Una empresa que ha operado desde distintas oficinas en la localidad de Chapinero se ha convertido en uno de los principales canales por los que Colombia termina exportando mercenarios a conflictos internacionales, especialmente del lado ruso en los últimos meses. Se trata de Global Qowa Al Basheria SAS, una firma constituida legalmente en 2012,en Bogotá, y tras la cual figuran tres hermanos ligados históricamente a esta industria bélica. Dos de ellos con pasado en el Ejército Nacional de Colombia: los coroneles en retiro Omar Fernando y José Óscar García Batte, este último clave en la Operación Jaque y en otras que terminaron con la vida de los jefes guerrilleros “Raúl Reyes”, el “Negro Acacio” y “Martín Caballero”.
El Espectador conoció documentos, contratos y contrastó al menos 21 historias de familias con miembros cercanos, todos con un pasado en las Fuerzas Militares colombianas, que fueron reclutados y remitidos por rutas prácticamente calcadas, con variaciones mínimas y, según afirman, firmando contratos directamente con la Federación de Rusia. En diciembre de 2025 este diario contó cómo exmilitares colombianos eran reclutados por una red que operaba para el lado ucraniano del conflicto desde un hotel en el sur de Bogotá, a más de 11.000 kilómetros de distancia del Donbás, Zaporiyia y Jersón, las regiones que reclama Rusia. Lejos de la tundra y los inviernos de temperaturas bajo cero, estas redes de reclutamiento están infiltradas entre los círculos de militares (en servicio y retirados) colombianos.
Hasta la fecha era poca la información sobre cómo los efectivos colombianos terminaban combatiendo por el Kremlin. Familiares de exmilitares colombianos que murieron peleando para Rusia (o cuyo paradero se desconoce) le entregaron a este diario chats, números y nombres que permiten hacer una radiografía de este millonario negocio en torno a la guerra entre ambas naciones, en la capital colombiana.
El historial de la empresa Global Qowa Al Basheria
Documentos de la compañía dan cuenta de que se ha trasladado hasta tres veces en los últimos 10 años, todas en el mismo sector, en Chapinero en Bogotá. A estos edificios llegan constantemente militares preguntando por los coroneles García Batte y pidiendo información sobre la empresa. Desde allí recibirían todo lo necesario para emprender el viaje con rumbo al conflicto ruso-ucraniano: desde información general hasta tiquetes y viáticos.
Según documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá, la empresa nació en 2012 y era representada legalmente por José Óscar García Batte y otro coronel del Ejército: Julis Fernando Gómez Páez, quien hizo presencia en el Batallón Colombia en la península del Sinaí en los años setenta. Actualmente es representada legalmente por el coronel (r) Omar García Batte, quien también figura como contratista del IDU en la Alcaldía de Bogotá. Entre 2018 y 2024, recibió nueve contratos por COP 547 millones.
A través de la página web de la empresa familiar, comercialmente conocida como “Mi Futuro Global”, dice ser “líder en el suministro de recurso humano de alta calidad hacia Medio Oriente y regiones contiguas”. En sus redes sociales también anuncian que cada mes envían hasta “100 soldados globales a trabajar en el exterior”, pero nunca mencionan qué destino tienen los exmilitares colombianos. Aunque en los círculos cercanos se sabe que quienes hacen parte de sus procesos terminan en Emiratos Árabes Unidos para custodiar infraestructura petrolera, hay denuncias de que otros son enviados a zonas de guerra sin su consentimiento.
En enero pasado, La Silla Vacía reveló los testimonios de dos mercenarios colombianos que denunciaron cómo en 2018 iban aparentemente con destino a Dubái, pero terminaron combatiendo en la guerra civil sudanesa. “Lo que yo no sabía es que José Óscar García Batte nos estaba vendiendo como mercenarios a este país y sin nosotros saber”, se lee en una denuncia que interpuso uno de los exmilitares en 2018 ante la Defensoría del Pueblo, alertando sobre un posible caso de trata de personas a través de la empresa de los García Batte. Este diario también encontró que los hermanos tuvieron además otra firma en Panamá llamada Global Human Resources Development y de la cual hizo parte otro familiar: Lelia García Batte.
