¿Qué pasó con los derechos de mujeres y población LGBTIQ+ en más de 25 años de chavismo?

“25 años de silencio”: analistas sobre el panorama de los derechos de las mujeres y población LGBTIQ+ durante el régimen chavista.

Foto: EFE - Ronald Peña R

Venezuela comenzó el año con un nuevo escenario de tensión política, luego de que Estados Unidos incursionó una operación militar en Caracas, para la captura del presidente Nicolás Maduro, quien había permanecido en el poder durante más de trece años, como continuidad del chavismo, el movimiento político que gobierna el país desde hace más de 25 años. Más allá del debate diplomático y constitucional, este escenario volvió a poner sobre la mesa una extensa trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, cuyas consecuencias han impactado de manera diferenciada a mujeres y a la población LGBTIQ+.

Desde 2019, estas preocupaciones han sido documentadas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos en el país. En sus informes, ha señalado que el Estado venezolano habría incurrido en prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, entre ellas persecución política, privación arbitraria de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, así como violencia sexual y de género, además de la detención de personas opositoras, defensoras de derechos humanos y periodistas.

Tras más de 25 años de gobierno chavista, el panorama de derechos para las mujeres y la población LGBTIQ+ en Venezuela muestra pocos avances y varios estancamientos. Según fuentes consultadas, desde el inicio de este ciclo político y hasta la coyuntura actual, las iniciativas orientadas a ampliar y garantizar derechos para estas poblaciones han quedado prácticamente paralizadas.

Para Quiteria Franco, coordinadora general de la organización venezolana Unión Afirmativa, uno de los factores que marcó este freno fue la alianza progresiva del gobierno con los sectores religiosos. “Lo que pasó con Maduro fue que hizo un giro muy drástico hacia las iglesias evangélicas y estableció una relación cercana con ellas. De hecho, promovió el decreto del Día de la Biblia y se celebra el Día del Pastor Evangélico”, explica en entrevista con El Espectador. Lo que según ella, terminó por cerrar la puerta a posibles reformas legales para mujeres y personas LGBTIQ+, como el acceso al aborto, el reconocimiento del matrimonio igualitario, el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans y la adopción de leyes contra la discriminación.

Frente a esto, señala que se ha consolidado un silencio institucional que genera que muchas de estas problemáticas dejen de ser visibles, promoviendo así la sensación de que no ocurre nada, aunque las violencias y vulneraciones siguen presentes.

Por su parte, Wilson Castañeda, presidente de la Equal Rights Coalition (ERC), quien habló con este diario, considera que el deterioro de las libertades para estas poblaciones en Venezuela no ocurrió de forma repentina, sino a través de distintas etapas. En su lectura, durante la fase final del gobierno de Hugo Chávez se “desmontaron libertades y garantías para los feminismos y personas LGBTIQ+ bajo la idea de que estas agendas representaban prácticas neoliberales”. Añade que, por ese motivo, cualquier avance o movimiento social que impulsara estos temas fue perseguido bajo el argumento de ser supuestas prácticas capitalistas que iban en contra de la narrativa política del Estado. “Quien no ponía el oficialismo por delante empezó a ser minado en su ejercicio de hacer activismo”, afirma.

Además, coincide en que todas estas fases se intensificaron entre 2024 y 2025, cuando el gobierno de Maduro delegó la agenda social en su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, quien la ha articulado en alianza con sectores de iglesias evangélicas. Para él , este giro ha tenido efectos concretos en la limitación de derechos y en el cierre de espacios para las agendas de diversidad sexual y de género.

Para Fanny Gómez, defensora de derechos humanos venezolana y profesora de Derecho en Georgetown, la situación del país puede resumirse como un silencio institucional sostenido y un retroceso en la región. “Si se compara a Venezuela con el resto de los países de la región, se observa que ha permanecido prácticamente estancada. Incluso en gobiernos que no son considerados progresistas, se han registrado avances —de una u otra forma— en materia de derechos para las mujeres y la población LGBTIQ+. En Venezuela, eso no ha ocurrido”, menciona en entrevista con este diario.

Desde su experticia, Gómez resume los años del chavismo como un periodo de falta de avances en políticas públicas, ausencia de legislación y carencia de medidas en favor de las mujeres y la población LGBTIQ+, junto con el estrangulamiento de las organizaciones sociales mediante restricciones al financiamiento, vigilancia estatal y amedrentamiento a voces críticas del gobierno.

