Desde hace una década, la ex presidenta del Congreso, senadora Dilian Francisca Toro Torres, es la baronesa electoral del Valle del Cauca. El pasado 14 de marzo obtuvo la segunda votación más alta del país y pasó de largo frente a sus propios resultados electorales en 2006. Pero a pesar de su éxito político, desde julio de 2008 la incomoda su inclusión en la lista de los investigados preliminarmente por el escándalo de la parapolítica. Y ahora aparece otra extraña circunstancia que deberá explicar a las autoridades.
En junio de 2007, de la empresa Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual es socia la senadora Dilian Francisca Toro Torres y gerente su esposo Julio César Caicedo Zamorano, salió un cheque por valor de $289 millones que fue a parar a las cuentas de un personaje identificado como Hans Barney Salazar, quien desde septiembre de 2003 afronta problemas con la justicia y dos años después fue condenado a 72 meses de prisión y multa de 1.000 salarios mínimos por el delito de lavado de activos.
¿Quién es ese desconocido personaje que ahora inquieta a las autoridades? Aunque comercialmente empezó a figurar en julio de 2000, cuando matriculó en la Cámara de Comercio de Cali una empresa dedicada a la “cría, ceba, levante y comercializadora de ganado vacuno”, judicialmente entró en los registros de la Policía el primero de septiembre de 2003, cuando en su poder fueron hallados $696 millones en efectivo, que movilizaba en un vehículo Renault Clio por la calle 138 con carrera 52, al norte de Bogotá.
A la semana, Hans Barney Salazar tenía medida de aseguramiento en su contra y en abril de 2004 estaba acusado. A pesar de sus dificultades para probar el origen de la alta suma de dinero en efectivo, en julio de 2005 un juez penal especializado de Bogotá lo absolvió de todo cargo. Pero ante una apelación de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá demostró los errores cometidos en el juzgado, lo condenó a prisión y además dispuso su inmediata captura.
La sentencia condenatoria se produjo el 31 de octubre de 2005 y la Corte Suprema de Justicia inadmitió una demanda de casación por el mismo caso en mayo de 2007. En otras palabras, cuando se produjo la negociación con la empresa Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la senadora Dilian Francisca Toro y su familia, era claro el antecedente judicial de Hans Barney Salazar. Hoy, este mismo personaje constituye un enigma para las autoridades por el manejo que les ha dado a sus cuentas bancarias.
Según estableció El Espectador, Hans Barney Salazar ha sido sometido a un rastreo financiero de sus actividades, y de ellas se extracta que, por ejemplo, en 2006 recibió un giro proveniente de México y que además presenta 15 operaciones en las cuales es insuficiente la información disponible en torno al remitente y país de origen de las transacciones. Eso sí, se sabe que, para el mes de abril de 2008, a su nombre estaban registrados cuatro predios ubicados en el municipio de Bolívar (Valle).
No obstante, es tan difusa la información en torno a Barney, que para febrero de 2009 aparece como el beneficiario número 941 del Programa Estatal de Incentivos a la siembra del maíz amarillo implementado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y puesto en la práctica a través de la Secretaría de Agricultura y Pesca del departamento de Valle y la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce). Es decir, condenado y todo, hoy aparece como beneficiario de programas del Estado.
Según información oficial, “con el fin de impulsar la siembra de maíz amarillo tecnificado en el país y llegar a cultivar 220 mil hectáreas en 2008, el Gobierno otorgó un incentivo a los cultivadores de este producto, de tal manera que el Ministerio de Agricultura dispuso pagar $30.000 por tonelada vendida y comercializada en el primer semestre de 2008 y $50.000 por tonelada en el segundo semestre de ese año. El área objeto de incentivo de Barney es de 50,32 hectáreas.
Obviamente, las ambigüedades acerca de Hans Barney Salazar y sus múltiples predios en el municipio de Bolívar (Valle) llevaron al sector financiero a interesarse por su negocio con Agropecuaria Ceiba Verde Ltda. —la empresa de la senadora Dilian Francisca Toro—, entre otros aspectos porque esta última firma, aunque registrada en el municipio de Palmira, a abril de 2008 poseía dos predios también asentados en el municipio de Bolívar (Valle).
Actualmente, la participación de la senadora Toro en la empresa Agropecuaria Ceiba Verde Ltda. ha sido reconocida por ella misma y, según está acreditado por la Cámara de Comercio de Palmira, es una de los tres socios de la firma dedicada a la explotación agropecuaria, pecuaria y ganadera junto a su esposo Julio César Caicedo Zambrano y Jorge Enrique Caicedo Zambrano. A su nombre aparece un aporte de capital de $285 millones.
