21 años después, familia tiene los restos de mujer reclutada por las Farc
La labor la adelantó la Unidad de Búsqueda que la halló tras más de dos necropsias e investigaciones que permitieron dar con el paradero de sus restos.
Pasaron 21 años para que los familiares de Paola* tuvieran sus restos, luego de que fue reclutada a la fuerza por las extintas Farc y perdiera la vida en un combate con el Ejército. Hoy, sus hermanos, pueden darle cristiana sepultura porque la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas la encontró en cientos de expedientes en el que reposan las historias de los desaparecidos en el país.
Los familiares de Paola nunca perdieron la esperanza de encontrarla pese a que, oficialmente, la declararon como desaparecida en 2001 en la provincia de La Libertad en Boyacá, luego de que fue reclutada en 1998 a sus 17 años. Sus familiares, que recuerdan a Paola por su personalidad alegre, extrovertida y juguetona la recibieron hoy en una ceremonia solemne que se llevó a cabo en su tierra natal.
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Hallarla le llevó a las autoridades y entidades del Estado alrededor de 19 años. Su proceso fue como un rompecabezas que iban armando con el pasar de los días. La Unidad comparó y analizó la información de miles de necropsias practicadas a cuerpos no identificados y halló algunas coincidencias que daban luces que se trataba de Paola.
En medio de esa investigación se estableció que, en 2003, durante un enfrentamiento entre las Farc y el Ejército, Paola falleció junto a otras 15 personas: siete mujeres, tres de ellas menores de edad. Los cuerpos fueron sometidos a necropsias e inhumados como no identificados en el antiguo cementerio de Yopal.
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A partir de la información recabada, la Unidad de Búsqueda estableció que la Fiscalía hizo en 2003 el levantamiento de los cuerpos de las personas fallecidas, incluido el de Paola, y los entregó al Instituto de Medicina Legal, en donde les practicaron las necropsias. También encontró y analizó formatos de cuerpos no identificados, fotografías, muestras de necrodactilia y cartas dentales.
En ese rastreo, la Unidad halló que siete años después, en 2010, los cuerpos fueron exhumados por la Fiscalía y trasladados a Bogotá, debido a que el antiguo cementerio de Yopal iba a convertirse en un parque público y, por lo tanto, existía el riesgo de que con estas modificaciones las estructuras óseas desaparecieran.
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La Unidad de Búsqueda, en ese entonces, halló que el Instituto de Medicina Legal les practicó nuevas necropsias a los cuerpos y que las cargó en el Sirdec, una plataforma creada en 2007 para sistematizar la información de cuerpos sometidos a necropsias y registrar los procedimientos realizados.
Aunque hasta ese momento la Unidad no tenía hipótesis de identidad, encontró similitudes entre dos necropsias, una de 2003 y otra de 2010: ambas hacían referencia a un cuerpo de sexo femenino, de 1.56 metros de altura aproximada y de unos 19 años. A partir del análisis de odontología forense, la información relacionada con el estado de la dentadura de la víctima también coincidía.
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La investigación también encontró que una persona que conoció a Paola en las filas de las Farc se acercó a la Fiscalía en 2015 y aportó información sobre ella. Esta denuncia permitió que el ente acusador tomara muestras biológicas a dos de los hermanos de Paola, pero el resultado marcó un “mínimo de compatibilidad” y, por lo tanto, no fue suficiente para poder aproximar la identidad. De esta forma, el proceso de identificación fue archivado y el caso se cerró bajo el rótulo de “Información insuficiente’'.
Con base en esto, la familia de Paola buscó a la Unidad de Búsqueda e inició un proceso de construcción de confianza. “Queremos hacer la búsqueda con ustedes por lo de la confidencialidad”, indicó uno de sus hermanos. Ellos dieron información sobre Paola: entre otras señales particulares, las características de su dentadura y los tratamientos odontológicos a los que había sido sometida, así como los tatuajes y la cicatriz que tenía producto de una cirugía.
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Este análisis detallado, según la Unidad fue determinante. El diagnóstico de odontología forense sumado a la investigación extrajudicial de contexto le permitió a la Unidad concluir que el cuerpo al que hacían referencia las dos necropsias correspondían al de Paola.