Contactamos por diferentes medios a la compañía Global Qowa Al Basheria SAS; por ejemplo, a través de sus redes sociales y los contactos que aportaron en 2025 a la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, nunca contestaron. La única que respondió fue Marleny García Batte, hermana de los coroneles retirados y una de las cabezas de la firma familiar. Pero cuando le preguntamos sobre las denuncias que existen contra la empresa familiar, dejó de responder.
“Comandante Uber Cruz” y la ruta recorrida
Una decena de familiares reconocieron que la persona que hizo el enlace y la gestión para el traslado hacia Rusia fue un presunto exmilitar a quien identificaron como el comandante Uber o Uber Cruz. Ninguno de los familiares estuvo directamente involucrado en el enrolamiento de sus allegados, pero todos reconocen el mismo nombre en la historia. De allí, todos terminaban dando con la compañía de los García Batte.
“Le ofrecieron irse a Polonia a cuidar una mina de carbón. Eso fue lo que le dijeron a él. Lo llevaba un señor que se llama Uber Cruz. Cuando ya él estaba en el aeropuerto en Polonia me dijo que la ruta no era para allá, sino para Ufa”, explica Paola Gómez, viuda de uno de los militares que, según afirman, fue reclutado por Cruz. Ufa, ciudad ubicada a unos 1.300 kilómetros de Moscú y a casi 1.700 de la frontera con Ucrania, alberga diferentes instalaciones militares.
Según estimaciones del gobierno colombiano en épocas del canciller Luis Gilberto Murillo, para 2024 se tenía un estimado de 300 mercenarios nacionales fallecidos en la guerra en Ucrania. Para finales de 2025, según estimaciones no oficiales de la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania (ILDU), serían hasta 550 los militares colombianos que habrían muerto allí, y entre 1.500 y 2.500 connacionales combatientes.
La mayoría de las familias de los fallecidos se han agrupado entre sí a través de redes sociales y grupos comunitarios, haciendo plantones y organizándose para cotejar información y buscar respuestas en bloque por parte de las autoridades, como la Cancillería y la Embajada rusa en Bogotá.
El Espectador acompañó varias de las manifestaciones y constató que la mayoría de ellos se han encontrado en callejones cerrados mientras buscan información o ayuda para repatriar los cuerpos.
“He enviado dos cartas a la Cancillería y lo único que me han respondido es que lo enviaron a una lista de connacionales y que sí, que hay que esperar. Del lado ruso encontramos un Telegram, supuestamente del batallón o algo así de allá, pero no sabemos si es realmente un ente confiable o no. Lo único que me enviaron fue ese comunicado. O sea, me llegó un comunicado por Telegram, pero no sabemos si es confiable o no.
La última vez que él se comunicó con el comandante ruso fue el 4 de diciembre de 2025. Desde entonces, está reportado como desaparecido”, explica Lady, esposa de uno de estos militares. El Espectador consultó con la Cancillería sobre la existencia de la lista y la posibilidad de acceder a su contenido. La solicitud, respondieron, fue procesada, pero para la fecha de esta publicación no hubo una respuesta concreta sobre el contenido. De igual forma, la Embajada de Rusia en Colombia rechazó responder cualquier interrogante o pronunciarse sobre las afirmaciones de las familias sobre contratos directamente con el Estado ruso. En sus palabras, son asuntos que “no encajan dentro del área de responsabilidad y no concuerdan con las funciones que desempeña esta Misión Diplomática”.
Esto, a pesar de que los acuerdos laborales a los que tuvimos acceso comprometen textualmente a los militares colombianos a “ser fieles al juramento militar (compromiso), servir desinteresadamente al pueblo de la Federación de Rusia y defender con valentía y destreza la Federación de Rusia según el párrafo tres del artículo 16 del Reglamento del Servicio Interno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, aprobado por el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia n.º 1495 de 10 de noviembre de 2007”. Así lo expresa uno de los contratos.