La realidad de los derechos de las mujeres en Venezuela

En materia de derechos sexuales y reproductivos, Venezuela no ha registrado avances significativos desde el inicio de la década de 2000. El aborto continúa penalizado, salvo cuando la vida de la persona gestante se encuentra en riesgo, y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) puede ser castigada con penas de entre seis meses y dos años de prisión. En la práctica, este escenario ha obligado a mujeres venezolanas y personas con capacidad de gestar a cruzar la frontera para pedir servicios de aborto en Colombia.

A esto se suma el deterioro del sistema de salud, enmarcado en la crisis económica y la emergencia humanitaria. Desde 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido sobre la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. La dificultad no radicaba en la falta de interés de las mujeres en utilizarlos, sino en la incapacidad del sistema de salud para garantizar incluso métodos anticonceptivos básicos.

Para 2024, según la ONG Red de Mujeres Constructoras de Paz, el 40 % de las mujeres en edad reproductiva no utilizaba métodos anticonceptivos, debido a su alto costo y a las dificultades para conseguirlos. Situación que se suma a que, recientemente, medios locales han señalado que, en algunos hospitales de Caracas, los programas de planificación familiar se han reducido a charlas informativas sobre derechos sexuales y reproductivos, ante la falta de anticonceptivos y otros insumos médicos.

Y si bien existen estas crisis en el ámbito de la salud, la violencia contra las mujeres tampoco es menor. La organización Utopix contabilizó al menos 106 feminicidios entre enero y agosto de 2025. Aunque Venezuela reconoce el feminicidio como delito desde 2014, a través de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la persistencia de estas cifras muestra las limitaciones de ese marco legal.

Ahora bien, el escenario de represión política tampoco es ajeno a las mujeres. Un informe de Transparencia Venezuela, con datos del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), señala que más de 180 mujeres se encuentran detenidas de manera arbitraria por motivos políticos. Estas detenciones se inscriben en un contexto más amplio de criminalización, en el que Foro Penal contabiliza al menos 863 personas presas por razones políticas en todo el país.

Por su parte, en 2024, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reportó un aumento de los casos de violencias basadas en género y agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes detenidas. La Misión documentó 22 casos en seis estados del país, cometidos por funcionarios estatales en centros de detención, e identificó prácticas como sexo transaccional, requisas invasivas con desnudez forzada, violencia reproductiva y posibles actos de esclavitud sexual o prostitución forzada.

Este estancamiento en derechos, según Franco, también está relacionado con la imposibilidad de generar activismo de manera libre. Cualquier exigencia social puede ser interpretada como una crítica directa al gobierno. Escenario habilitado por normas como la “ley contra el odio” y la denominada “ley contra el fascismo”, utilizadas para restringir la oposición política, regular el discurso público bajo la noción de “odio nacional” y censurar contenidos en redes sociales cuando se considera que “cuestionan” al oficialismo.

Franco señala que las críticas públicas, incluidas las demandas de derechos para poblaciones en situación de vulnerabilidad, suelen ser tratadas como actos de “enemistad política”, lo que ha forzado a muchas personas activistas a reducir su visibilidad pública y su participación política para evitar represalias.

La situación de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Venezuela tras más de dos décadas de chavismo

Hasta el momento, la mayoría de leyes en el país que protegen a esta población se limitan a los principios generales de igualdad y no discriminación, como el reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad o la prohibición de la discriminación en el trabajo, la vivienda y los servicios bancarios. Sin embargo, estos marcos no se traducen en garantías explícitas que otorguen a las personas LGBTIQ+ los mismos derechos y reconocimientos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que al resto de la población, aseguran las fuentes consultadas.

Por ejemplo, en Venezuela no existe el matrimonio ni la adopción igualitaria. Tampoco hay una ley de identidad de género que permita a personas trans y no binarias modificar su nombre y marcador de sexo en los documentos oficiales. Ausencias normativas que, además, hacen más difícil dimensionar el impacto sobre sus condiciones de vida y las violencias específicas que enfrentan, ya que, al no existir un reconocimiento legal, estas experiencias quedan fuera de los registros oficiales.

El dato más reciente corresponde a 2023 y proviene de un monitoreo realizado por la Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, una organización social que registró 461 incidentes de violencia y discriminación contra personas LGBTIQ+ ese año. En 2024, documentó que al menos 68 mujeres LBT fueron víctimas de discriminación o violencia.

