“Yo te creo, colega”: denuncias de acoso laboral y sexual también señalan a El Espectador

Durante una semana, mujeres periodistas en Colombia se han unido para denunciar casos de acoso sexual y laboral en los medios de comunicación. Bajo las etiquetas #YoTeCreoColega y #MeTooColombia, decenas de testimonios circulan hoy en redes sociales y exponen lo que durante años se mantuvo como un secreto a voces: “Las violencias se han normalizado y naturalizado en las salas de redacción, en los medios y en la sociedad”, dijo Fabiola Calvo a El Espectador.

En esa ola de denuncias también apareció el nombre de El Espectador, el periódico más antiguo de Colombia y uno de los primeros medios tradicionales en abrir espacios de periodismo con enfoque de género, primero con la videocolumna “Las Igualadas” y luego con la creación de la sección de Género y Diversidad. Actualmente, esta sección está conformada por un equipo de mujeres periodistas que investiga, difunde y hace pedagogía sobre violencias basadas en género y derechos de las mujeres.

“Dudé contar lo que pasó por miedo a quedar tachada, pero hoy lo hago porque no quiero que mi silencio impida que otras reconozcan las violencias que ellas mismas sufrieron y que siguen normalizadas”, escribió en su cuenta de X la periodista y abogada feminista Pilar Cuartas Rodríguez, quien fue la primera editora de esa sección durante más de dos años. Estuvo vinculada al diario por 12 años y ocupó otros cargos, como coordinadora de la redacción digital y redactora de la Unidad Investigativa.

Según su relato, todo comenzó en 2024, cuando decidió tramitar una queja laboral en el periódico. Confiaba en que, desde 2021, existía un protocolo de género dentro de la empresa, por lo que intentó denunciar el acoso laboral del que, según afirma, estaba siendo víctima y que, con la asesoría de un grupo de abogadas especializadas, involucraba violencias basadas en género. “En una ocasión se me acercaron un par de periodistas, en mi calidad de editora de género, y yo las dirigí al protocolo, al correo, y estaba convencida de que existía una ruta clara para ellas en ese sentido”, dice a El Espectador.

Sin embargo, al acudir a esa instancia en compañía de sus abogadas, asegura que encontró múltiples barreras. Durante varios días no recibió respuesta a su queja. El correo electrónico habilitado para activar el protocolo rebotó, lo que sugiere que no estaba en funcionamiento. “Yo decidí poner la queja creyendo que iba a tener un trámite adecuado dentro del periódico, lo cual no sucedió. Incluso, cuando periodistas de la redacción se acercaban a mí, yo les decía, muy convencida, además como editora de género, que El Espectador contaba con un protocolo que funcionaba muy bien”, afirma.

Por su parte, Fidel Cano, director de El Espectador, señala que en ese momento no tuvo cómo verificar si el correo para activar el protocolo estaba activo. “Mi participación y empeño estuvieron en el momento en que se hicieron los protocolos. Hicimos el protocolo, no soy experto en sistemas, soy periodista. Lo que hice fue impulsar el escenario administrativo con expertos que sí conocen del tema”, afirma.

Mientras pasaban los días sin respuesta, Pilar cuenta que debía compartir espacios laborales con quien señala como su agresor, un editor del periódico cuyo nombre prefiere no mencionar. En contextos de violencias basadas en género, explica Valeria Silva, abogada de la firma Silva&Morales, este tipo de situaciones constituye una forma de revictimización, es decir, escenarios en los que, por acción u omisión de las instituciones, las autoridades o el entorno social, se prolonga o agrava el daño ya sufrido, con afectaciones directas a los derechos de la persona.

“No podía más, tenía ansiedad y depresión, e ir a la oficina e interactuar con mi acosador se volvió insostenible”, dijo Cuartas. Según su testimonio, para ese momento ya había iniciado un proceso de acompañamiento psicológico, y su terapeuta incluso emitió un certificado sobre las afectaciones a su salud mental derivadas de los hechos denunciados de acoso laboral, documento al que tuvo acceso El Espectador.

Pasado un mes, asegura que solo recibió la notificación de activación del protocolo después de escribirle al director del periódico para exponer su frustración y alertar sobre la vulneración de sus derechos laborales. Frente a esto, Fidel Cano afirma que, tras recibir la comunicación, contactó de inmediato a las personas encargadas.

“Me enfurecí y llamé a la gente. Frente a este caso, lo primero que hice fue no intervenir porque eran dos miembros de la redacción y no quería redirigir el proceso hacia alguno de los dos lados. En ese momento, como no había pasado nada, llamé a la persona de recursos humanos y le dije que era imperdonable y que había que dar una respuesta pronta”, asegura.

