11 May 2020 - 2:00 a. m.

La acusación de la Fiscalía contra las cabezas de CIJ Gutiérrez

Se trata de una de las comercializadoras de oro más grandes y antiguas de Colombia que operaba en Medellín y el Bajo Cauca. Sus exdirectivos son señalados de lavar $2,4 billones y de hacer negocios con miembros del paramilitarismo. El llamado a juicio se ha postergado por problemas en el escrito de acusación, la pandemia del COVID-19, entre otros motivos.
José David Escobar

José David Escobar

Periodista Judicial
La acusación de la Fiscalía contra las cabezas de CIJ Gutiérrez

Para el próximo 3 de junio quedó fijada la audiencia de lectura del escrito de acusación contra 13 integrantes y proveedores de una de las comercializadoras de oro más grandes y antiguas de Colombia: CIJ Gutiérrez, que operó en Medellín hasta abril de 2019, luego de que miembros del CTI de la Fiscalía se tomaron sus oficinas como pieza clave de la investigación contra una supuesta red de lavado de activos por cerca de $2,4 billones. Durante este primer semestre de 2020 la acusación se intentó hacer en cuatro oportunidades. La primera, en enero, cuando la jueza del caso le pidió al fiscal cambiar el escrito porque era extenso y poco claro.

Las otras tres audiencias se truncaron tras el inicio de la cuarentena por el COVID-19, un aplazamiento del juzgado y, hace tres semanas, porque el fiscal del proceso modificó el escrito de acusación a última hora y los abogados de la defensa no alcanzaron a revisarlo. El Espectador conoció esa última versión, en la que se dan detalles de cómo habría funcionado esa red entre 2006 y 2016, a través de empresas fachadas que le habrían dado apariencia de legalidad al oro. “Sus representantes legales, socios, accionistas y proveedores falsificaban documentos, (hacían) exportaciones ficticias (...) originadas por la comercialización de oro obtenido de la explotación ilícita de minas en Antioquia y Caldas”, dice la Fiscalía.

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Fuentes cercanas al expediente le contaron a este diario que parte del problema con el escrito de acusación radica en el constante cambio de fiscales que ha tenido el caso. Durante la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, en abril de 2019, estuvo el fiscal Rafael Francisco Rojas. Sin embargo, la entonces cabeza de la Dirección Contra el Lavado de Activos, Luz Ángela Bahamón Flórez, lo removió luego de que este no solicitara detención preventiva contra los 13 capturados. Actualmente, además de la cuarentena, los investigados cuentan con una medida restrictiva de la libertad: no pueden salir de Antioquia mientras el proceso penal avanza.

Luego de que una fiscal de Medellín momentáneamente se hiciera cargo del proceso, llegó a manejarlo Luis Enrique González. Fue él quien presentó el primer escrito de acusación, y recibió el llamado de atención por parte de la jueza al no ser claro y concreto el documento judicial. Este fue removido y su lugar fue ocupado por el fiscal Carlos Enrique Vieda, quien fungió como director de la Dirección contra el Lavado de Activos, mientras Bahamón Flórez pasó, por un corto período, a ser la directora contra las Finanzas Criminales durante el interinato del fiscal general (e) Fabio Espitia. Hasta la semana pasada, ella estuvo a la cabeza de esa unidad; fue relevada por Patricia Saavedra.

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Con este escrito, el ente investigador llamará a juicio al representante legal de CIJ Gutiérrez, Andrés Viera Gutiérrez; la exgerente de la comercializadora, Margarita Escobar; el exrevisor fiscal de la sociedad, Juan Muñoz Zapata, además del contador, Guillermo Antonio Rojas. También serán llamados a juicio los proveedores de oro Sebastián Vélez Flórez, Henry Hernández Remolina, Adolfo Olano León, Marisela Sanes Olmos, Elkin Pérez Yepes, Saúl Rojas Arroyave, José Ortiz Olarte, (hijo de un exalcalde de Marmato, municipio minero de Caldas), Joaquín Pérez Yepes y Enrique Tejada Segundo. Sus empresas, de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido parte de ese presunto lavado de activos.

