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Acusan a exgobernador de Santander por contrato irregular en construcción de colegio

El contrato fue suscrito para la construcción de un colegio en Suaita. Los hechos se remontan a 2021, cuando Aguilar Hurtado presuntamente ordenó la compra de un lote por COP 551 millones, donde se construiría el centro educativo.

El exgobernador Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado habría actuado irregularmente en planeación, contratación y ejecución del proyecto financiado con recursos de regalías.
El exgobernador Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado habría actuado irregularmente en planeación, contratación y ejecución del proyecto financiado con recursos de regalías.
Foto: Archivo Particular

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El exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en las etapas precontractual, contractual y de ejecución de un proyecto para construir un colegio con énfasis agrícola en Suaita (Santander).

Durante la audiencia, un fiscal delegado ante el alto tribunal lo acusó formalmente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Los hechos se remontan a 2021, cuando Aguilar Hurtado presuntamente ordenó la compra de un lote por COP 551 millones, donde se construiría el centro educativo.

En contexto: Imputan a exgobernador de Santander por contrato irregular en construcción de colegio

Según el ente investigador, la decisión se tomó pese a que un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura advirtió sobre las dificultades del terreno, debido a la presencia de fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años. Finalmente, el 7 de diciembre de 2022, el secretario de Infraestructura suscribió el contrato por delegación directa del gobernador.

El contrato se firmó por COP 15.280 millones, sin contar con estudios y diseños completos ni licencias ambientales. Además, el presupuesto no incluía la totalidad de las obras. Las cláusulas del negocio jurídico establecían que el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir los costos correspondientes.

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Sin embargo, al no contar con los recursos suficientes, en octubre de 2023 el contratista solicitó una adición de COP 6.500 millones, que fue aprobada. Con el primer desembolso, de COP 3.339 millones, realizó la compra del lote, ejecutó trabajos preliminares y adelantó movimientos de tierra.

La obra continuó, pero en febrero de 2024 tuvo que ser suspendida porque las construcciones realizadas tendrían que ser demolidas por razones ambientales. Según la investigación, la planeación tampoco habría contemplado los recursos necesarios para la planta docente del nuevo colegio ni verificado la existencia de estudiantes que ocuparan las aulas.

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Adicionalmente, la obra, al parecer, no era necesaria para la comunidad, pues ya existía un colegio con 10 sedes en distintas veredas. Fuentes de la Fiscalía consultadas por El Espectador señalaron que las presuntas irregularidades habrían ocasionado un detrimento patrimonial de COP 3.339 millones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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