda, al explicar por qué quedaban “marcados”.

Y aunque la persecución se concentraba en hombres con expresiones de género femeninas y mujeres trans, como señala Romero, estas categorías en los 70´s y 80´s todavía no estaban claras. “Para la policía no había diferencia entre un homosexual y una mujer trans. Ambos eran ‘maricas’ y peligrosos, y tenían que llevarse a la cárcel. La diferencia es que de pronto a una la decidían violar y al otro solo lo golpeaban”, añade.

¿Qué pasaba cuando las personas eran detenidas por la policía?

Las fuentes consultadas relatan que, si una persona era llevada a la estación de policía, era víctima de múltiples violencias: chantajes, golpizas, privación de alimentos, humillaciones, la desnudaban, le mojaban, e incluso, habían violaciones sexuales. Estas últimas, sobre todo, eran vistas como una forma de “corregir” la homosexualidad.

Velandia recuerda que las redadas eran frecuentes y que el procedimiento era casi siempre el mismo. “Paraban la patrulla o un camión con el culo del carro hacia atrás y te montaban directamente”. Una vez detenidas, algunas personas se veían en la obligación de acceder a encuentros sexuales con los policías para evitar ser detenidas. Quienes se negaban terminaban en la comisaría o en lugares apartados, como la salida a Monserrate o La Calera. “Allí había unas canecas con agua, nos desnudaban, nos botaban la ropa lejos y nos bañaban con agua fría”.

Pero las mujeres trans no corrían con la misma suerte: “A las chicas trans las llevaban directo a la cárcel. Solo por cómo se veían”, dice.

Un alto nivel de violencia que estaba amparado por decretos y legitimado por el Estado. “Fue la Policía Nacional, a partir del decreto 522 de 1971, la que se adjudicó la responsabilidad de perseguir a la homosexualidad en el país. O sea, fue la institución de la policía, ninguna otra institución y es el mayor victimario que hemos encontrado en las investigaciones”, advierte Franco.

Pero donde hubo persecución, también hubo un cuidado colectivo

Fue en medio de la represión más dura que comenzaron a surgir formas de cuidado entre la población LGBTIQ+. Estas iban desde acciones sencillas como no delatarse, hasta escapar en grupo o permanecer cerca para dificultar las detenciones.

Una de ellas fue “Ventana Gay”, una revista en la que se advertía sobre bares o lugares donde se sabía que la policía realizaría redadas. La publicación fue creada por Velandia, quien recuerda haberla promocionado por primera vez en un bar lésbico. Allí le daban cinco minutos para hablar, el tiempo justo para dar un discurso e invitar a reuniones que, poco a poco, darían forma a los primeros activismos LGBTIQ+ del país.

De esta manera, así como la policía tenía sus propios códigos para detenerles, esta población también inventó los suyos para reconocerse. Los códigos, tenían que ser sutiles, e iban en gestos, prendas o colores. “En esa época, al principio, lo marica era ponerse una camisa polo verde o roja con jeans, era una señal de identidad relacionada con la moda. Y en los bolsillos, la gente se ponía un pañuelo, a veces a la izquierda o a la derecha, dependiendo lo que le gustara”, señala Velandia.

No todo cambió con la despenalización de la homosexualidad

En Colombia, la homosexualidad se despenalizó, sí, pero no fue por un acto explícito de voluntad política. “No fue una cosa pensada ni planeada”, asegura Castañeda. Mientras en otros países este cambio llegó por presión social o por transformaciones en sus democracias, aquí se dio por otros motivos que no tenían como único fin la despenalización de la homosexualidad.

“Eliminar la homosexualidad en Colombia del Código Penal como delito, que se hace en el 1980 pero que entra en vigor en 1981, no fue un asunto pensado por la clase política, sino que surgió por la necesidad depurar el Código Penal de delitos, porque pues todo lo resolvíamos metiendo a la gente en la cárcel. Y efectivamente, era necesario eliminar esa conducta porque no equivalía a una pena punitiva. Pero no porque estuviesen arrepentidos de la concepción de la inmoralidad de la homosexualidad”, relata Castañeda.

Por otra parte, aunque no hay forma de comprobarlo, y quizá solo quede en la memoria de quienes vivieron esos años, un grupo de hombres gays jóvenes intentó hacer “lobby político” al enterarse de que se debatiría el nuevo Código Penal. Se trataba de Manuel Velandia y Guillermo Cortés, quienes, buscaron a algunos congresistas que sabían, o intuían, habían tenido relaciones con otros hombres. Lograron contactarlos, se reunieron un par de veces y les expusieron argumentos sobre por qué debía eliminarse la penalización de la homosexualidad. No quedó registro oficial de esos encuentros, ya que ningún congresista quería vincular su nombre al tema. Sin embargo, el día en que la homosexualidad fue despenalizada en Colombia, los llamaron para darles la noticia, asegura Velandia.

Y aunque dos años después de la despenalización se realizó la primera marcha del orgullo LGBTIQ+ en Bogotá, y el Movimiento de Liberación Homosexual (MLHC) impulsó el “ARTivismo Queer”, como besarse en lugares públicos o mostrar copias del Código Penal para recordar que ya no podían ser criminalizados, la persecución no se detuvo. En la práctica, el hostigamiento, las detenciones y la criminalización continuaron.

Todo esto ocurrió en uno de los periodos más convulsionados de la historia reciente del país: el repunte del conflicto armado, el auge del narcotráfico y la violencia política desbordada. Una transición tensa entre el Frente Nacional y una supuesta democracia más amplia, marcada por la persecución a la izquierda y el exterminio de la Unión Patriótica. Fue un tiempo de odios intensos, donde la homosexualidad seguía siendo vista como otra amenaza más.

Un fenómeno que, de hecho, sigue ocurriendo hoy. Según Castañeda, responde a lo que llama una “criminalización secundaria”. Aunque la ley ya no castiga la homosexualidad, la realidad actual sigue llena de agresiones, exclusión y la negación de derechos hacia personas sexo-género diversas. “En Colombia seguimos siendo uno de los países con mayor violencia frente a personas LGBTIQ+ y esa violencia sigue dejando constancia de que, si bien hoy en Colombia no es un delito ser una persona que ama a otra del mismo sexo, sí hay un riesgo”.

Para el experto, aunque hoy existen leyes que prohíben la discriminación y ofrecen protección a las personas LGBTIQ+, el Estado no ha diseñado un plan integral para desmontar las violencias que persisten. La impunidad también es parte del problema: Colombia sigue siendo un país donde los crímenes contra personas diversas, como también ocurre con las mujeres, rara vez se castigan, lo que termina enviando un mensaje a los agresores de que esas vidas “no importan”. Como ha señalado la Comisión de la Verdad, esta indiferencia es el caldo de cultivo que permite que la violencia se repita. Por eso, aunque la homosexualidad dejó de ser delito hace 45 años, vivir y amar libremente sigue siendo una promesa incompleta.

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