Dos días de incertidumbre. De llamados al “silencio” para intentar escuchar una señal de vida bajo los escombros y sentir un respiro de esperanza y alegría al oírla. De una carrera contrarreloj porque, con el paso de las horas, las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen. Y de largas esperas para quienes siguen buscando a un familiar, una amiga o un compañero de trabajo. Esa ha sido la realidad de miles de personas desde que, el pasado lunes a las 7:34 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió buena parte del país. Las mayores afectaciones se concentran en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Según el último balance de Asocapitales, al menos 190 personas han muerto y otras 1.679 han resultado heridas.
No obstante, la emergencia también empieza a tocar otras puertas. Está demostrado que las mujeres, niñas y niños viven los desastres naturales de manera diferenciada y quedan más expuestos a riesgos y desigualdades. Un análisis de ONU Mujeres encontró que pueden tener hasta 14 veces más probabilidades de morir durante un desastre que los hombres. Esto ocurre, entre otras razones, porque durante una emergencia se limita el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la información, se debilitan los mecanismos de atención y protección frente a las violencias basadas en género, se reducen las redes de cuidado y los espacios seguros y aumentan de manera desproporcionada las labores de cuidado.
Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, cree que la conversación en la respuesta humanitaria normalmente llega muy tarde. La atención se concentra, con razón, en rescatar personas y atender a quienes resultaron heridas los primeros días. Pero ¿qué ocurre con las mujeres cuando los hospitales dejan de funcionar, los servicios se interrumpen y los espacios que antes ofrecían protección desaparecen? La respuesta empieza en los servicios de salud, pero no termina allí. También está en los albergues, en los caminos que ahora deben recorrer para conseguir atención médica, agua o comida y en las violencias aumentan cuando todo lo demás deja de funcionar.
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Los servicios de salud sexual y reproductiva, la gestión menstrual y el acceso al aborto no pueden esperar a que la emergencia acabe
Solo algunas horas después del terremoto, diferentes centros de salud en Cali, Antioquia y Quibdó se declararon en alerta roja hospitalaria. Entre las personas heridas, rescatadas y quienes tenían otras urgencias, sumado al colapso de la infraestructura, los centros de atención y el personal llegaron a su límite. “Tuvimos un momento muy crítico esta mañana. Estuvo colapsada el área de urgencias. No solamente estaban los pacientes que hoy tienen la necesidad del tercer nivel de complejidad por la emergencia, sino los que estaban antes”, aseguró Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, el lunes.
Como ocurre durante una emergencia de esta magnitud, la alerta roja hospitalaria obliga a reorganizar la red de salud para responder al aumento extraordinario de la demanda y concentrar los servicios en las personas afectadas por el sismo. Pero esa reorganización también puede dejar en segundo plano atenciones que no pueden esperar, especialmente para mujeres y adolescentes. Organismos internacionales han advertido que suspender o interrumpir estos servicios puede tener consecuencias graves.
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Las mujeres embarazadas están entre las primeras personas afectadas por estas interrupciones. “A lo mejor la mujer no muere de manera inmediata cuando se derriba un edificio, pero muere al poco tiempo justamente porque no está garantizado el acceso a esos servicios de cuidado obstétrico”, explica Luis Mora, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) a El Espectador.
Las estadísticas lo confirman. En contextos de crisis humanitaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la tasa de mortalidad materna alcanza las 504 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, lo que representa el 61 % a nivel mundial. “Las mujeres que están en la etapa final de su embarazo o en una situación de parto o posparto requieren de manera urgente y esencial esos apoyos porque son necesidades que no pueden esperar, incluyendo las complicaciones durante el parto”, recalca.
Pero, por ejemplo, en departamentos como Chocó el problema venía de mucho antes, pues el sistema de salud ya era insuficiente antes del terremoto. Cuando los puentes y carreteras colapsan y los centros asistenciales dejan de funcionar, quienes sostienen la primera línea de atención son las parteras tradicionales. “Hay actores comunitarios, como las parteras y los parteros tradicionales, que tienen un rol clave. Cumplen un papel fundamental en la atención de las mujeres embarazadas, de las mujeres en el parto, en el posparto y en la atención de los recién nacidos. Cuando transitamos hacia situaciones humanitarias, ese rol se hace aún más importante”, cuenta el representante.
Eso ya empezó a ocurrir tras el terremoto. Aunque las parteras continúan atendiendo en medio de la emergencia, las dificultades para trasladar a las mujeres embarazadas hasta un hospital complican la atención cuando aparecen complicaciones obstétricas. En entrevista con France 24, Ledy Manuela Mosquera, partera tradicional, enfermera y directora ejecutiva de la Asociación de la Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (ASOREDIPARCHOCÓ), explicó que, pese a que siguen atendiendo, las condiciones de movilidad dificultan el acceso a los servicios de mayor complejidad. “Tenemos partos que se han atendido en medio de la emergencia. Seguimos trabajando, no ha habido dificultad para remitirlas, pero no tenemos cómo transportarlas a los hospitales”, señaló.
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Más allá de los servicios de obstetricia, la atención en salud sexual y reproductiva también pueden verse afectados. En un desastre natural, están las mujeres que perdieron todo, incluyendo sus casas, sus redes de cuidado y los métodos anticonceptivos. Para Cristina Rosero, esto es un escenario que a largo plazo puede tener mayores impactos: “Si no existe un correcto acompañamiento, eventualmente podemos tener una mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual, que tienen una serie de consecuencias para la salud de las mujeres, pero también un incremento de los embarazos no deseados y sus condiciones de vida”.
