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En la tarde de este miércoles 30 de septiembre, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Atlántico y el CTI, realizó una diligencia de allanamiento y registro en la sede de Activos por Colombia, en Barranquilla (Atlántico).
Activos por Colombia es el operador comercial y la plataforma digital de subastas electrónicas de la SAE. La diligencia se realizó el pasado domingo 27 de septiembre, luego de que la presidenta de la SAE, Diana Patricia Bravo Vélez, denunciara presuntos actos de corrupción y manipulación de sistemas con el fin de eliminar u ocultar información institucional a la nueva administración del Gobierno Nacional.
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Puntualmente, Bravo Vélez señala que la SAE habría recibido información que “advertía sobre una posible manipulación de los sistemas de información que podría incluir la eliminación de cuentas, archivos económicos y otra información institucional que eventualmente estaría siendo ocultada a la nueva administración designada por el Gobierno Nacional”.
El procedimiento fue liderado por la Fiscalía Novena Especializada de la Estructura de Apoyo, en coordinación con unidades contra la corrupción y delitos cibernéticos. También contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y, según detalló la SAE, fue declarado legal por un juez de control de garantías.
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“Los equipos tecnológicos incautados serán sometidos a análisis forenses para asegurar la evidencia digital y determinar las responsabilidades penales pertinentes, ratificando la instrucción de proteger el patrimonio público y colaborar de manera absoluta con la justicia”, se lee en el comunicado.
Asimismo, la presidenta de la SAE señaló que “serán esos análisis técnicos y la investigación de la Fiscalía los que permitan establecer si efectivamente existió manipulación, alteración o eliminación de archivos, correos, cuentas o cualquier información de la Sociedad de Activos Especiales”.
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A renglón seguido, detalló que, desde la nueva administración de la SAE, se pretende prestar toda la colaboración que requieran la Fiscalía, la Procuraduría y demás organismos de control. “Aquí no venimos a ocultar información ni intervenir en las investigaciones”, concluyó.
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