Sin embargo, según su testimonio, lo que ocurrió después evidenció nuevas irregularidades. “Yo puse mi queja convencida de que había un comité especializado en género en El Espectador, lo cual nunca existió”, afirma. Esta investigación periodística corroboró que el protocolo fue enviado el 14 de septiembre de 2021 y que, en su parte introductoria, señalaba la creación del Comité de Prevención y Atención de Violencias Basadas en Género (VBG), descrito como una instancia confiable de denuncia que actuaría de forma inmediata para proteger a quien reportara estos hechos.

No obstante, el correo que recibió en respuesta a la activación del protocolo y la radicación de la queja remitía a un comité de convivencia: “Confirmar el recibido de esta comunicación y damos trámite al Comité de Convivencia para iniciar el respectivo procedimiento de un presunto acoso laboral”, se lee.

Para Silva, en contextos laborales es clave contar con comités especializados en violencias basadas en género. En este caso, explica que “los comités de convivencia laboral establecidos en la Ley 1010 tienen funciones principalmente conciliadoras. Al operar bajo ese enfoque, dejan de lado aspectos fundamentales, como que las violencias basadas en género no son conciliables. Si una persona es víctima en su lugar de trabajo, no corresponde que se le pida sentarse a dialogar con quien la ha agredido”.

Por su parte, Fidel Cano respondió que no tenía conocimiento de que el comité especializado en género no existiera dentro de la empresa. “Yo asumí que existía, asumí que el protocolo se estaba cumpliendo a cabalidad. Sí recuerdo que sugerí, que sería mi tercera intervención en este caso, buscar asesoría externa para el manejo. Porque veía que necesitábamos apoyo, pero no sé si eso se hizo o no”, afirma.

Con el paso de los días, según su relato, las barreras y la revictimización no cesaron. Cuartas señala que el protocolo de género contemplaba el derecho a recibir acompañamiento psicológico durante su activación. Sin embargo, para ese momento ya había transcurrido casi un mes desde que decidió denunciar, por lo que había iniciado un proceso terapéutico por su cuenta. Cuando finalmente le ofrecieron ese apoyo, decidió rechazarlo.

“Después de un tiempo me lo ofrecieron y lo rechacé porque ya tenía mi proceso con mi terapeuta personal y prefería asumir directamente los costos, en lugar de que mi psicóloga facturara al diario”, afirma.

Según explica Silva, “con la ratificación del Convenio 190 de la OIT, que ya es ley en Colombia, existen más herramientas para respaldar estos casos. Sin embargo, ya había precedentes de la Corte que establecen la obligación de brindar asesoría jurídica y garantizar una atención adecuada en salud mental”.

Por otro lado, Cuartas asegura que la persona encargada de liderar el caso, desde el comité de convivencia, habló de su situación en los pasillos de la redacción, lo que, según su testimonio, vulneró el principio de confidencialidad. “Se regó el ‘chisme’ y la redacción empezó a dividirse en bandos: quienes lo apoyaban a él y quienes me apoyaban a mí. Mi ambiente laboral se convirtió en un infierno y mis opiniones fueron perdiendo peso”, menciona.

Según explica Silva, esta situación implica riesgos adicionales para quien denuncia: “prácticamente, otro jefe hubiera podido iniciar una persecución laboral, porque la idea es que esto se maneje con confidencialidad y en un espacio seguro, sin que los jefes se enteren, precisamente para proteger a quien denuncia”. A su juicio, estos hechos también pueden entenderse como formas de revictimización.

La incertidumbre y los cuestionamientos sobre el trámite de su queja continuaron. “Lo más confuso cuando una empieza a identificar estas violencias de género siendo periodista es la contradicción entre contar las historias de otras personas y no poder hablar de lo que una misma vive dentro del medio en el que trabaja. Eso, para mí, fue devastador”, dice Cuartas.

Esa situación, según relata, afectó directamente su desempeño laboral. “Yo quedaba paralizada al tener que cubrir una denuncia”, afirma. Con el tiempo, sostiene, esto derivó en lo que describe como una “renuncia forzada” y en el quiebre de su proyecto profesional. “La mayor afectación que tengo en este proceso es que perdí mi sueño. Mi sueño era El Espectador y mi sueño era el periodismo. Hoy no estoy ni en El Espectador ni hago periodismo, trabajo en otras cosas”, concluye.

Frente a esto, Fidel Cano señala: “Lo de Pilar fue un caso muy difícil. Ella era de lo mejor que teníamos en la redacción. Yo puedo tener varios puntos en los que considero que su versión es incompleta, pero ella fue quien vivió la situación y no hay razón para que alguien con su trayectoria no se hubiera sentido protegida. Aunque creo que intentamos protegerla, lo hicimos mal”.

