Crisis de feminicidios en Colombia: ¿qué revelan los casos que ocurrieron en julio?

Los casos reunidos en esta imagen ocurrieron en distintas regiones del país y son investigados como feminicidio.

Foto: Las Igualadas

Ninguna semana de julio transcurrió sin que el país conociera un nuevo feminicidio. El caso de María Camila Potosí fue el último en conmocionar a la opinión pública. Tenía 21 años y estaba embarazada de ocho meses cuando fue asesinada en Cali. Su cuerpo fue encontrado a orillas del río Meléndez. Según la última información de las autoridades, el cuerpo de la bebé fue encontrado en la zona de Altos de Santa Elena y cinco personas ya fueron capturadas por su presunta participación en el crimen.

Pero el caso de María Camila no fue el único que estremeció al país. Días antes, Rosa Mayerly Olaya había sido asesinada en su lugar de trabajo, en Soacha, por Óscar Giovanny Marulanda, quien, según la investigación, la acosaba desde hacía varios meses. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad de Homecenter y el hombre fue capturado en flagrancia, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

A esos casos se sumaron los de María Alejandra Castaño, en Líbano, Tolima; Herianny Carolay Montilla y Danelly Marcela del Valle Mendoza, en Atlántico; Yasleidis Martínez, en Valledupar, Cesar; María Fernanda López, Melanie Sarahi Fajardo y Jhanet Stella Álvarez, en Antioquia; Mercedes Ortiz Carvajal y Paola Gimena Osorio, en Caldas; y Darly Juliet Viveros, en Nariño. Ocurrieron en ciudades distintas, bajo circunstancias diferentes y a cientos de kilómetros de distancia. Pero basta reunirlos en una misma página para entender que la historia no transcurre en 12 lugares distintos ni responde a hechos aislados. Ocurre en un país donde la violencia contra las mujeres sigue repitiendo patrones.

Las investigaciones de estos casos avanzan como feminicidios. La tipificación parte de una pregunta distinta a la de un homicidio: ¿qué lugar ocupó la violencia basada en género en ese asesinato? La respuesta obliga a reconstruir la historia que precedió al crimen, porque un feminicidio no comienza con el asesinato. Las relaciones de pareja o expareja, las amenazas, el control, las agresiones previas, las denuncias y las distintas formas de violencia contra las mujeres hacen parte de ese continuum de violencias. La Ley Rosa Elvira Cely, vigente desde 2015 y nombrada en memoria de la mujer que fue torturada y asesinada en el Parque Nacional de Bogotá, estableció esta figura penal. La norma incorporó el feminicidio como un delito autónomo, sancionado con penas de hasta 50 años de prisión en Colombia.

La violencia feminicida, además, no es un fenómeno exclusivo del país. Según Naciones Unidas, cerca de 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares en 2024. Son 137 cada día, una cada diez minutos.

De hecho, en los últimos días, la defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una alerta ante la crisis de feminicidios que atraviesa el país y pidió que cinco de estos casos fueran investigados bajo esta categoría, al recordar que los feminicidios son prevenibles y anticipables debido a las violencias que suelen antecederlos. “Suele estar precedido por patrones de control, amenazas, agresiones, aislamiento y otras formas de violencia que restringen progresivamente la autonomía de las mujeres. Prevenir estas violencias exige identificar e interrumpir esos patrones antes de que produzcan daños irreparables”, recalcó en el pronunciamiento.

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En Medellín, la investigación por el feminicidio de María Fernanda López también reconstruye la relación que sostenía con Víctor Alfonso Taborda, un exmilitar pensionado de 41 años capturado por el crimen. De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre habría revisado el celular de María Fernanda antes del ataque, como una forma de control y vigilancia sobre ella. Vecinos relataron que antes de los disparos escucharon una discusión dentro de la vivienda, mientras que personas cercanas a la pareja señalaron que la relación estaba marcada por conflictos y que ambos habían permanecido separados durante cerca de un año y medio antes de retomarla.

La Fiscalía sigue una línea similar en el caso de Yasleidis Martínez. La investigación también se centra en la relación que sostenía con Óscar Eduardo Rodríguez. La mujer, de 31 años, era oriunda de La Paz, Cesar, pero vivía en Barranquilla, donde trabajaba en una farmacia. Viajó con su pareja para celebrar su cumpleaños y desapareció el 17 de julio. Un día después, fue encontrada muerta, semidesnuda y con múltiples signos de violencia en un lote de la vereda Las Casitas, en zona rural de Valledupar. Mientras las autoridades avanzaban en la búsqueda, Rodríguez aseguró que Yasleidis había salido de la vivienda y que desconocía su paradero. Días después fue capturado y judicializado por feminicidio agravado. Los familiares de la víctima sostienen, además, que en la relación hubo episodios de violencia y maltrato, un aspecto que hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía.

