A la Fiscalía se le vuelve a caer el caso de poderosa comercializadora de oro

El Banco de la República vendio una parte de los lingotes de oro de las reservas internacionales.

Foto: Agencia Bloomberg

Cero y van dos. El expediente por supuesto lavado de activos por $2,4 billones contra 13 miembros de CIJ Gutiérrez, la más poderosa comercializadora de oro de Colombia en años, de nuevo queda reducido a ceros. Una jueza declaró nula la esperada nueva imputación de la Fiscalía, pues consideró que el ente investigador no fue claro a la hora de presentar su teoría del caso, un proceso que no ha tenido desarrollo desde 2019. Cambios de fiscales, tensiones en la entidad y exjefes paramilitares están relacionados.

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De acuerdo con la jueza del caso la Fiscalía no logró determinar cuál era el papel de las personas investigadas en la presunta red de lavado de dinero. “El despacho extrañó ese tema de la organización, cuál era el papel de cada uno en esa organización delictiva y para qué delitos. De lo escuchado en la audiencia es forzoso es concluir que la irregularidad por la cual se anuló por el juzgado cuarto Especializado no se ha subsanado”, señaló la jueza del caso.

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Además, la jueza del caso aseguró durante las audiencias que, una vez más, la investigación de la Fiscalía no era clara. “Manifestó (el ente investigador) que si bien es cierto había operaciones legales con CIJ Gutiérrez, también había las ilegales, entonces que lo ilegal contaminaba lo ilegal. Cuestión que debe ser traída a la imputación cuáles son los capitales legales, y cuáles los ilegales, cuestión con la cual no se cumplió (por parte de la Fiscalía)”, señaló la togada durante la audiencia de imputación, que duró seis días.

El origen

El 30 de octubre de 2020, un año y medio después del allanamiento a las instalaciones de CIJ Gutiérrez, una jueza especializada de Medellín anuló por primera vez todo el trabajo de la Fiscalía sobre el caso. En audiencia de acusación, citada para llevar a los procesados a juicio, la jefa del despacho argumentó que el ente investigador no entregó con claridad la hipótesis final de su pesquisa. Por tanto, podría violar el derecho a la defensa y debido proceso de los involucrados.

Antes, la misma jueza ya había llamado la atención de la Fiscalía y había señalado que, desde que se imputaron cargos en 2019, tres fiscales estuvieron a cargo de la investigación. Tal fue la dilación, entonces, que solo en el primer semestre de 2020 la acusación intentó hacerse en cuatro oportunidades. El primer obstáculo fue obra de la Fiscalía, pues presentó un escrito tan extenso como difícil de entender. Luego, llegó el COVID-19 y las diligencias no pudieron continuar.

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Durante la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, para abril de 2019, estuvo encargado el fiscal Rafael Francisco Rojas. No obstante, la entonces cabeza de la Dirección Contra el Lavado de Activos, Luz Ángela Bahamón Flórez, lo removió luego de que este no solicitara detención preventiva contra los 13 capturados. Luego, momentáneamente estuvo un fiscal de Medellín, para dejar todo en manos de Luis Enrique Gonzáles. Él presentó el primer escrito de acusación, por el cual la Fiscalía terminó regañada.

En este caso eran procesados el representante legal de CIJ Gutiérrez, Andrés Viera Gutiérrez; la exgerente de la comercializadora, Margarita Escobar; el exrevisor fiscal de la sociedad, Juan Muñoz Zapata, además del contador, Guillermo Antonio Rojas. También serán llamados a juicio los proveedores de oro Sebastián Vélez Flórez, Henry Hernández Remolina, Adolfo Olano León, Marisela Sanes Olmos, Elkin Pérez Yepes, Saúl Rojas Arroyave, José Ortiz Olarte, (hijo de un exalcalde de Marmato, municipio minero de Caldas), Joaquín Pérez Yepes y Enrique Tejada Segundo. Sus empresas, de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido parte de ese presunto lavado de activos.

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A pesar del fallido trámite procesal, este diario registró parte de la hipótesis de la Fiscalía. Dentro de esas supuestas operaciones fraudulentas halló que, entre 2006 y 2008, CIJ Gutiérrez realizó operaciones con la empresa de Jairo de Jesús Rendón, alias Germán Monsalve, hermano de los exjefes paramilitares Don Mario y El Alemán. El ente investigador dice que este también fue “pastor cristiano a través de Funpazcor”, la fundación fachada de los hermanos Castaño con la que despojaron las tierras de cientos de familias en Córdoba y Urabá.

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