Sin embargo, la revictimización señalada por sus abogadas no terminó ahí. Cuartas decidió interponer una acción de tutela contra el periódico. Su caso llegó al Juzgado 78 Civil de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D. C. “Me negaron las pretensiones de fondo, aunque las instancias reconocieron parcialmente que se vulneró mi derecho de petición”, explica. Sus pretensiones, según el documento, estaban enfocadas en medidas de reparación en las que el periódico se disculpara públicamente por su caso, pero que además garantizara establecer protocolos y rutas claras en las que casos como el de ella, y otras periodistas, no se vuelvan a repetir.

Según pudo confirmar este diario, tanto en primera como en segunda instancia el fallo fue favorable a El Espectador. No obstante, las decisiones reconocieron que el periódico no contaba con rutas claras para denunciar violencias basadas en género e instaron a la institución a reforzar sus campañas de información, en las que rechace las conductas de acoso sexual y laboral y divulgue los mecanismos de acceso al comité de convivencia.

En relación al fallo, Santiago Díaz, abogado del periódico, resalta: “no lo decimos nosotros, lo dicen los jueces de la República: no hubo una omisión por parte de la empresa. La denuncia fue recibida, tramitada y respondida; se adoptaron medidas de distanciamiento y otras medidas de protección para evitar el contacto con la persona denunciada, y el seguimiento del caso quedó abierto. También concluyeron que no había elementos suficientes para afirmar que el procedimiento interno hubiera desconocido de manera clara los derechos fundamentales invocados”.

Ante este escenario, el caso fue escalado a la Corte Constitucional con el respaldo de siete organizaciones sociales: la Red Nacional de Mujeres, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano, El Veinte, Sisma Mujer, El Armadillo y la Comisión Colombiana de Juristas. Se argumenta que se vulneraron los “derechos fundamentales de la accionante a vivir una vida libre de violencias, a la igualdad y no discriminación, al trabajo en condiciones dignas y justas, al debido proceso, y a los derechos de acceso a la justicia, verdad, reparación y no repetición de PCR”, según el documento.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo presentó una solicitud de insistencia en la que señaló que “este caso ofrece una valiosa oportunidad para desarrollar una jurisprudencia que proteja efectivamente a las mujeres periodistas frente a distintos tipos de violencia en medios de comunicación, estableciendo parámetros claros sobre la responsabilidad de entidades privadas que, pese a sus compromisos con la equidad, mantienen prácticas internas que vulneran derechos fundamentales”.

En entrevista con este diario, Leandra Becerra, abogada y asesora legal de incidencia en Colombia de la organización Equality Now, explica que esto hace parte del entramado de barreras que las mujeres tienen, en general, para acceder a la justicia. “Nos encontramos tanto con barreras sociales, culturales y procedimentales que van desde las normas sociales que no entienden sobre el consentimiento hasta aquellas que culpabilizan a las víctimas de los hechos violentos”, señala.

A esto se suma, la inexistencia o desconocimiento de las rutas de denuncia tanto en el sector privado como público, “hasta aquellas que cargan de estereotipos a los administradores judiciales, que le restan credibilidad e importancia los relatos de la sobrevivientes”, dice.

A partir de este caso, otras periodistas denunciaron acoso sexual dentro de la redacción

Tras la publicación del caso de Cuartas en redes sociales y el impacto que tuvo, ocho mujeres y un hombre, quienes trabajaron en el periódico, decidieron alzar su voz y publicar sus denuncias de acoso sexual en el interior. “Me citó una noche, entre semana, en un bar de Chapinero. El lugar era horrible: un sótano lleno de laberintos y recovecos. Llegué pensando que iba a hacer reportería, pero no hubo tal cosa. Él ya estaba ahí, esperándome. Me senté un rato. Las supuestas fuentes nunca llegaron. Entonces empezó. Comentarios sobre mi cuerpo. Sobre mi apariencia. Me dijo que me deseaba”, dice uno de los relatos, cuyos hechos se remontan al 2014 y señalan a quien fue un editor del periódico.

En entrevista con El Espectador, Laura Barreto, abogada de Women’s Link Worldwide, una organización internacional dedicada a defender los derechos de las mujeres y las niñas, explica que las relaciones de poder y el consentimiento son factores legales fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar casos de violencia sexual, en los que están incluidos el acoso sexual.

“El acoso laboral y sexual en los espacios de trabajo, en contra de las mujeres, periodistas, abogadas, profesoras y también funcionarias públicas, no puede analizarse sin considerar las relaciones de poder jerárquicas y desiguales que existen entre las sobrevivientes y sus jefes o supervisores”, afirma. El acoso sexual en estos casos puede operar de distintas formas: desde miradas lascivas, comentarios, hasta tocamientos sin consentimiento o solicitud de “favores sexuales” a cambio de espacios o de oportunidades laborales.

Leandra Becerra explica que “de manera concreta cuando hablamos de acoso sexual estamos hablando de comportamientos verbales, no verbales o físicos de naturaleza sexual que no son deseados o consentidos por las víctimas”.