Todos estos testimonios permitieron cotejar el paso a paso por el cual cada uno de estos mercenarios llegó a su fatídico destino. Existen dos vías claras por las que se mueven estas oportunidades en los círculos militares: el voz a voz, con recomendaciones entre ellos mismos, y a través de redes sociales.
Por lo menos tres de las historias coinciden en que la oferta no era explícita para combatir del lado de las fuerzas rusas, sino para custodiar minas en Polonia, y una vez allá, como cuenta Paola, cambian los planes.
“Mi esposo estaba trabajando en Polonia; estuvo dos años cuidando una fábrica, o una mina, cambiaba. Y de repente me dijo: ‘No, amor, estoy en Rusia, estoy con las fuerzas especiales de Rusia’”, cuenta Sandra desde Barrancabermeja. Su esposo pasó por el mismo proceso.
Polonia o Turquía eran los últimos eslabones antes de entrar en zona de conflicto. Para llegar allí, las rutas variaban según la disponibilidad del tráfico aéreo. México, París y Madrid fueron algunas de las escalas mencionadas por las familias. Un caso en particular relata cómo primero uno de los mercenarios caídos estuvo combatiendo en Sudán y desde allí la empresa gestionó sus tiquetes para enrolarse en las filas rusas. La conexión entre ambos conflictos no es nueva, pues en el pasado se reportó la presencia de milicias como el Grupo Wagner, una empresa de mercenarios rusos combatiendo en Sudán y Ucrania.
“Él firmó para irse a África. Se fue con un contrato firmado desde acá. Les prometieron mil maravillas: que les pagaban X, que les pagaban hasta por ir al baño. Pasó un mes, luego un mes y medio, y nunca les pagaron. Se cansó del tema y por Internet buscó la forma de inscribirse en las fuerzas militares de Rusia. Desde allá, cuando se inscribió, le enviaron su tiquete desde donde estaba hacia Rusia”, cuenta Wilmer, cuyo cuñado desapareció en combate.
“Kraken” y el hostal cercano a el Aeropuerto El Dorado
No todo se mueve por esos canales. También circula otra ruta de reclutamiento: un grupo de WhatsApp. En conversaciones que conocimos aparece @SevillaDistrito, administrado por alguien que se hace llamar “Alexy”, con un número de España (+34). Desde allí se ofrecen sueldos de entre USD 2.600 y USD 3.000 mensuales y un bono inmediato de USD 20.000 para quienes decidan enrolarse. Las familias de los exmilitares que nos contaron sus casos, aseguran que esas cifras son difíciles de ignorar: superan con creces lo que podrían ganar en el Ejército o en la seguridad privada en Colombia.
Además de esta información relacionada a los pagos, “Alexy” compartió en ese grupo el contacto de la ficha de esta red en Colombia, que se encarga de reunir a los exmilitares en Bogotá para luego enviarlos hasta Rusia. Se trata de un colombiano que se hace llamar “Kraken” y de quien no se conoce su verdadera identidad.
En su contacto de WhatsApp solo tiene una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece un hombre en un callejón oscuro. En una conversación conocida por este diario, “Kraken” pide una foto del pasaporte con el fin de comprar el tiquete aéreo para Rusia. “Cuando esté en Bogotá me avisa para indicarle cuál es el hostal donde lo hospedamos; queda cerca del Aeropuerto El Dorado y el Terminal de Transporte del Salitre”, dice el audio al cual tuvimos acceso.
Dos mujeres que conocieron algunos detalles de cómo sus esposos terminaron combatiendo del lado ruso también cuentan que escucharon en varias oportunidades a “Kraken” hablar con sus parejas. “No sé si el reclutador era militar, pero se expresaba igual que los soldados. Daba las horas como un militar y tenía expresiones como ‘curso’, ‘código’, ‘lanza’. Recuerdo que le dijo a mi marido que tenía que trasladarse hasta Bogotá. Nosotros vivimos en la costa Caribe y él viajó durante dos días por tierra y cuando llegó me avisó que en un par de días se iba. En realidad, salió del país muy rápido”, señaló una de las mujeres que prefiere no dar su nombre por motivos de seguridad.
