17 Feb 2021 - 11:00 a. m.

“21 años después de la masacre, las cosas en El Salado no han cambiado mucho”: CCJ

La Comisión Colombiana de Juristas, representante de varios núcleos familiares víctimas de la masacre ocurrida entre el 16 y 20 de febrero del año 2000, advierte sobre precarias condiciones de seguridad en el territorio.

Este mes se cumplen 21 años de la masacre de El Salado ocurrida entre el 16 y 20 de febrero del año 2000, en el corregimiento de El Salado, ubicado en el municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar). Esos días quedaron marcados en la memoria de cientos de víctimas que lejos de obtener una reparación integral, siguen padeciendo a los actores criminales que se disputan el control de territorio. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) advierte que la población está siendo intimidada con amenazas que prometen repetir los hechos ocurridos. (Lea también: Defensoría pide a la Fiscalía proteger la vida de habitantes de El Salado)

Lo que vivió la población en el año 2000 fue una incursión paramilitar planeada por los jefes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la colaboración y el visto bueno de altos mandos de las Fuerzas Militares. Los hombres armados se tomaron el corregimiento. Al parecer, buscaban a Gustavo Rueda Díaz, alias Martín Caballero, comandante de los Frentes 35 y 37 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), pues supuestamente tenían información de que residía en El Salado.

Los paramilitares hurtaron las pertenencias de los pobladores, y destruyeron sus viviendas y las obras de infraestructura del pueblo. La comunidad fue obligada a aglomerarse en la cancha de microfútbol mientras presenciaba actos de violencia en contra de sus familiares, amigos y vecinas. Los hombres, tras ser seleccionados al azar, fueron víctimas de tratos crueles, tortura y asesinato en diversas modalidades. (Le puede interesar: Duque aprovecha viaje a El Salado para lanzarle dardos a la JEP)

La dinámica consistió en obligarlos a numerarse, y a quien le hubiera correspondido el número que los victimarios elegían, debía salir al frente para posteriormente ser asesinado, al son de varios instrumentos musicales, como si su muerte fuera una fiesta. Por su parte, las mujeres fueron víctimas de violencia sexual, luego de ser relacionadas como compañeras sentimentales de miembros de la guerrilla. De esta manera, se gestó la segunda y mayor ola de desplazamiento forzado del corregimiento.

La primera ocurrió el 23 de marzo de 1997, cuando militantes del grupo de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) ingresaron al corregimiento con lista en mano asesinando personas y ocasionando los primeros desplazamientos en la zona. Luego de estos dos episodios de horror y violencia, la comunidad de El Salado se ha organizado para resistir y exigir la reivindicación de sus derechos. Sin embargo, la CCJ, que representa a un total aproximado de mil víctimas, asegura que aunque las demandas de reparación integral son históricas, las indemnizaciones todavía no se han recibido, a pesar del tiempo transcurrido. Lo mismo ha ocurrido con las medidas en torno a la reparación colectiva de El Salado. (Noticia relacionada: La eterna violencia que atenta contra los liderazgos en los Montes de María)

“La atención en salud, con la que ha sido enfática la Corte Constitucional mediante la sentencia T-045/10, no satisface los requerimientos de continuidad y cobertura de toda la comunidad y de la diáspora de salaeros y salaeras que no retornaron a su tierra. Las diligencias de búsqueda de quienes se encuentran todavía desaparecidos tras la masacre se desarrollan con una lentitud exagerada. La verdad sobre lo sucedido no se conoce a plenitud. Y la suerte sobre el futuro del máximo comandante de las AUC, Salvatore Mancuso, que puede brindar importantes insumos al respecto (luego del cumplimiento de su condena por narcotráfico en USA), sigue siendo incierta”, señaló la Comisión.

En ese sentido, la abogada Damaris Martínez, miembro de la CCJ, le confirmó a este diario que, este último mes, la comunidad está siendo blanco de violencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial del corregimiento, mediante amenazas y hostigamientos de algunos de sus líderes y lideresas. La situación ha provocado desplazamiento forzado de personas y familias que se rehúsan a vivir, una vez más, otro episodio de violencia y conflicto. Además, la representante de las víctimas manifestó que, a la fecha, el corregimiento no cuenta con acueducto y el servicio de energía es precario.

“El llamado en términos generales es a que el Estado cumpla con las garantías de no repetición en torno de esta masacre y que las personas que todavía se encuentran en El Salado puedan contar con las garantías, no solamente de seguridad, sino también en términos de reparación individual y colectiva, en términos de salud, de verdad. Lo más complejo es que pese al paso del tiempo las cosas en El Salado no han cambiado mucho, por eso es que justamente nos encontramos en una situación en la que todavía hay presencia de grupos armados ilegales. No se trata de los mismos de hace 20 años, pero sí las estructuras han mutado, se han transformado y continúan disputándose el control territorial”, indicó. (Lea también: El Salado, abandonado de nuevo a su suerte)

Y es que según la CCJ, actualmente hay presencia y asentamiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) cerca a la vereda Espiritiano, la cual se encuentra a pocos seis kilómetros del Salado. “Desde la Comisión Colombiana de Juristas hacemos un llamado para que la conmemoración de los 21 años de la masacre que sacudió a El Salado en el año 2000 no solo sirva para recordar las graves violaciones a los derechos humanos que fueron perpetradas, sino para exigir al Estado colombiano la reparación integral que merece la comunidad salaera, con miras a garantizar que hechos de tal magnitud nunca más vuelvan a repetirse”, concluyó la Comisión.

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