Así mismo, Laura Barreto enfatiza en que no hay una especie de medición con la que se pueda catalogar que un tipo de violencia sexual sea más o menos grave, y que la clave está en el consentimiento. Pero en entornos laborales las relaciones jerárquicas, la intención y la incomodidad de la mujer, son fundamentales para analizar los casos. “Digamos que, en este espacio en el que existe una relación jerárquica, yo no quiero que mi jefe opine sobre mi forma de vestir o sobre cómo se me ve la pierna, el pecho, el brazo o cualquier parte del cuerpo en mi vestido”, menciona.

El relato citado refleja las condiciones que muchas otras periodistas y comunicadoras han denunciado dentro de los hashtags #YoTeCreoColega y #MeTooColombia. El 67 % de las mujeres periodistas en Colombia ha enfrentado acoso sexual en el ejercicio de su trabajo. En la mayoría de los casos, los agresores son hombres y están en su entorno laboral más cercano, como colegas, jefes o fuentes, según datos del informe “Periodistas sin acoso: Violencias machistas contra periodistas y comunicadoras”, publicado por la Fundación Karisma, la Red de Periodistas con Visión de Género y Colnodo, en 2021.

Frente a este caso y los otros siete publicados, el director del periódico aseguró que no estaba al tanto. “Yo entiendo que ese tipo de cosas pasan, pero no las conocía. Mi primera reacción es de dolor, de pensar que esas cosas hayan podido pasar sin que yo estuviera al tanto. No me las imaginaba, no pensaba que eso pudiera estar ocurriendo dentro de la redacción. Lo agradezco, es verdad. Posiblemente suene a que no me crean, como dije antes, pero realmente eso tenía que saberse”, agrega.

Además, argumenta que es consciente de la figura de poder que representa al interior de la redacción, y por lo cual dice que no le llegó esa información. “Cuando uno está allá arriba, no se entera de la mitad de lo que sucede en la redacción”, dice.

Sin embargo, entre los relatos publicados señalando a El Espectador, hacen referencia a una denuncia de violación. “En 2022, una periodista denunció que fue violada por un colega en una fiesta. Tras los hechos, presencié cómo el estado de la víctima y de su grupo de trabajo cercano se fue deteriorando no solo por lo sucedido, sino también por el “chisme” que se generó en la redacción: los rumores, las historias que inventaron, las personas que salieron a defender al periodista denunciado”, se lee en el relato.

Según la información disponible en el hilo de denuncias que publicó Pilar Cuartas, la sobreviviente radicó su denuncia ante la Fiscalía, pero el caso quedó en el olvido.

Por su lado, Fidel Cano, respondió que supo del caso cuando ya estaba en la Fiscalía. “Me mencionaron que había una petición o una intención de que El Espectador entrara en ese proceso legal. Yo no manejé directamente el caso”.

Y enfatiza que: “En ese momento, de nuevo se remitió al conducto previsto y sé que se le prestaba asesoría psicológica y acompañamiento desde el periódico. En cuanto a entrar en el proceso legal, había un problema: el acusado no era periodista de El Espectador. Había pasado por la redacción, pero la empresa no tenía ningún vínculo laboral con él”.

Frente a esto, la abogada Valeria Silva resalta que la normatividad vigente, específicamente el Convenio 190 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional dada en el caso de El Colombiano en 2021, obliga a las instituciones públicas y privadas a contemplar los espacios laborales también por fuera de las oficinas y establecimientos. “Cuando se limita a lo ‘relacionado con el lugar de trabajo’, se abre la puerta a lo que ocurrió en ese caso: la excusa de que ‘eso no pasó aquí, en la empresa’, y, por tanto, que no sería responsabilidad de la organización”, afirma.

En este caso puntual, la periodista era funcionaria de El Espectador en el momento en el que interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

A partir de los casos publicados en redes sociales, el director del periódico aseguró que está adelantando gestiones dentro de la empresa para prevenir, seguir y tomar acciones legales frente a los presuntos agresores y a las instancias que pudieron fallar en estas denuncias. “Lo primero es que creo que necesitamos, de nuevo, tener una asesoría externa. Segundo, me he invitado públicamente, y aprovecho esta oportunidad también, con toda la descripción posible, para saber un poco más de los testimonios y del dolor que cada persona siente, y así poder identificar a las personas y las circunstancias. A partir de ahí, hacer algún tipo de proceso frente a quienes hicieron lo que hicieron”.

Y agrega que: “A mí sí me parece que, por mucho que trabajemos en mejorar los protocolos y, sobre todo, su aplicación, como ya hemos visto, si alguien falló, sería mejor para todos que asuma las consecuencias, así sea con la vergüenza de tener que confrontar los abusos que haya podido cometer”.

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