“Gracias a Dios ya la trajimos a nuestro municipio, donde ella nació y creció. Al menos tenemos el orgullo de que ella se quedó en el camposanto donde están nuestros padres. Ellos fallecieron del afán de saber que ella estaba muerta; no tuvieron corazón de aguantar sino como un año”, dijo una hermana de Paola durante la ceremonia de entrega digna.
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Paola, se convirtió en una cifra más de la violencia que ha dejado el conflicto armado en el país, e hizo parte del proyecto que impulsó la Unidad para el proceso de identificación de los cadáveres en condición de no identificados en Colombia. Ese proceso se emprende en 2019 con el objetivo de establecer cuáles de los más de 25.000 cuerpos no identificados por el Instituto Medicina Legal podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Pasaron 21 años para que los familiares de Paola* tuvieran sus restos, luego de que fue reclutada a la fuerza por las extintas Farc y perdiera la vida en un combate con el Ejército. Hoy, sus hermanos, pueden darle cristiana sepultura porque la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas la encontró en cientos de expedientes en el que reposan las historias de los desaparecidos en el país.
Los familiares de Paola nunca perdieron la esperanza de encontrarla pese a que, oficialmente, la declararon como desaparecida en 2001 en la provincia de La Libertad en Boyacá, luego de que fue reclutada en 1998 a sus 17 años. Sus familiares, que recuerdan a Paola por su personalidad alegre, extrovertida y juguetona la recibieron hoy en una ceremonia solemne que se llevó a cabo en su tierra natal.
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En medio de esa investigación se estableció que, en 2003, durante un enfrentamiento entre las Farc y el Ejército, Paola falleció junto a otras 15 personas: siete mujeres, tres de ellas menores de edad. Los cuerpos fueron sometidos a necropsias e inhumados como no identificados en el antiguo cementerio de Yopal.
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En ese rastreo, la Unidad halló que siete años después, en 2010, los cuerpos fueron exhumados por la Fiscalía y trasladados a Bogotá, debido a que el antiguo cementerio de Yopal iba a convertirse en un parque público y, por lo tanto, existía el riesgo de que con estas modificaciones las estructuras óseas desaparecieran.
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La Unidad de Búsqueda, en ese entonces, halló que el Instituto de Medicina Legal les practicó nuevas necropsias a los cuerpos y que las cargó en el Sirdec, una plataforma creada en 2007 para sistematizar la información de cuerpos sometidos a necropsias y registrar los procedimientos realizados.
Aunque hasta ese momento la Unidad no tenía hipótesis de identidad, encontró similitudes entre dos necropsias, una de 2003 y otra de 2010: ambas hacían referencia a un cuerpo de sexo femenino, de 1.56 metros de altura aproximada y de unos 19 años. A partir del análisis de odontología forense, la información relacionada con el estado de la dentadura de la víctima también coincidía.
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Con base en esto, la familia de Paola buscó a la Unidad de Búsqueda e inició un proceso de construcción de confianza. “Queremos hacer la búsqueda con ustedes por lo de la confidencialidad”, indicó uno de sus hermanos. Ellos dieron información sobre Paola: entre otras señales particulares, las características de su dentadura y los tratamientos odontológicos a los que había sido sometida, así como los tatuajes y la cicatriz que tenía producto de una cirugía.
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“Gracias a Dios ya la trajimos a nuestro municipio, donde ella nació y creció. Al menos tenemos el orgullo de que ella se quedó en el camposanto donde están nuestros padres. Ellos fallecieron del afán de saber que ella estaba muerta; no tuvieron corazón de aguantar sino como un año”, dijo una hermana de Paola durante la ceremonia de entrega digna.
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Paola, se convirtió en una cifra más de la violencia que ha dejado el conflicto armado en el país, e hizo parte del proyecto que impulsó la Unidad para el proceso de identificación de los cadáveres en condición de no identificados en Colombia. Ese proceso se emprende en 2019 con el objetivo de establecer cuáles de los más de 25.000 cuerpos no identificados por el Instituto Medicina Legal podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
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