Un juez penal con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en prisión a ocho de los presuntos implicados en el esquema de corrupción que, a través del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’, habría permitido el desfalco de COP 3,2 billones del Sistema General de Regalías (SGR) en 19 departamentos del país.
Según la Fiscalía General, entre los afectados con la medida están Esteban José Cleves Daza y el exalcalde de La Paz (Cesar), Martín Guillermo Zuleta Mieles. Además, otras cuatro personas deberán permanecer privadas de la libertad en sus lugares de residencia, mientras que una mujer seguirá vinculada a la investigación.
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Los procesados estarán privados de la libertad mientras su proceso penal avanza en los estrados judiciales, donde se determinará si son culpables o no. La captura de estas personas, y de otras cinco más, había sido confirmada por la Fiscalía el pasado 3 de agosto.
Un día después, el ente investigador anunció que compulsó copias contra siete gobernadores y exgobernadores que habrían estado relacionados con el esquema de corrupción. Según detalló la Fiscalía General, el presunto esquema de corrupción habría direccionado contratos utilizando el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’.
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Al parecer, los funcionarios públicos y particulares habrían utilizado este fondo para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte y recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros.
Según el investigador, para ejecutar estas acciones, los involucrados habrían “adoptado un manual de contratación propio mediante el cual adjudicaban contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos”.
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Asimismo, estableció que los contratos habrían sido direccionados mediante procesos presuntamente irregulares, los cuales fueron soportados en documentos, actas y registros falsos. Con estos, la red habría inducido a error a distintas autoridades para evadir los controles sobre la contratación pública.
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