A la defensiva
No es la primera vez que la congresista Dilian Francisca Toro Torres es blanco de señalamientos y acusaciones. Desde su ingreso a la actividad pública a finales de los años 90, a pesar de su crecimiento electoral, la persiguen los rumores sobre la procedencia de sus bienes y sus contactos políticos. Médica reumatóloga de profesión, en 1992 debutó como alcaldesa del municipio de Guacarí, siendo reconocida entonces como la mejor mandataria local en el año de 1994.
Al concluir su labor como alcaldesa, el entonces gobernador del Valle, Germán Villegas, la nombró secretaria de Salud. Un año después conoció al entonces diputado y luego senador Julio César Caicedo, considerado hombre clave del ex ministro y ex contralor Manuel Francisco Becerra Barney. Además, el padre de la congresista es primo del ex senador Carlos Abadía, por lo cual la presencia de Dilian Francisca Toro en la política se vio doblemente fortalecida.
Sin embargo, en 1995 estalló el escándalo del proceso 8.000 y entre los condenados aparecieron tanto el ex ministro Manuel Francisco Becerra Barney como el ex senador Carlos Abadía. Esta circunstancia precipitó un giro en las huestes políticas de ambos personajes y dentro del llamado movimiento Nueva Generación cobró protagonismo el nombre de la médica Dilian Francisca Toro. Primero intentó llegar a la Gobernación del Valle, pero fracasó y en 2002 accedió al Senado, heredando la curul dejada por su esposo.
A partir de entonces se disparó políticamente y la prueba es que en 2006 alcanzó 98.000 votos, que le permitieron la presidencia del Congreso para el período 2006-2007. No obstante, con el éxito también llegaron los problemas. Primero fue cuestionada por el Partido Liberal por haber votado en favor de la reelección presidencial y este hecho motivó su ingreso al Partido de la U. Y después se vino el escándalo de la parapolítica, en el que no demoró en ser sugerido el nombre de la congresista vallecaucana.
La primera persona en mencionarla fue la ex congresista Rocío Arias Hoyos, quien no sólo aseguró haber escuchado, aunque sin ser testigo presencial, que Dilian Francisca Toro tuvo relaciones con los grupos paramilitares, sino que acusó a uno de sus principales aliados y protegidos, el representante a la Cámara Luis Carlos Restrepo, de tener nexos con las autodefensas. Después se habló de un presunto anónimo donde se denunciaron aparentes vínculos de la congresista con jefes de los bloques Calima y Libertadores del Sur.
Finalmente, en julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra la senadora Dilian Francisca Toro, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento de fondo sobre el asunto. En cambio, lo que han proliferado son publicaciones de prensa que supuestamente relacionan su nombre o el de su esposo Julio César Caicedo con narcotraficantes del norte del Valle, primero con Víctor Patiño Fómeque y últimamente con Hernando Gómez Bustamante, conocido con el alias de Rasguño.
Respecto a Patiño Fómeque, en julio de 2008 se dijo que uno de sus hermanos le vendió un predio al empresario Julio César Caicedo. No obstante, éste sostuvo que lo hizo a una familia muy reconocida del Valle de apellido Becerra y que las pretensiones del narcotraficante eran ganar en sus acuerdos con la justicia de Estados Unidos y de paso extorsionar a su familia. El asunto nunca trascendió judicialmente, pues supuestamente fue una compra hecha de buena fe.
Aun así, hace dos semanas fue alias Rasguño quien volvió a sacar a flote el nombre de Dilian Francisca Toro, esta vez para presuntamente decir que entregó $300 millones para financiar la campaña de la senadora en 2002. Las versiones de prensa señalaron que la entrega del dinero se hizo a través del concejal de Cartago Ariel Rodríguez, conocido como El Flaco o El Diablo, esposo de la ex representante a la Cámara del Valle María Nancy Montoya.
“O lo engañaron y le dijeron que me habían dado la plata o hay un enemigo mío que está buscando que me perjudiquen”, comentó la senadora Dilian Francisca Toro. Y recordó que nunca trabajó políticamente con María Nancy Montoya y que, entre otros aspectos, el norte del Valle nunca fue su fortín político. “Por ejemplo, ella en Cartago sacó más de 13 mil votos y yo 619. En Ulloa ella consiguió 391 y yo 2. En Obando ella obtuvo 1.675 y yo 67”, le comentó a El Espectador.
Ahora vuelven a aparecer su nombre y el de su empresa, esta vez relacionados con el condenado Hans Barney Salazar, quien además de la pena a 72 meses de prisión por el delito de lavado de activos, fue reseñado por la Policía Nacional en julio de 2005, en desarrollo de la ‘Operación Patria 104’, esta vez porque al propio Barney y su núcleo familiar le fueron ocupados lotes, vehículos, garajes y establecimientos comerciales en Cali y Calima.
Vea los facsímiles sobre el documento donde se reporta el movimiento de la empresa de la senadora y Hans Barney Salazar, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en donde no acepta la casación del caso Barney, y el listado en donde Barney aparece como beneficiario de incentivos oficiales AQUÍ.