Más de 600 reporteros en el mundo, liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), entre ellos el equipo de la alianza periodística El Espectador - CONNECTAS, publicaron esta semana los primeros informes de Pandora Papers, la mayor investigación periodística sobre el uso de jurisdicciones con baja tributación, algunas de las conocidas como paraísos fiscales. (Qué es Pandora Papers y qué dice sobre Colombia)
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Los hallazgos, que analizaron casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados, evidencian que 35 presidentes y expresidentes han sido beneficiarios de sociedades offshore, así como casi un centenar de funcionarios públicos. Pandora Papers, sin embargo, tiene como trasescena a Panama Papers, considerada también en su momento como la mayor investigación periodística. Fue publicada en 2016 e impulsó cambios regulatorios en decenas de países como Colombia.
Para entender los efectos de estas investigaciones periodísticas, El Espectador consultó a la economista Juliana Londoño-Vélez, profesora asistente en el Departamento de Economía de la Universidad de California en Los Ángeles y quien ha estudiado particularmente los impactos de Panama Papers. (Pandora Papers: las facturas a nombre del director de la DIAN)
Hace una semana se publicó la mayor investigación periodística sobre jurisdicciones con beneficios fiscales, Pandora Papers. ¿Qué reflexiones le dejan los informes presentados por más de 600 periodistas?
Es un trabajo periodístico impresionante por parte de más de 600 periodistas en 117 países. Es la mayor cantidad de información filtrada sobre la industria offshore: incluye a casi 30 mil clientes de catorce proveedores de servicios offshore en casi todos los países y territorios. En volumen, es muchísimo más grande que la filtración de los Panama Papers en 2016 que, a su vez, fue la filtración más importante de la historia. Por ello, los Pandora Papers requiere de una colaboración sin precedentes. Y quiero resaltar la labor tan importante e imprescindible que hacen ustedes los periodistas para informar al público sobre estos temas.
Pandora Papers ha expuesto a cientos de políticos y personas poderosas en el mundo con empresas en paraísos fiscales. Ciertamente, algunos tienen razones legítimas para tener una empresa offshore y la declaran correctamente a la autoridad tributaria de su país. Este, por ejemplo, puede ser el caso de algunos colombianos con inversiones en Panamá. Pero otros no y, muy por el contrario, crean estas empresas de papel justamente para eludir y evadir impuestos; y parte de lo que atrae a algunos personajes a tener empresas offshore en paraísos fiscales es la privacidad y el secretismo que aquello otorga. (Pandora Papers: el brazo “offshore” de la familia Char)
Por ello, que políticos y servidores públicos—incluyendo presidentes, primeros ministros y otros personajes importantes de la vida pública— estén mencionados en la filtración es bastante desconcertante. Estos son políticos que, en principio, tienen el deber de luchar contra la evasión tributaria, que erosiona el recaudo y, por ello, afecta la calidad de los bienes públicos y el desarrollo de un país. Pero los Pandora Papers muestran que, muy por el contrario, quienes deberían estar trabajando para ese fin están íntimamente ligados a los paraísos fiscales.
Usted ha investigado los impactos de estas investigaciones periodísticas en el recaudo de impuestos, especialmente los de Panama Papers en 2016. ¿Cuáles han sido sus conclusiones?
La decisión de evadir impuestos y cuánto evadir depende de la percepción que el contribuyente tenga acerca de cuán probable es que su evasión sea detectada—y penalizada—por parte de las autoridades. Por ello, es muy importante que las amenazas de detección y penalización de la evasión sean creíbles para el cumplimiento tributario. Las filtraciones que exponen a los clientes de la industria offshore, como los Panama Papers, los Offshore Leaks, los Paradise Papers y ahora los Pandora Papers, ayudan a fortalecer la percepción de que no declarar correctamente ingresos y activos será detectado y fuertemente penalizado por parte del Estado. (Pandora Papers: Bancolombia, el “cliente maestro” de Trident Trust en Colombia)
En el caso colombiano, la filtración de los Panama Papers involucró a más de 1.700 colombianos—tres veces más colombianos que los Pandora Papers. Estos colombianos tenían, en promedio, muchísima riqueza y muchos de ellos eran sujetos al impuesto a la riqueza. Por coincidencia, la filtración se dio en medio del proceso de normalización tributaria que llevaba a cabo el gobierno anterior, que otorgaba incentivos tributarios para que colombianos con activos omitidos y pasivos inexistentes se sinceraran. Tras la filtración, la DIAN contactó a muchos de los colombianos nombrados en los Panama Papers y les reiteró su deber de declarar correctamente sus activos, especialmente aprovechando el proceso de normalización en curso.
