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25 Jan 2022 - 1:48 p. m.

Aborto: Colombia Justa Libres pide a la Corte Constitucional que “¡paren ya!”

David Cote, cabeza de lista del movimiento cristiano, le pidió a la Corte Constitucional que se aparte del debate del aborto y deje todo en manos de la Rama Legislativa. El mismo tribunal ha respondido que desde 1975 se han presentado 33 proyectos de ley en el Congreso y que ninguno avanzó.
Despenalización del aborto en Bogotá
Despenalización del aborto en Bogotá
Foto: Natalia Pedraza Bravo

El candidato a la Cámara por Colombia Justa Libres, David Gerardo Cote, inició su 25 de enero de 2022 enviando una petición al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Antonio José Lizarazo. A través de una comunicación pública, pidió a los magistrados y conjueces que conocen sobre la posible despenalización del aborto, apartarse de la discusión y dejarle tal responsabilidad al Congreso. Dijo que ese alto tribunal, en la práctica, “se ha convertido en la instancia con más poder en a estructura del Estado Colombiano”.

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A la fecha, la despenalización – o no – del aborto está en empate en la Corte Constitucional, donde cursan dos demandas ciudadanas que buscan eliminar ese delito del Código Penal. El pasado 21 de enero la votación quedó cuatro a cuatro y, desde entonces, del proceso conocen un par de conjueces: los juristas llamados a destrabar discusiones que queden en tablas. Juan Carlos Henao, conoce la ponencia -proyecto de sentencia- del magistrado Alberto Rojas, y Julio Andrés Ossa, analiza el texto de Lizarazo. Ambos proyectos son favorables a los demandantes y, con conjuez a bordo, la demanda que se debata primero dará el resultado para quienes están a favor y en contra.

Para Cote, la Corte Constitucional tendría un poder excesivo y debería, con la decisión a semanas de tomarse, abandonar la votación. “Las recientes actuaciones que se han surtido frente al estudio y trámite de las dos demandas que buscan la despenalización total del aborto en Colombia, han sido la gota que ha rebozado la copa, es evidente que ninguno de los puntos de la agenda progresista en Colombia se ha surtido por el órgano que la Constitución ha establecido como el competente (Congreso de la República)”, explicó.

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Cote no está contento con que la Corte Constitucional recurrentemente ordene a otras ramas del poder público, como el Legislativo, “qué hacer, cómo hacerlo y en cuanto tiempo hacerlo”. Para el político no tiene sentido que los nueve magistrados que componen la Sala Plena de la Corte decidan por todos los colombianos temas sensibles. “Permitan que se debata, en el fórum original, el fondo del tema, que se busque alternativas a través de las políticas públicas para generar condiciones en las cuales los no nacidos puedan llegar a una mejor sociedad, respeten las funciones de las otras ramas de poder público y no bloqueen más la sensible arquitectura constitucional”, concluyó.

Sin embargo, la Corte Constitucional ya ha alertado sobre el problema que ha sido para el Congreso legislar sobre el aborto. En 2020, el alto tribunal no se pronunció de fondo sobre una demanda de la abogada Natalia Bernal, quien durante años ha pedido penalizar por completo el aborto. Los magistrados que estuvieron en desacuerdo con ella explicaron, entre otras cosas, que desde 1975 han sido presentados 33 proyectos de ley sobre la práctica y ninguno ha tenido resultados. Desde 2006, cuando la Corte decidió que bajo tres causales se permite el aborto, se presentaron 15 proyectos. No ha habido resultados en el Congreso.

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“El Estado –incluyendo el Congreso de la República– puede prever otras formas de política pública frente a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, las que no necesariamente deben corresponder a una sanción penal, ni a prohibiciones de ninguna naturaleza. De esta forma, se podrán concebir nuevos instrumentos que permitan construir y maximizar la libertad, autonomía, seguridad e igualdad de todas las mujeres tales como programas de educación sexual, de ampliación de acceso a anticonceptivos. Incluida la anticoncepción de emergencia, campañas de reducción del embarazo adolescente, capacitación a funcionarios públicos”, explicaron los togados.

La dilación del Congreso se ha presentado también en otros escenarios. Según quedó registrado en la última sentencia sobre eutanasia, de mediados de 2021, la cual amplió el proceso a pacientes con estados no terminales, en el Congreso se han presentado un total de 18 proyectos de ley para regular el derecho a la muerte digna. Sin embargo, ninguno ha completado el trámite legislativo. “Es indispensable que el Congreso, a través de una ley estatutaria configure y desarrolle el contenido de este derecho”, explicó el alto tribunal.

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Y ampliaron su crítica al legislativo. “No hay precisión acerca de cómo debe realizarse el procedimiento, es decir, si es sólo a través de medicamentos o si el galeno podría optar por medios menos apacibles para poner fin a la vida de su paciente y aun así no tener que afrontar las consecuencias penales de dicho acto. Tampoco hay un marco normativo adecuado que permita evitar que el procedimiento sea solicitado por los padres de un menor que nació con alguna patología congénita, que le impida expresarse y pueda que le cause o no sufrimientos incompatibles con la concepción de una vida digna”, señalaron.

Cote aseguró que hay “millones de colombianos” que piensan al igual que él y, por tanto, hizo una petición especial a la Corte: “los exhorto a que ¡paren ya! de extralimitar el poder que les ha conferido la Constitución”. Incluso, pidió explicaciones sobre el conjuez Juan Carlos Henao, pues dejó sobre el aire una supuesta relación con los movimientos que buscan despenalizar el aborto. Henao, antiguo rector de la Universidad Externado de Colombia, fue uno de los asesores de gabinete negociador del Gobierno Santos en los acuerdos de Paz en la Habana, Cuba.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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