Sara Millerey, un año después: Colombia sigue en deuda ante violencia contra mujeres trans

Sara Millerey González Borja.

Foto: La Disidencia

Hace un año, el nombre de Sara Millerey ocupó los principales titulares de medios de comunicación y redes sociales en Colombia. Todo el país vio uno de los crímenes de odio más crueles y dolorosos. Muchas personas lo hicieron desde el morbo y los prejuicios transfóbicos; otras, desde el horror y el miedo. En medio de esa exposición, Sara y su familia cargaron con la revictimización durante y después de su muerte. Ella era una mujer trans y activista de 32 años. Vivía en Bello, Antioquia. Escribía sobre su vida en un diario, era religiosa y soñaba con ser recordada como una mujer hermosa. Su madre también quiere recordarla así.

Hoy, su caso sigue sin una respuesta judicial de fondo. El proceso continúa en etapa de juicio. Un mes después del crimen fueron capturados Juan Camilo Gaviria, alias “Teta”, imputado por homicidio agravado y tortura, y Juan David Echavarría, alias “Chucky”. Durante la investigación se estableció que ambos hacían parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico de drogas en Antioquia y que habría más personas implicadas. La audiencia preparatoria se realizó apenas en febrero de este año.

Desde que ocurrió el crimen, la representación de la víctima y entidades como la Defensoría del Pueblo insistieron en que se trataba de un feminicidio, por la identidad de género de Sara y la sevicia con la que la asesinaron. Sin embargo, los cargos no han cambiado, a pesar de que el caso inicialmente llegó a la Fiscalía y al Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación y Judicialización de Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género.

El impacto social y emocional que dejó su caso perdura en la actualidad, el recuerdo de lo que pasó es una alerta frente a una herida que sigue abierta: las violencias que enfrentan las mujeres trans. “El asesinato de Sara fue algo que nos violentó. Obviamente la víctima principal fue ella, pero nos violentó a muchas personas. Fue una violencia muy ejemplarizante, en la que se quería demostrar no solo lo que le podía pasar a una persona trans, sino cómo se podía convertir en un objeto de espectáculo”, dice Flora Rodríguez, antropóloga y coordinadora del Centro Plurales de la Universidad del Rosario, a El Espectador.

Y es que su asesinato no solo conmocionó al país, también reveló la violencia institucional y revictimización que recae de manera desproporcionada sobre las personas con experiencia de vida trans. Por un lado, las autoridades la malgenerizaron, es decir, utilizaron pronombres y expresiones que no correspondían con su identidad de género. Por otro, el video en el que aparecía agonizando circuló de manera masiva, replicando una y otra vez los hechos violentos, como si se tratara de un contenido más.

“Muchas personas asumían una disposición de ser espectadoras frente a eso. Y no me refiero únicamente a las personas que no intervinieron en ese momento. Lo que hoy ya se ha comentado mucho es cómo esto se convirtió en un contenido que circula en redes sociales, que en mi opinión fue muy lamentable”, señala Rodríguez.

A esto se suman las barreras para acceder a la justicia, incluido el subregistro y mal registro de los casos. En una columna de opinión publicada en este diario, Juli Salamanca y Sebastián León-Giraldo, integrantes de la Liga de la Salud Trans e investigadores de la Universidad de los Andes, mencionaron que para muchas personas trans la muerte viene acompañada de una segunda violencia: “la que ejerce el Estado cuando borra su identidad de género, su nombre y sus vínculos afectivos de los registros oficiales”.

“Cuando una mujer trans muere, por ejemplo, es común que en los documentos de la Fiscalía o de la Policía se escriba “hombre vestido de mujer” o “sujeto masculino con falda”, como si la identidad de género fuera un disfraz y no una realidad vivida durante años”, afirman.

Un año después de su muerte, el panorama de violencia no parece haber cambiado. Lo que refleja que, pese a que el caso de Sara fue uno de los de mayor impacto mediático y social, no es aislado. Se inscribe en un contexto más amplio en el que, como explica a El Espectador Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo: “el cuerpo de las personas trans se convierte en un lugar donde se inscribe una violencia que es, al mismo tiempo, física y simbólica”.

El caso de Sara no fue un hecho aislado: la violencia contra personas trans continúa

En un rastreo del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo se documentó que, desde la muerte de Sara hasta la fecha, han sido asesinadas al menos 35 personas trans. La organización advierte que la cifra puede ser mayor, debido a las dificultades para identificar y documentar estos casos. “La precariedad en los sistemas de información y la falta de capacidades técnicas para el levantamiento de datos con enfoque diferencial generan un subregistro significativo”, señala.

Más del 90 % de los casos corresponden a mujeres trans. “La violencia letal se dirige de manera desproporcionada contra quienes encarnan identidades feminizadas que desafían el orden de género dominante. No es una coincidencia, es la expresión más extrema de una sociedad que continúa castigando la diferencia”, sostiene la organización.