La investigación inició por una serie de correos que llegaron al propio búnker de la Fiscalía, Presidencia, Senado, Ministerio de Defensa, Procuraduría, medios de comunicación, entre otros. Esa información fue enviada desde febrero de 2016 a julio de 2018, nueve meses antes de que el CTI allanara CIJ Gutiérrez. La Dirección contra el Lavado de Activos encontró negocios con personas muertas o inexistentes en la base de datos de la Registraduría, empresas de papel o usuarios del Sisbén. También operaciones con un miembro de un clan del paramilitarismo y de otra comercializadora de oro que terminó bajo la lupa del ente investigador.

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Dentro de esas supuestas operaciones fraudulentas halló que, entre 2006 y 2008, la compañía realizó operaciones con la empresa de Jairo de Jesús Rendón, alias Germán Monsalve, hermano de los exjefes paramilitares Don Mario y El Alemán. El ente investigador dice que este también fue “pastor cristiano a través de Funpazcor”, la fundación fachada de los hermanos Castaño con la que despojaron las tierras de cientos de familias en Córdoba y Urabá. También se identificó que, en 2010, CIJ Gutiérrez realizó operaciones por más de $1.900 millones con Jairo Escobar, alias El Zar del Oro, quien está condenado y preso por el asesinato de cuatro mineros en Remedios (Antioquia) y financiación de grupos criminales en el Bajo Cauca.

La comercializadora internacional creó las sociedades proveedoras Inversiones Havila Gold, Inversiones Oro Vélez, Inversiones La Concha Gold e Inversiones La Jagua Gold, “por lo que la misma compañía comercializadora de metales preciosos planeaba, organizaba, estructuraba, ejecutaba y controlaba a sus sociedades proveedoras”, dice la Fiscalía. Este mismo esquema empresarial, de acuerdo con el ente investigador, se detectó en la investigación de C.I. Goldex, dirigida por Jhon Uber Hernández, también señalado de lavar $2,3 billones y de tener relaciones con El Alemán, Don Mario y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también conocidas como el Clan del Golfo).

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“La sociedad CIJ Gutiérrez tiene un modo de operar idéntico a la que tuvo la Comercializadora Internacional Goldex, es decir, transó comercialmente con empresas fachadas (creadas para “facturar” la compraventa de metales preciosos) y se usaron nombres de personas inexistentes (personas reales, pero que no se dedican a la actividad o no la ejercieron para este caso particular). La DIAN, en sus facultades de fiscalización, no halló algunas de las empresas en el lugar que registran su domicilio, no ubicaron a las personas que proveen el recurso, lo que conllevó a desconocer costos y emitir las correspondientes sanciones administrativas”, dice la acusación.

Otra de las falencias que encontró la Fiscalía en CIJ, es que a mayo de 2015 la compañía no tenía implementado en su organización el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. “Sin embargo, lo hizo con posterioridad, pero este no cumplió su fin, ya que se presentaron operaciones comerciales ilícitas como compraventas con personas fallecidas e inexistentes, o que no realizaron la transacción, o su política de no realizar pagos en efectivo a proveedores de metales preciosos, etc., como una fachada para aparentar el cumplimiento de dicha obligación”, dice la Fiscalía.

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Se trata de falta de controles, dice la Fiscalía. Se permitió que la comercializadora internacional de oro, realizara pagos a las empresas Standar Gold de Colombia, Navar Asociados y Mineros Asociados del Nordeste, compañías que tienen como representante legal a Édgar Julio Erazo Córdoba, quien fue un hombre cercano a los exjefes paramilitares alias Macaco y Julián Bolívar. “Tiene relación con actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Tiene una condena por concierto para delinquir, sentencia anticipada en delitos contra la seguridad pública y terrorismo y un proceso vigente en la Fiscalía. Este hecho no fue reportado a la Unidad de Información y Análisis Financiero”, señaló el ente investigador.