A estas vulneraciones se suman barreras en el acceso a derechos básicos. A mediados de 2025, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Venezuela advirtió que el limitado acceso a información sobre la situación de las personas LGBTIQ+ dificulta la visibilización de sus necesidades. Aun así, el organismo identificó discriminación en el ámbito laboral, por medio de oportunidades de empleo precarizadas. También señalaron que en el sector salud persisten obstáculos para acceder a servicios diferenciados, como procesos de afirmación de género.

Este contexto se ve agravado por otras formas de violencia, como la discriminación cotidiana, el acoso, el uso de las mal denominadas “terapias de conversión” y las violencias sexuales conocidas como “correctivas”, prácticas rechazadas por los estándares internacionales de derechos humanos. A ello se adiciona la desprotección en materia de seguridad social para familias LGBTIQ+, la exclusión temprana del núcleo familiar y la precarización de las condiciones de vida, con menores oportunidades de acceso a recursos y medios de subsistencia.

Frente a esto, Franco señala que, aunque el gobierno creó instancias como una oficina para la defensa de personas de la diversidad sexo-genérica y una fiscalía especializada en la investigación de crímenes motivados por por prejuicio, estas no se tradujeron en mecanismos de protección. “No existen instrumentos legales que permitan sancionar la discriminación. Si no hay una ley que incluya de forma explícita la orientación sexual y la identidad de género, no hay cómo sancionar ni atender estos casos”, dice.

Todo este panorama se da en un cierre creciente de organizaciones sociales

En 2024, la Asamblea Nacional aprobó la llamada “ley anti ONG”, que obliga a las organizaciones a inscribirse en un registro oficial y a cumplir requisitos específicos para poder operar en el país. Estas disposiciones, sumadas a nuevas exigencias financieras y a la imposibilidad de acceder a cooperación internacional, han derivado en escenarios de persecución, hostigamiento y, en la imposibilidad de continuar sus iniciativas, advierte la experta.

“Se crearon leyes y previsiones bancarias con requisitos prácticamente imposibles de cumplir, y además se aprobaron normas contra la legitimación de capitales y el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil. Son tres o cuatro leyes que, en la práctica, fueron estrangulando cada vez más el espacio cívico y llevaron a la desaparición de muchas organizaciones”, explica Quiteria Franco.

Atañe que se trató de una situación a la que se sumó el desgaste de hacer incidencia ante la Asamblea Nacional y no obtener respuesta: “llega un momento en que te das cuenta de que estás golpeando una pared que no va a responder”. Una mezcla de factores que ha generado un silencio forzado. “No hay dónde acudir, no hay espacios para hablar. El silencio no es casual: responde a un contexto en el que muchas personas y organizaciones están concentradas en sobrevivir, en mantenerse seguras y en seguir existiendo”, concluye.

Estados Unidos y su posible influencia en el escenario político de Venezuela

Tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que se concrete una “transición segura”. Estas declaraciones han generado preocupación en algunos sectores y alivio político en otros. Para Fanny Gómez, si bien se trata de un escenario con mucha tela para cortar, los derechos humanos no son, por ahora, un tema que considere de interés para Estados Unidos durante la intervención.

Esta incertidumbre surge justo porque el país norteamericano ha promovido una agenda anti género en los últimos años.. En 2022, la Corte Suprema derogó el precedente de Roe v. Wade, eliminando la protección constitucional federal del derecho al aborto. A ello se suman medidas adoptadas a inicios de 2025, desde la llegada de Trump, que restringen el reconocimiento legal del género a las categorías de “hombre” y “mujer”, bajo criterios estrictamente biologicistas, lo que excluye a las personas trans, no binarias e intersex.

Frente a la posibilidad de que un país con este tipo de políticas ejerza presión política sobre Venezuela, Franco considera que el impacto no necesariamente implicaría un retroceso adicional. “No creo que una política similar a la que existe hoy en Estados Unidos vaya a significar un retroceso, porque en Venezuela, en términos de derechos para mujeres y personas LGBTIQ+, nunca hemos avanzado”, dice.

La lectura de Wilson Castañeda, sin embargo, es distinta. A su juicio, las acciones de carácter humanitario que ya existían, aunque de forma limitada, para personas LGBTIQ+ en Venezuela podrían reducirse aún más. “Maduro ignoró estos temas durante años, no le importaban”, afirma. “Nuestra preocupación es que, bajo una intervención de Estados Unidos, estas prácticas se traduzcan en nuevas formas de persecución y en una nueva oleada de migración de personas LGBTIQ+, especialmente si se combinan con políticas excluyentes que hoy existen en Estados Unidos”, concluye.

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