El panorama global del conflicto
Mientras toda la disputa por mercenarios se libra silenciosamente en Colombia, el próximo martes se cumplen cuatro años de esa madrugada en la que tropas rusas iniciaron el asalto a gran escala a tierras ucranianas que, según fuentes como la OTAN y medios como el Wall Street Journal, ha dejado cerca de un millón de bajas humanas entre ambos bandos.
Según Meduza, uno de los portales de noticias independientes más influyentes en Rusia, para junio de 2024 la cuenta se situaba sobre los 120.000 soldados rusos muertos en combate. El think tank Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, elevaba el aproximado hasta 325.000 soldados rusos muertos entre febrero de 2022 y diciembre de 2025.
El mismo centro de pensamiento estima que, para ese periodo de tiempo, habrían de 100.000 a 140.000 soldados ucranianos muertos. Si se trata de bajas civiles, según un informe de diciembre de la ONU (OHCHR), son aproximadamente 15.000 bajas. Si se suman todas las cifras (muertos, heridos y desaparecidos) de ambos países según el CSIS, la cifra integrada puede acercarse o superar el millón y medio o los dos millones de personas afectadas por la guerra.
El próximo 24 de febrero el presidente Donald Trump pronunciará el tradicional discurso del Estado de la Unión, acto protocolario en el Capitolio del Congreso de Estados Unidos en el que anualmente cada mandatario de cierta forma rinde cuentas de lo que ha sido su gestión.
Según estiman medios estadounidenses, esta puede ser la oportunidad de Trump para hacer un gran anuncio con respecto a esta guerra. Desde que volvió a la Casa Blanca hace más de un año, ha buscado desempeñar un rol de pacificador mundial, llegando a decir que ha solucionado unas ocho guerras en todo el mundo, afirmación que ha sido desmentida por expertos desde que la emitió. Muy seguramente será una cuestión de voluntad política sea ahora, o más adelante, la que termine de destrabar el conflicto y acerque a Moscú y Kiev a un punto de entendimiento que permita dejar atrás las instancias bélicas. El punto más controversial es la cuestión de ceder territorio a Rusia, a lo cual buena parte de los ucranianos se siguen resistiendo. Lo cierto es que, como ocurrió con Haití, Sudán y otros frentes de batalla a nivel global, existe toda una infraestructura, un mercado y una competencia en la que los militares colombianos son el principal activo.
Si las estimaciones de bajas son ciertas, queda un vacío más que documentado en los procesos de repatriación de los restos de los colombianos fallecidos del otro lado del mundo. Todas las familias contactadas para esta investigación reportan la desaparición de sus allegados en los últimos 12 meses y todas tienen más dudas que certezas. La reparación, en ese escenario, deja de ser un concepto jurídico abstracto y se convierte en una deuda concreta con familias que aún esperan respuestas.
Mientras tanto, en Colombia, el debate sobre el rol de sus exmilitares en conflictos ajenos ya dejó de ser una discusión marginal, pues el 4 de diciembre pasado el Congreso aprobó la Ley Antimercenarismo. Esa legislación, que busca investigar, sancionar y poner freno a redes de reclutamiento que operan desde el territorio nacional, llega como una respuesta frente a la salida a conflictos internacionales de exmiembros de la fuerza pública.
Además, obliga al Estado a fortalecer los mecanismos de prevención y protección para quienes empujados por la necesidad económica, entre otros motivos, quieren viajar. La ley está a una firma del presidente Gustavo Petro de ingresar al ordenamiento legal colombiano, pero al mismo tiempo sin la capacidad de frenar las redes de reclutamiento de exmilitares colombianos.
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Por Unidad Investigativa
