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El Ministerio de la Igualdad, la cartera más joven del gobierno Petro, al que recientemente la Corte Constitucional le tumbó la norma que le dio vida jurídica más allá de 2026, está operando hace dos semanas en un edificio que no pudo escapar a la controversia el año pasado. Se tratan de dos pisos del edificio Centro de Comercio Internacional, en el centro de Bogotá. Sus oficinas están en los mismos pisos que, para abril de 2023, iba a ocupar el Ministerio de Agricultura, cuando la jefa de esa cartera era Cecilia López.
Decisión que reversó Jhenifer Mojica, cuando reemplazó a López, señalando que le habían enviado una denuncia anónima, advirtiéndole que detrás de esa contratación habría un posible sobrecosto del 600 % en el contrato de arrendamiento con la empresa Famoc Depanel S.A.S., razón por la cual Mojica ordenó una indagación interna y expidió la Resolución 172, del 16 de junio de 2023, que declaró la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento. Es decir, se dio por terminado de manera unilateral y no existió desembolso de recursos públicos.
La Contraloría General de la Nación inició una auditoría de estos hechos, que terminó en diciembre de 2023, sin que se conociera a la fecha su conclusión. El Espectador pudo acceder a este informe que, de plano, descarta una investigación a fondo: “No existe detrimento patrimonial para el Estado que permita el inicio de la acción fiscal, conforme a la Ley 610 de 2000”, señala.
Sin embargo, sí retoma la denuncia enviada a la ministra por correo, el 16 de junio de 2023, para anotar que “si bien los valores en la denuncia no corresponden a los contractuales anteriormente enunciados, sí se logra determinar que existe una diferencia ostensible entre el valor por metro cuadrado contratado respecto de la cotización omitida en el proceso que configura daño al patrimonio del Estado”.
Es decir, aunque el ente de control no emitió ningún concepto sobre la denuncia, porque el dinero no alcanzó a ser desembolsado a la empresa, sí retomó el argumento de que había una cotización más económica para contratar las oficinas donde funcionaría este Ministerio y que la diferencia de costos era significativa.
Demanda millonaria al Estado
Famoc Depanel S.A.S., la empresa de la polémica, no es una recién aparecida en el negocio. Lleva más de 50 años en el mercado inmobiliario, arrendando sedes y oficinas, en especial a entidades del Estado, como la DIAN, la Unidad de Restitución de Tierras, el ICBF, el Fondo de Adaptación, entre otras. En junio de 2023, esa compañía interpuso un recurso de reposición contra la resolución que anuló el contrato, pero el Ministerio en la administración Mojica se mantuvo firme en su postura de que había sobrecostos.
Este diario conoció que la empresa, tras un pleito judicial de más de un año, tiene listo el documento de una millonaria demanda contra el Estado que interpondría en caso de no lograr ninguna conciliación ni con el Minagricultura o la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
El valor inicial que reclama la compañía por los posibles perjuicios ocasionados de la nulidad del contrato es de $3,000 millones, el mismo costo del contrato firmado. Sin embargo, no se descarta que, en caso de que el proceso llegue a un juicio, el valor pueda superar los $10.000 millones.
Sobre este caso, el informe de la Contraloría confirmó que, como no hubo desembolso de recursos por parte de la cartera de Agricultura, no era competente aperturar un proceso por posible detrimento patrimonial.
Consultado por este diario, el Ministerio de Agricultura afirmó que el contrato se reversó “por el sobrecosto del arriendo en comparación con el mercado”. Hace un año, cuando Famoc Depanel ganó el contrato con la cartera de Agricultura, el valor total firmado fue por $3.903 millones por el arriendo de seis pisos dentro del edificio Centro de Comercio Internacional. Es decir, el costo por metro cuadrado definido era de $109.999.
La herencia de una sede con líos
En el contrato vigente con el Ministerio de la Igualdad, que revisó este diario, el precio total contratado con la empresa mencionada es de $2.795 millones. Es decir, $111.900 por metro cuadrado, por dos pisos en el Centro de Comercio Internacional. Su oferta fue elegida entre otros siete proponentes, cuyas propuestas de arriendos para ser la sede del nuevo Ministerio oscilaban entre $110.000 y $134.900 por metro cuadrado.
Algunas de las razones que expuso esa cartera para elegir el edificio del Centro de Comercio Internacional como sede de las oficinas del Ministerio están asociadas a la seguridad de la vicepresidenta y ministra, Francia Márquez. Uno de los pisos arrendados es el piso 28, desde donde despacha la ejecutiva. “Cumple con los estándares de seguridad, toda vez que las edificaciones más cercanas no son predominantes sobre este y se encuentra en un nivel superior respecto a los edificios circundantes, situaciones favorables para su protección”.
También argumentaron que esta propuesta ofrece la posibilidad de que la ministra utilice un ascensor exclusivo para ella dentro de las instalaciones, por razones de seguridad, además de tener “control de acceso biométrico diferencial para cada piso, lo cual afianza la seguridad para la dignataria y su equipo de trabajo”.
Este diario buscó una respuesta formal de la cartera de la Igualdad, para conocer más detalles de la contratación de esta sede, y desde el área jurídica de la entidad confirmaron que no han existido desavenencias con el arrendador. Otras fuentes de esta entidad aseguraron no conocer el lío que empezó en la cartera de Agricultura, que hoy está en escenarios judiciales que podrían acarrearle al Estado una demanda millonaria.
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