25N: ¿Cómo le falla la justicia a las mujeres víctimas de violencia en Colombia?

Estos hechos relatados por Laura evidencian los largos caminos que deben atravesar las mujeres para denunciar las violencias basadas en género en el país. Procesos que por más que se realicen en la forma en la que indican los sistemas de justicia, igual no son una garantía de protección para las víctimas.

Foto: Daniela Rojas

“El primer ataque fue contra mí y nuestro hijo, que apenas tenía ocho días de nacido. Esa fue la primera vez que lo denuncié. La segunda vez fue en plena pandemia, cuando mucha gente se cuidaba del COVID-19, yo estaba otra vez en la sala de espera de la Fiscalía, él me había agredido de nuevo. La última vez que amenazó con matarme, incluso teniendo órdenes de alejamiento, fue hasta mi casa; no logró hacerme nada pero le causó lesiones a las personas que me estaban protegiendo. Aún después de todo eso, y cuando ya se habían archivado las tres denuncias, tuve que citarlo en el Bienestar Familiar para tramitar la custodia de mi hijo. Hoy, ese hombre sigue en libertad”, cuenta Laura*, quien ha sido víctima reiterada de intentos de feminicidio según relata a El Espectador.

El testimonio de esta mujer refleja la experiencia común de muchas víctimas que denuncian violencias basadas en género en Colombia. De hecho, antes de iniciar un proceso legal, podría anticiparse lo que se van a encontrar: serán atendidas por funcionarios públicos que van a minimizar lo que les pasó, les harán repetir el relato varias veces o simplemente no les creerán. En la mayoría de los casos, sus denuncias serán tratadas como violencia intrafamiliar, sin considerar el componente de género, que podría indicar un posible intento de feminicidio y requerir enfoques diferenciales.

Para llegar a las instituciones, muchas mujeres deben costear su transporte; también acudir más de una vez a las sedes de la Fiscalía, Casas de Justicia o Comisarías de Familia, solo para que su denuncia sea finalmente recibida. Durante ese tiempo, probablemente tengan que pedir permisos en el trabajo y, si tienen hijos, buscar quién los cuide, porque la atención en estas instituciones no está pensada para mujeres con cargas de cuidado. Estas son algunas de las barreras documentadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Sisma Mujer, quienes hicieron un análisis del panorama en el país.

Este resumen de cómo está funcionando actualmente el sistema de justicia parece ignorar por completo que la violencia contra las mujeres ha sido definida como la violación de derechos humanos más extendida del mundo, según ONU Mujeres. Pero también evidencia el desconocimiento de que, cada diez minutos, una mujer es víctima de feminicidio en el mundo, y que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.

Incluso, organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU) ya han advertido que para prevenir violencias como, los feminicidios y los intentos de feminicidio —es decir, cuando se mata a una mujer por el hecho de ser mujer— se debe promover una justicia garante. “Se trata de una serie de actos violentos que suceden en un entramado social y cultural que permite y tolera la violencia contra mujeres y niñas. Un primer paso para combatir este delito es poner fin a la impunidad, mediante acceso a la justicia y un sistema judicial efectivo”, ha señalado repetidas veces.

La entrada al laberinto en la búsqueda de justicia: la primera vez que denunció

Laura que vive en una de las grandes ciudades de Colombia, enfrentó desde el inicio, una a una, las barreras que ya han sido documentadas. Cuando su pareja la golpeó por primera vez, ella tenía a su hijo recién nacido en brazos. La Policía llegó al lugar para detener la agresión, pero le dijeron: “Encerramos por unas horas a su esposo mientras se le pasa la borrachera”, sin considerar que podía tratarse de una violencia más grave. En ese lapso, Laura tuvo que trasladarse sola, en tiempo récord, hasta el hospital, para que la revisaran tanto a ella como a su hijo.

Desde el hospital debía ir directamente a la Fiscalía, donde le practicaron exámenes médicos y psicológicos. El resultado: riesgo nivel 10, el más alto. Esto significa que estaba en un peligro grave y necesitaba medidas de protección. Aun así, sin orientación suficiente, le dijeron que, por tener un hijo con su agresor, también debía poner la denuncia en la Comisaría de Familia, lo cual implicaba otro traslado. Según cuenta: “Me tocó contar lo que pasó más de siete veces. Cada vez que lo contaba, algo se me olvidaba o no lo decía igual, y me hacían sentir como si estuviera mintiendo”.

Hechos como estos han sido catalogados como revictimizantes por organizaciones sociales de mujeres. Por ejemplo, Sisma Mujer, señala que toda experiencia traumática dentro de las rutas institucionales que genere nuevas presiones a las víctimas puede ser catalogada bajo esta forma de violencia. Esta puede ir desde no creerles, hasta cuestionar su relato, minimizar los hechos o anteponer su rol de madre por encima de su derecho a la vida y a la seguridad. En muchos casos, funcionarias y funcionarios actúan guiados por estereotipos de género sobre cómo “debería” verse o comportarse una mujer víctima de violencia, afectando la credibilidad que se le otorga a su testimonio y la respuesta legal que recibe.