Otro hecho que identificó la Fiscalía fue cómo CIJ Gutiérrez movió el dinero en un banco. La comercializadora le compraba a los mineros artesanales por adelantado el oro, o un porcentaje de lo que extrajeran, con el fin de que tuvieran un capital de trabajo. Luego, cuando estos entregaran el metal precioso, la compañía le pagaba la diferencia o los intereses, dependiendo el caso. Bancolombia, al ser la entidad financiera con más presencia a nivel nacional y, sobre todo, en poblaciones alejadas de las grandes urbes (como los pueblos mineros), era el banco por donde se entregaban los préstamos. CIJ también les prestó en efectivo a los mineros, pero, para evitar que los robaran, empezó a entregarles cheques.

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“El procedimiento especial que le creó Bancolombia a la comercializadora muestra, en la mayoría de los casos, que el dinero de propiedad de la compañía depositado en la entidad financiera cambia de lugar, pero no de dueño, al pasarlo a la transportadora de valores, con la ventaja de tenerlo líquido (efectivo disponible) y con la posibilidad de hacer todo tipo de pagos o entregas en efectivo, perdiéndose de esta manera la trazabilidad y desconociendo el receptor final del dinero”, afirma el escrito de acusación. El Espectador se contactó con la defensa de los investigados, quienes además de insistir en la inocencia de sus clientes, señalaron que prefieren no pronunciarse sobre el proceso penal por ahora.

La realización de las posteriores audiencias, que iniciarían la etapa de juicio, son una incertidumbre para los implicados en el caso. Una preocupación que comparten fiscales, abogados y jueces de este y otros procesos en donde la cantidad de pruebas e intervinientes pueden terminar siendo un dolor de cabeza. Los penalistas señalan que las audiencias de juicio, las cuales requieren una interacción entre las partes del proceso, como el interrogatorio de testigos, se puede ver truncado por eventuales problemas de conexión de internet y, por ende, le han pedido al Consejo de la Judicatura que avance en las medidas de bioseguridad para llevar a cabo este tipo de audiencias, que son más complejas.

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*Nota del editor: Luego de que El Espectador realizó esta publicación, el señor Edgar Julio Erázo Córdoba remitió a este medio de comunicación varios documentos con el fin de desvirtuar la afirmación hecha por el ente acusador en el escrito de acusación en contra de varios integrantes y proveedores de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez. De estos documentos, El Espectador concluye lo siguiente: (i) Que el señor Edgar Julio Erázo Córdoba no es el representante legal de las sociedades Standar Gold de Colombia, Navar Asociados y Mineros Asociados del Nordeste, (ii) Que mediante auto del 28 de septiembre de 2015, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, decretó la extinción de la pena de 33,4 meses de prisión impuesta al señor Edgar Julio Erázo Córdoba por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Antioquia el 17 de marzo de 2014, por el delito de concierto para delinquir agravado, (iii) Que el proceso de reintegración al cuál accedió el señor Edgar Julio Erázo Córdoba, culminó con éxito mediante resolución del 20 de noviembre de 2014 de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, (iv) Que de conformidad con comunicado del Grupo Jurídicos Delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, el señor Edgar Julio Erázo Córdoba no tiene registros activos en su contra”.

* Actualización de esta noticia: Con posterioridad a esta publicación, El Espectador tuvo conocimiento de la respuesta de fecha 28/01/2021 dada por la Fiscalía General de la Nación a la petición hecha por los apoderados de los representantes legales actuales de las sociedades Standar Gold de Colombia S.A.S., Navar Asociados S.A.S. y Mineros Asociados del Nordeste S.A.S., cuyos nombres responden a las iniciales FAHN y RFAV, en la que se afirma respecto a cada uno de ellos, que “a la fecha NO se encuentra vinculado a una investigación ni por nombre ni por número de cédula”.

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