Con Javier Avila Mahecha estudiamos el impacto que la filtración tuvo sobre la normalización tributaria. Encontramos que los Panama Papers tuvieron un impacto positivo y significativo en la decisión de los colombianos nombrados de sincerarse: por ejemplo, la filtración sextuplicó la probabilidad de declarar activos omitidos en el exterior. A su vez, duplicó el monto pagado en impuestos a la riqueza y a la normalización para quienes aparecieron nombrados en los Panama Papers. (Urbanismo para el mundo: Enrique Peñalosa en Pandora Papers)
Entre 2015 y 2019, según la DIAN, se impulsó el recaudo de $4.3 billones del impuesto de normalización y uno los factores para que eso se diera, según expertos, han sido las investigaciones periodísticas. ¿Qué opina sobre este impuesto?
Es difícil atribuirles todo el recaudo a las revelaciones periodísticas. También importa—y mucho—la capacidad de la DIAN de detectar activos en el exterior; por ejemplo, gracias a los intercambios de información tributaria con otros países. Colombia ha avanzado mucho en este tema.
Sobre el impuesto a la normalización, pienso que Colombia no es un caso único: muchos otros países en América Latina y en el resto del mundo han llevado a cabo procesos similares. En algunos casos la participación es altísima. Por ejemplo, el gobierno de Macri logró que los argentinos sinceraran activos por un valor cercano al 20% del producto interno bruto del país; algunos lo han llamado el proceso de normalización tributaria más exitoso del mundo. (El negocio que unió a la vicepresidenta y la mintransporte con condenado en EE.UU.)
Usted ha defendido el impuesto a la riqueza como un instrumento para reducir la altísima desigualdad y construir una sociedad más justa. ¿Cómo funciona actualmente el impuesto a la riqueza y qué le falta?
El impuesto a la riqueza es el impuesto más progresivo con el que cuenta el Estado colombiano y, gracias a él, los colombianos más adinerados pagan más como proporción de su patrimonio líquido. Por ello, el impuesto a la riqueza es un instrumento útil para reducir la concentración de riqueza en el país. Además, es un impuesto justo, especialmente dado el contexto actual, pues la crisis del coronavirus ha afectado a los hogares de manera desigual, aumentando la pobreza y exacerbando las desigualdades existentes. Por último, el impuesto a la riqueza es un impuesto solidario que, combinado con otras herramientas tributarias, puede ayudar a salvaguardar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y el crecimiento inclusivo.
Pero esto no quiere decir que el impuesto a la riqueza no tenga problemas—por supuesto que los tiene. Menciono tres: primero, la evasión sigue siendo importante (también lo es, vale la pena recordarlo, para otros impuestos, como el impuesto a la renta o el impuesto al valor agregado). Segundo, actualmente está diseñado para que sólo unos pocos miles de colombianos lo paguen: desde la reforma del gobierno de Duque, los colombianos con menos de 5 mil millones de pesos en patrimonio líquido están eximidos de pagar este impuesto. Tercero, desde hace unos años existe una brecha importante en el impuesto al capital para personas naturales y jurídicas. El tratamiento tributario desigual genera distorsiones; los incentivos a declarar activos como persona jurídica (por ejemplo, a través de una empresa familiar) son grandes y la capacidad de controlar abusos por parte del Estado es limitada. (“Los paraísos fiscales son una realidad, un problema y un abuso”: Oxfam)
¿Qué hacer? Además de continuar con la modernización de la DIAN para mejorar cada vez más su capacidad de detectar evasión y abusos—y que el Estado sancione fuertemente a los evasores—debe reformarse tanto la forma como se hace el gasto público como la forma como el Estado cobra impuestos para financiar este gasto público con impuesto progresivos y bien diseñados. Las necesidades son grandes y urgentes. Los retos que tiene el país son enormes y complejos (y no se solucionarán simplemente con aumentar los impuestos de 4.000 colombianos).
