El próximo 20 de julio se radicará el primer paquete de proyectos de ley en el Congreso de la República con el que se pretende reformar la justicia. Una de esas iniciativas contendrá las pautas para lograr que las mujeres y personas LGBTIQ+ accedan a la justicia con confianza y sin revictimizaciones. El gran sueño de quienes están cocinando la idea es lograr agilizar los procesos, que los funcionarios estén capacitados en estos temas y que denunciar no implique para la víctima desgaste y frustración, sino que sea un proceso reparador.
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Por eso, en las últimas semanas, decenas de organizaciones sociales, entidades, altas cortes, los ministerios de Justicia e Igualdad y la comisión de expertos y expertas para dicha reforma se reunieron para debatir cómo darle forma a ese sueño. Y ya hay pistas de lo que contendrá el articulado del proyecto de ley. El Espectador conoció el primer borrador, que sigue en discusión.
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Actualmente, las personas que denuncian violencias basadas en género y por prejuicio tienen que “pasearse” de un lado a otro, de entidad en entidad, con decenas de trámites para poner en conocimiento sus casos ante la justicia. Son largas jornadas de exámenes médicos, declaraciones y audiencias que implican movilizarse de un extremo a otro en la ciudad y conllevan cansancio físico y mental. Muchas veces, el proceso tan engorroso hace que las denunciantes desistan.
¿Cómo puede cambiar esto? Las expertas propondrán crear unos “Centros de Atención Integral y Especializada”, llamados coloquialmente “Cortes colombianas para la erradicación de violencias”. Básicamente, la propuesta consiste en reunir en un solo lugar todos los servicios que necesita, por ejemplo, una mujer que quiere denunciar una agresión sexual. El objetivo es que ella acuda a uno de estos centros, sea atendida con empatía por personal formado en perspectiva de género, se le reciba la denuncia, se le otorguen medidas de protección, se le dé la posibilidad de que una abogada o un abogado con experiencia en el tema la represente de forma gratuita, que ahí mismo se le practique el examen de Medicina Legal, que se le preste asesoría psicológica, y todo lo demás que requiera.
En este mismo lugar, estarían ubicadas las fiscalías especializadas en la erradicación de estas violencias, así como jueces especializados que puedan resolver asuntos penales, civiles, laborales o de familia relacionados con la violencias de género. Estos centros, que son una especie de “todo en uno”, se crearían de manera gradual, para que dentro de diez años, cada departamento cuente con al menos uno de ellos.
Otra de las propuestas quiere autorizar a la policía para ingresar a domicilios, sin orden judicial previa, cuando el fin sea proteger la vida e integridad de las personas si se están cometiendo hechos de violencia. Esta propuesta, por ejemplo, aplicaría a los hoteles y alojamientos donde se suele explotar sexualmente a las niñas y cometer delitos sexuales en ciudades como Medellín o Cartagena. Además, podría ser útil en el caso de las mujeres que son golpeadas por sus parejas en sus casas, pero que disimulan cuando la policía toca sus puertas porque les temen a sus agresores.
La reforma a la justicia también planea ampliar las funciones de los jueces de garantías penales, para que puedan dictar metidas de atención a las víctimas de violencias de género y por prejuicio; y que ellos puedan remitir asuntos civiles, laborales, de familia, relacionados con la violencias de género para romper el ciclo de violencia. Por ejemplo, si una mujer está en medio de un proceso penal porque denunció a su esposo por violencia intrafamiliar, ese juez podría remitir su caso a un juez civil para que tramite el divorcio de esa víctima o la custodia de sus hijos y ella luego no tenga que desgastarse para iniciar un segundo proceso judicial. Eso es importante porque algunas mujeres regresan con sus agresores porque las manipulan con quedarse con la custodia de sus hijos o se niegan a darles la cuota alimentaria.
Por último, se quiere crear una Sala Especial de Género y No Discriminación en la Corte Suprema de Justicia, con funciones consultivas y judiciales; un nuevo procedimiento sumario y breve de salvaguarda para violencias de género o por prejuicio (una especie de “tutela”); y que en el propio proceso de divorcio se tenga la opción de una reparación integral.
Todas estas propuestas seguirán en discusión y retroalimentación en las próximas semanas, hasta que el 20 de julio se radique formalmente la iniciativa legislativa, que por ahora se tiene pensado que sea una ley ordinaria que modifica varias normas existentes en Colombia, entre ellas el Código de Procedimiento Penal. No se planea crear delitos o aumentar penas y el objetivo es socializarla con la bancada de mujeres congresistas, que por su cuenta había radicado otro proyecto de ley que pretendía crear jurisdicción especial para las mujeres. “El objetivo es la protección y la respuesta en justicia de forma inmediata sin recurrir al punitivismo”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas e integrante de la comisión de expertas de la reforma a la justicia.
“Queremos tranversalizar la mirada de eliminación de las violencias. Empezamos con la idea de una justicia especializada para las mujeres y las personas LGBTIQ+, pero las conversaciones nos llevaron a algo más robusto e integral, donde haya especialidad, investigación y judicialización, y más allá de lo penal. Queremos un sistema de justicia para erradicar las violencias basadas en género y por prejuicio”, dice a este diario Mariana Ardila Trujillo, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.
La abogada e historiadora Gina Cabarcas, directora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal y comisionada de la reforma a la justicia, agrega que una de las tragedias de la violencia sexual y la violencia intrafamiliar tiene que ver con las absoluciones. En seis de cada diez casos se absuelve. “También queremos cambiar eso, al mejorar la investigación, para que se pueda recoger más evidencia”.
“Finalmente, queremos un sistema de justicia que sea suficientemente articulado y coordinado para que una mujer en situación de violencia encuentre todos esos apoyos que necesita para mantenerse en un proceso judicial y que sea realmente reparador y sanador para ella”, concluye Ardila.