Tras completar el papeleo y todas las indicaciones, Laura volvió a la Fiscalía para formalizar la denuncia. Solo ese día, tuvo que desplazarse a tres lugares distintos, con un bebé recién nacido, en un proceso que le tomó varias horas, implicó altos costos para ella y en el que la hicieron sentir como si ella tuviera la culpa, asegura. Y no terminó ahí: aún faltaba una semana más para completar todo el trámite. Cuando por fin lo hicieron, le dijeron que su agresor sería capturado, que al haber sido encontrado en flagrancia, los cargos serían automáticos. Le entregaron un número de caso, una orden de alejamiento y la promesa de que la llamarían. Nunca pasó.

La gravedad de estas respuestas institucionales no es nueva, y no solo ocurrió en el caso de Laura. De hecho, la Corte Constitucional reconoció una categoría específica para nombrarlas: violencia institucional. Se refiere a todas las acciones u omisiones cometidas por autoridades administrativas o judiciales, dentro de las rutas de atención a mujeres víctimas de violencia, que terminan generándoles más daño. Esta situación hace que muchas decidan no denunciar, o que retiren la denuncia y abandonen el proceso. Así, la violencia institucional se manifiesta en múltiples barreras que impiden el acceso real a la justicia.

El mismo camino, la misma respuesta: así fue su segunda denuncia

Después de esa primera denuncia, Laura, quedó con muchos temores y desconfianza. Ella cuenta que probablemente no habría continuado el proceso si el padre de su hijo no hubiera intentado agredirla una segunda vez.

Durante la pandemia, sus ingresos eran bajos y no tenía muchas opciones para cuidar al bebé, que tenía menos de un año. La única salida que veía era quedarse en la vivienda con el padre del niño, situación que su agresor aprovechó para volver a maltratarla. En una ocasión, los vecinos llamaron a la Policía por los gritos y los golpes. Cuando llegaron, le dijeron que debía denunciar de nuevo ante la Fiscalía, que no podía volver a esa casa, porque no podían protegerla y que, además, no podían sacar al agresor, porque el arriendo estaba a su nombre.

Laura regresó a la Fiscalía. Esta vez le recibieron la denuncia directamente, pero también le dijeron: “¿Usted para qué pone tantas denuncias si vuelve con él?”. Una frase común y profundamente revictimizante, que ignora que no se trata de una elección personal, sino de otras circunstancias, como en este caso, las razones económicas. Hechos habituales en contextos familiares: el 37,7% de las mujeres jefas de hogar en Colombia están en situación de pobreza monetaria, frente al 29,5% de sus pares hombres. Ingresos que ni siquiera les alcanzan para cubrir necesidades básicas como salud, vivienda, empleo o educación, según cifras del DANE.

A pesar de ello, este segundo episodio fue clasificado como violencia intrafamiliar, sin considerar los antecedentes de violencia, ni el género o las condiciones de vulnerabilidad de Laura. Le dieron una orden de alejamiento, un número para hacer seguimiento del proceso y, como la vez anterior, el caso se cerró, pero esta vez, con el argumento de falta de pruebas.

Las cifras de violencia intrafamiliar en Colombia siguen en aumento. Entre enero y octubre de 2025 ya se han registrado 12.147 casos, lo que indica que el año podría cerrar con cifras muy similares a 2024, que terminó con 16.852 casos reportados.

La ruta sin salida: cuando entendió que el sistema de justicia no la protegía

Para finales de 2021, Laura ya había tomado todas las medidas que le habían indicado: se había separado completamente de su agresor, se había mudado a un nuevo lugar dentro de la ciudad, y había dejado constancia de las agresiones en la Fiscalía. Pero aun así, nada de eso fue una garantía.

Laura empezó a notar que él la seguía y la vigilaba. Hasta que, en diciembre, con una orden de alejamiento aún vigente, fue hasta su casa e intentó atacarla, además de herir a quienes intentaron ayudarla. Aunque esta vez había más testigos y personas afectadas denunciando, el proceso volvió a demorarse varios días. Y antes de que avanzara, el agresor huyó del país. Las autoridades no lograron dar con su paradero. Y el caso, como todos los anteriores, terminó cerrado. “Es la hora que tú llamas con los tres números de radicados y los tres están cerrados por insuficiencia de pruebas y otros por vencimiento de términos”, añade Laura.

De hecho, la impunidad que rodea el testimonio de Laura es bastante habitual. Según datos del Ministerio de Justicia, el 94% de las víctimas de este tipo de violencia quedan impunes y solo el 6% terminan en condena. Pero no solo pasa a nivel Colombia, el último informe de la Convención de Belém do Pará reveló que, en la mayoría de los Estados de América Latina, el porcentaje de casos de violencias basadas en género y feminicidios resueltos por los sistemas judiciales no supera el 20%.

Y aunque no fue el desenlace de este testimonio, cuando se revisan las cifras de condenas por feminicidios, la situación tampoco mejora. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, obtenidos por El Espectador, en los últimos diez años, solo el 38% de los procesos judiciales por feminicidios siguen vigentes, mientras que el 50,6% están inactivos. Cifras que revelan altos niveles de impunidad en esta violencia tan extrema extendida contra las mujeres.

Estos hechos relatados por Laura evidencian los largos caminos que deben atravesar las mujeres para denunciar las violencias basadas en género en el país. Procesos que por más que se realicen en la forma en la que indican los sistemas de justicia, igual no son una garantía de protección para las víctimas.

*El nombre de la mujer en esta historia ha sido cambiado para proteger su privacidad e identidad.

¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?

• Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.
• Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.
• Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.
• Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.
• Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.
• Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846

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