Y es que hace apenas un mes se reportó la muerte de Daniela, una mujer trans de 30 años originaria de Riohacha. Durante una semana ella luchó por su vida tras recibir un disparo el 25 de febrero en Manizales. El presunto responsable del feminicidio es William Noreña Vásquez, ahora exsubgerente de Inficaldas y exalcalde de Filadelfia (Caldas). Daniela había ingresado con él a una residencia en el centro de la ciudad. Noreña no aceptó los cargos y sostiene que actuó en “defensa propia”. Por el momento, permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Pero, nuevamente, la muerte de Daniela no responde a un crimen aislado. Como en su caso y el de otras mujeres trans, la manera en que se ejerció violencia contra ella permite ver un patrón. El uso de armas de fuego es determinante: es rápida, puede asesinar en segundos y deja poco margen de defensa. En contextos donde las mujeres trans ya están expuestas a relaciones desiguales de poder, este tipo de agresión aumenta su vulnerabilidad.

Por un lado, Rodríguez señala que estos crímenes se sostienen en estructuras patriarcales y machistas que consideran apropiables los cuerpos leídos como femeninos. En ese marco, las mujeres trans enfrentan formas de violencia desproporcionadas. Esto no implica que personas transmasculinas o no binarias no las enfrenten, sino que permite entender cómo operan jerarquías históricas que las exponen con mayor intensidad, especialmente en el espacio público.

Como reiteran las organizaciones de derechos humanos, en muchos de estos crímenes las armas de fuego aparecen como el principal medio de agresión. Caribe Afirmativo asegura que su uso “indica que la violencia no es únicamente interpersonal o circunstancial, sino que puede estar insertada en dinámicas más amplias de poder y control territorial”.

“Nuestra existencia muchas veces se ve en la calle también por el trabajo sexual, porque era aquello que podíamos desempeñar. Y con esto no quiero criticar el trabajo sexual, o sea, el trabajo sexual me parece que tendría que ser una labor respetable y digna y segura, pero una cosa es cuando tú no tienes otra opción. Por eso hemos sido un poco más visibles y esa violencia hacia nosotras suele ser más espectacularizante, si se quiere, con más elementos y más sevicia”, dice Flora Rodríguez.

Por su parte, Castañeda coincide en que una proporción significativa de los asesinatos de mujeres trans ocurre en espacios públicos, “especialmente en zonas urbanas donde las víctimas desarrollan actividades económicas de subsistencia, como el trabajo sexual”. Cuando se une el espacio público con las armas de fuego, “se configura un escenario de alta exposición y vulnerabilidad, en el que las personas trans quedan situadas en la intersección entre exclusión social y violencia armada”, agrega.

Otro caso que permite ver la sistematicidad, el primero de este año, es el de Catia, una mujer trans de 24 años que fue asesinada a golpes con un objeto metálico por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta en Engativá, al noroccidente de Bogotá. El hecho quedó registrado en videos difundidos por CityTv. Ella estaba en la vía pública hablando con una amiga cuando fue atacada. Cameli Leguizamón, su amiga, señaló que lo ocurrido refleja una violencia motivada por odio y un alto grado de sevicia. Además, advirtió que estos hechos hacen parte de una dinámica de agresiones sistemáticas en la zona.

Pero es que en casos como los de Catia y Sara, la violencia no termina con la muerte. La exposición de sus cuerpos en el espacio público también comunica algo. Como ha explicado a este diario la investigadora de la Red Sin Violencia LGBTIQ+, Paula Spagnoletti, se trata de generar miedo y advertir a otras mujeres sobre las consecuencias de habitar el espacio público siendo visibles. “El mensaje detrás es el castigo, la intención de generar miedo y la sanción hacia cualquier mujer que quiera visibilizar su orientación sexual o identidad de género”, dice.

En palabras de Rodríguez, además de acabar con la vida de una persona, envía un mensaje contundente: “es decir: no vamos a permitir que estas personas vivan con nosotros o vivan en igualdad de condiciones, que puedan hacer uso del espacio público como cualquier otra persona, que puedan ocupar establecimientos, centros comerciales, universidades, colegios, medios de comunicación. No lo vamos a permitir”.

A este panorama se suma una arista adicional, también se busca el silenciamiento de las voces de quienes han sido líderes y activistas, tal como ocurrió con el caso de Constanza Sánchez, más conocida como la “madre Constanza”, quien durante años fue refugio para jóvenes trans expulsadas de sus hogares en el barrio Santa Fe y defensora de derechos humanos. Las circunstancias de muerte aún no han sido esclarecidas. O el caso de Danne Belmont, también lideresa trans y directora de la Fundación GAAT, quien fue agredida físicamente en los últimos meses.

Es así como la muerte de Sara, Daniela, Catia, Constanza y las otras 31 personas asesinadas dejan entrever el patrón de violencia sistemática que recae sobre las personas con identidades de género diversas. Para Rodríguez, es indispensable analizar el panorama entendiendo que la violencia va más allá del acto individual, pues “contribuyen a mantener esas desigualdades sociales existentes, las refuerzan, esas relaciones de poder, esas jerarquías, y también refuerzan la forma en que nos relacionamos con las personas, el valor que le atribuimos a la vida de las personas”.

Sin embargo, ante un panorama que parece desesperanzador, Rodríguez considera que los activismos y los movimientos sociales han posicionado el reconocimiento de los derechos de las personas con experiencia de vida trans frente a la adversidad y la discriminación. “También hay cambios en la sociedad que no creo que vayan a desaparecer rápido. La esperanza es lo que alimenta los movimientos sociales también, y sí hemos cambiado cosas”, concluye.

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