Y en escenarios extremos, como los de violencia sexual, que está demostrado que aumenta en momentos de crisis humanitaria, tampoco se puede interrumpir el acceso a los protocolos de atención, incluyendo los medicamentos para prevenir infecciones o el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un derecho protegido por la Corte Constitucional. “En casos de violencia sexual, la profilaxis para la prevención del VIH/Sida o de otras infecciones de transmisión sexual es una parte de la oferta esencial de servicios que debe siempre tenerse en cuenta”, afirma Mora.
Aún así, cuando la interrupción voluntaria del embarazo no se da en ese contexto, Rosero explica que también es fundamental mantener el servicio para no empujar a las mujeres a recurrir a servicios inseguros que puedan derivar en complicaciones, e incluso en la muerte.
Por otro lado está la gestión menstrual de niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes. Para nadie es un secreto que la menstruación sigue rodeada de tabúes y, cuando no hay productos disponibles, algunas personas terminan recurriendo a materiales que pueden poner en riesgo su salud, como trapos sucios, trozos de espuma, papel periódico o plásticos.
Luis Mora, de UNFPA, explica que el problema va más allá de contar o no con estos productos. También afecta la dignidad, la salud y la movilidad de quienes menstrúan. En una emergencia, no tener cómo gestionar la menstruación puede limitar su participación en determinados espacios, dificultar el acceso a información e incluso reducir su posibilidad de participar en labores de búsqueda y rescate.
En esto coincide Rosero y es enfática en que no puede ser un asunto secundario a la hora de suministrar las ayudas humanitarias en los albergues. “Una mujer que está enfrentando esta situación de desastre probablemente tenga personas a cargo, tenga recursos limitados para responder a esas necesidades de cuidado y mucho menos a su autocuidado. Eventualmente se puede dar la posibilidad de que sean chantajeadas para el acceso a este tipo de productos o comida, y se expongan a situaciones de violencia o de explotación, y que esto resulte, por supuesto, en una profundización de las violencias basadas en género”, dice.
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Durante las emergencias, las violencias basadas en género no dan tregua
Lamentablemente, las violencias de género también pueden aumentar después de un desastre. La experiencia internacional muestra que pueden aumentar las distintas formas de violencia, desde los casos de violencia sexual e intrafamiliar hasta la explotación y trata, justo cuando pedir ayuda se vuelve más difícil. Una mujer puede necesitar atención médica urgente o denunciar una agresión y encontrarse con servicios que están desbordados. Incluso los albergues, que deberían ser espacios seguros, pueden convertirse en lugares de riesgo. Tal como ocurrió durante el huracán Katrina, en donde casi una de cada tres agresiones sexuales reportadas ocurrió en refugios.
En Colombia, esta alerta llega sobre una realidad que ya de por sí es preocupante. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, cada día al menos 54 mujeres son víctimas de delitos sexuales y la mitad son niñas o adolescentes. Por eso, después del terremoto, la protección frente a las violencias de género también tiene que hacer parte de la respuesta a la emergencia, en especial en los albergues, dicen los expertos.
“Recordemos que ya hay una base sobre la cual, por el hecho de ser mujer o niña en la sociedad, vamos a enfrentar una violencia muy superior a la que enfrentan los hombres. Pensemos ahora en una situación como esta, en la cual las personas van a estar fuera de sus casas, van a estar viviendo en refugios o tengan que estar en una situación de convivencia que no es la habitual. Eso también va a implicar unos riesgos adicionales para las mujeres y para las niñas”, sostiene Rosero.
Esto está directamente relacionado con las condiciones de los albergues. La poca iluminación, cuando los servicios públicos están afectados, y la falta de privacidad en espacios donde muchas personas tienen que dormir, comer y usar los baños pueden aumentar los riesgos de violencia. En el caso de niñas y adolescentes, además, las agresiones sexuales pueden ser cometidas por personas de sus entornos más cercanos.
“Estar en una situación de refugio compartiendo el espacio con tu agresor puede incluso facilitar esas situaciones de violencia. Por eso es tan importante que se entienda cuáles son las dinámicas de la violencia sexual y cómo estas se pueden agravar en situaciones de desastre”, agrega la abogada.
También advierte que, en una situación de violencia sexual, la respuesta no debería concentrarse de entrada en conseguir una denuncia o iniciar un proceso judicial. Para muchas mujeres y niñas, lo urgente es recuperar condiciones mínimas de seguridad y acceder a atención física y psicológica, especialmente cuando el sistema de salud y las redes de cuidado se debilitaron por la emergencia.
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Por estas razones, organismos internacionales insisten en que las primeras horas de una emergencia también deben contemplar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la prevención y atención de las violencias basadas en género, la gestión menstrual y el fortalecimiento de las redes de cuidado. Aunque pueden parecer asuntos secundarios frente a la magnitud del desastre, ignorarlos puede agravar una crisis que ya golpea de manera desigual a mujeres y niñas.
“Hay que ser muy contundentes al afirmar, sin ningún tipo de duda, que no tener en cuenta el impacto diferenciado de los desastres en mujeres y niñas significa poner en riesgo la vida, la salud y la protección”, concluye el representante de UNFPA.
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Por Alejandra Ortiz Molano