En Antioquia, otros dos expedientes también apuntan hacia hombres que hacían parte del círculo más cercano de las víctimas. Melanie Sarahí Fajardo Rincón, de 17 años, fue asesinada en el Parque de las Mascotas de Sabaneta. La principal hipótesis señala a su pareja, Santiago Uribe Monsalve, quien había regresado de México pocos días antes y murió en el lugar después de atacarla con un arma blanca. En Medellín, Jhanet Estela Álvarez Rivera fue asesinada dentro de su vivienda con al menos 15 heridas de arma blanca. La investigación señala a su expareja, Jorge Andrés Villada Ramírez, como el principal sospechoso. De acuerdo con las indagaciones, la mujer había decidido terminar la relación una semana antes del crimen.

No son simples similitudes y estos casos solo corresponden a la punta del iceberg, son una muestra de cómo opera la violencia machista hasta llegar al feminicidio. Por ejemplo, los casos de María Fernanda, Melanie y Jhanet reflejan una crisis en el departamento de Antioquia. Entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2026 fueron asesinadas 68 mujeres, una más que en el mismo periodo del año anterior. Catorce de esos casos ocurrieron en Medellín. Aunque las autoridades advierten que no todos corresponden a feminicidios, la cifra vuelve a encender las alarmas sobre la violencia que enfrentan las mujeres en esta región.

A escala nacional, los registros de la Fiscalía también muestran la dimensión del problema. Según el más reciente informe trimestral de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se contabilizaron 129 noticias criminales por feminicidio: 15 correspondieron a feminicidios consumados y 114 a tentativas. Durante todo 2025, la Fiscalía registró 472 noticias criminales por este delito, de las cuales 121 terminaron con el asesinato de la víctima.

Frente a este panorama, la impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para prevenir los feminicidios. Sisma Mujer, organización feminista que trabaja por los derechos humanos, estima que el 86 % de las denuncias por violencia intrafamiliar e intento de feminicidio permanece en la impunidad. Estas estimaciones contrastan con los datos de la Fiscalía, según los cuales casi ocho de cada diez investigaciones por delitos sexuales y violencia intrafamiliar cometidos contra mujeres y niñas entre 2021 y 2023 permanecían en etapa de indagación. En un contexto en el que las violencias que anteceden al feminicidio son conocidas, la ausencia de respuestas oportunas también se convierte en un factor de riesgo.

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La preocupación es compartida por organizaciones feministas, que hicieron un llamado para declarar una “emergencia nacional”. La Ruta Pacífica de las Mujeres advirtió que reducir estos crímenes a casos aislados impide reconocer el patrón de violencias que los conecta y pidió que el gobierno entrante se pronunciara al respecto, a siete días de posesionarse. “Hacemos un llamado para que el presidente electo Abelardo de la Espriella se pronuncie al respecto y genere las garantías para los derechos de las mujeres en todos sus niveles, y asuma con urgencia y contundencia su responsabilidad frente a esta emergencia nacional”, dice el comunicado.

Este mes dejó al descubierto una sucesión de feminicidios que, leídos en conjunto, muestran una misma secuencia. Cambian las ciudades, las edades de las víctimas y las circunstancias de cada crimen. Pero se repiten las amenazas, el control, el acoso y las agresiones previas. Los nombres que ocuparon los titulares durante esas semanas se sumaron a una lista mucho más extensa de mujeres asesinadas a lo largo del año. Lo que ocurrió en julio fue que esos patrones quedaron expuestos con una fuerza difícil de pasar por alto. Reconocer esas violencias antes del asesinato sigue siendo el mayor desafío para impedir que el próximo nombre vuelva a engrosar la lista.

¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede acudir a las siguientes líneas de atención:

• Emergencias: Línea 123. Al comunicarse, solicite atención de un especialista en temas de género.
• Orientación: Línea Nacional 155, para recibir orientación y apoyo en casos de violencias basadas en género.
• Denuncias ante la Fiscalía General de la Nación: Línea nacional 01 8000 919 748. Desde cualquier celular marque 122 o, si está en Bogotá, comuníquese al (601) 570 2000.
• Bogotá: Línea Púrpura 01 8000 112 137, gratuita desde teléfono fijo o celular. También puede escribir al WhatsApp 300 755 1846.
• Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 322 332 8655.
• Protección de niños, niñas y adolescentes: Línea 141. WhatsApp: 320 239 1685, 320 865 5450 y 320 239 1320.

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