A mediados de este año, dos investigadoras publicaron un estudio inédito sobre una pregunta que, hasta ahora, carecía de evidencia sólida: ¿qué ocurre en la vida de una persona cuando se le niega el derecho a abortar? Los resultados fueron contundentes. “Vimos que una decisión judicial podía cambiar la trayectoria completa de una mujer: su salud, su educación, su economía”, explicó en su momento a El Espectador Juliana Londoño Vélez, profesora asistente de Economía en la Universidad de California (UCLA) y una de las autoras del estudio, que este domingo 28 de septiembre recibió el Premio Lucy Wartenberg 2025, otorgado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. La investigación fue realizada junto a Estefanía Saravia, candidata a doctora en Economía en la misma universidad.
El premio, que celebra su segunda edición, honra la memoria de la antropóloga Lucy Wartenberg, pionera en la defensa de la igualdad de género, la justicia social y la autonomía reproductiva en Colombia. Según Ana Cristina González Vélez, cofundadora de La Mesa y jurado del galardón, esta distinción “renueva el compromiso con la justicia reproductiva y visibiliza la diversidad de estrategias que hoy se tejen en el país para garantizar este derecho”. El reconocimiento, además, coincide con el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, y destaca los aportes significativos en la defensa y promoción del derecho al aborto en Colombia.
Pero el trabajo de Londoño y Saravia va más allá de la conmemoración: representa una de las investigaciones más sólidas hasta ahora sobre los efectos reales de negar un aborto legal. El estudio, titulado ¿Qué pasa en la vida de las mujeres y sus familias cuando se les niega el derecho al aborto? y publicado en la revista The Quarterly Journal of Economics, analizó cerca de 20.000 tutelas interpuestas en Medellín entre 2006 y 2022 por mujeres que buscaron acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) antes de que la Corte Constitucional la despenalizara hasta la semana 24 de gestación, mediante la sentencia C-055 de 2022.
“Queríamos observar qué pasaba cuando una mujer buscaba el aborto por las causales permitidas y, aun así, se le negaba”, explica Londoño. “La tutela fue durante años el principal mecanismo de protección de derechos para acceder a la IVE, y entender su impacto era fundamental”.
Lo que dicen los datos
El equipo recopiló 19.760 tutelas de la base de datos de la Corte Constitucional, todas asignadas de forma aleatoria a 125 jueces, de los cuales el 42,3 % eran mujeres. Con esa muestra, las economistas midieron qué ocurría dependiendo de si la tutela era concedida o negada, y si el juez era hombre o mujer.
El hallazgo fue contundente: cuando el caso lo resolvía una jueza, la probabilidad de negar la tutela caía en 20 puntos porcentuales. En cifras, los jueces hombres negaban el 62 % de las solicitudes, frente al 42 % de las juezas. “Esto muestra que el género del juez influye directamente en la decisión, y por tanto, en la vida y salud de las mujeres”, dice Londoño.
Las investigadoras también cruzaron los datos con registros del Sisbén, que clasifica a la población según su nivel de ingresos y condiciones de vida. De esa forma, midieron los cambios en salud, educación y bienestar de las mujeres a quienes se les negó el aborto, comparándolas con quienes sí lograron acceder al procedimiento.
Las consecuencias
Las mujeres que interpusieron tutelas tenían una edad promedio de 28 años. Sin embargo, el 21 % eran adolescentes y el 22 % ya tenía hijas o hijos. En su mayoría, vivían en condiciones de pobreza y estaban afiliadas al régimen subsidiado de salud.
El estudio mostró que negar un aborto puede ser una sentencia de largo plazo. En los nueve meses siguientes a la negación, las probabilidades de morir aumentaban 2,5 puntos porcentuales, con un incremento en los casos de septicemia e infecciones. Algunas mujeres, señala Londoño, optaron por métodos inseguros para interrumpir el embarazo, con consecuencias graves para su salud.
A largo plazo, el seguimiento —hecho seis años después, cruzando los datos con el Sisbén versión 4.0— permitió dimensionar el impacto. Una de cada cinco mujeres a quienes se les negó el aborto reportó problemas de salud, y el riesgo de desarrollar nuevas condiciones aumentó 14 puntos porcentuales frente a quienes sí accedieron al procedimiento.
También se observó que las mujeres que no lograron abortar tuvieron más hijas o hijos, una menor probabilidad de vivir en pareja y un aumento en la tasa de divorcio. “Era más común que fueran madres solteras o vivieran con familiares, especialmente con sus padres”, explica la investigadora.
En materia educativa, el efecto fue claro: la posibilidad de terminar el colegio o acceder a la educación técnica o universitaria cayó 10 puntos porcentuales. Y ese rezago se trasladó al mercado laboral. Solo una de cada cuatro mujeres que no pudieron abortar tenía empleo formal; la mitad realizaba oficios del hogar y el 70 % no desarrollaba ninguna actividad económica.
“El ingreso promedio de sus hogares cayó 20 %, y el 40 % de ellas vive en condiciones de pobreza. La mayoría sobrevive con un salario mínimo”, detalla Londoño. A la vez, su dependencia del sistema público aumentó: una proporción mayor está afiliada al régimen subsidiado de salud.
Un hallazgo inesperado
No todos los resultados fueron negativos. El estudio identificó que aumentó la probabilidad de que las mujeres a quienes se les negó el aborto fueran beneficiarias del programa Familias en Acción, que entrega subsidios a hogares en pobreza con hijos menores de edad. “Esto sugiere que el sistema de protección social logra mitigar parcialmente el impacto económico de la negación del aborto”, señala Londoño.
Desde la publicación del artículo, las investigadoras han compartido los resultados con miembros de la academia, actores de política pública y diversas organizaciones sociales. Según Londoño, el recibimiento ha estado marcado por la sorpresa y la preocupación de que “el sexo del juez pueda ser determinante en la vida de las mujeres y sus familias cuando se trata de temas de aborto”. Para ella, estos hallazgos también “nos recuerdan la importancia de estudiar estos temas y de contar con evidencia empírica sobre un asunto del que se conocía poco: cómo puede impactar la vida de una mujer y su familia cuando se le niega un derecho al aborto”.
El jurado del Premio Lucy Wartenberg, conformado por Erika Guevara Rosas (Amnistía Internacional), Luna Borges (Universidad de Columbia) y Ana Cristina González Vélez, destacó precisamente esa contribución: el valor de poner la ciencia al servicio de los derechos humanos. “El derecho al aborto no es solo un debate legal, sino una causa profundamente ligada a la libertad y la dignidad de las mujeres”, afirmó Guevara.
Asimismo, el jurado resaltó el estudio de Londoño y Saravia por su solidez metodológica y por aportar evidencia científica en un campo donde las decisiones judiciales rara vez se analizan con datos. Para La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, este trabajo no solo amplía el conocimiento sobre los impactos de negar un aborto, sino que conecta el debate con otras disciplinas, como la economía, mostrando que la autonomía reproductiva también tiene consecuencias medibles en la salud, la educación y el bienestar económico de las mujeres.
Por su parte, Londoño considera que el reconocimiento es un impulso para continuar. “Recibir este premio es un gran honor y un espaldarazo para seguir trabajando por la protección de los derechos de las mujeres en el país. Queda mucho por hacer, y hay que seguir en la lucha”, puntualiza.
Por Luisa Fernanda Orozco
