Al interior de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se encuentra en curso una nueva indagación en contra de la excongresista Aida Merlano. En esta ocasión, se investigan las presuntas consignaciones que habría realizado Merlano, en 2015, a las campañas de Mauricio Salazar, actual alcalde de Pereira. En ese momento el funcionario se desempeñaba como representante a la Cámara por el departamento de Risaralda.
El caso llegó al alto tribunal en noviembre de 2023 y fue abierto debido a las declaraciones que entregó Merlano a un medio de comunicación en octubre del año pasado. El magistrado del caso, Marco Antonio Rueda, determinó que era necesaria la declaración de la excongresista para verificar los alcances de los señalamientos que había realizado.
Por otra parte, según expuso W Radio, la Corte se encuentra investigando el origen y destino del dinero que habría sido consignado por la excongresista a Juan Andrés Duque Bonilla, quien en ese momento era miembro de la UTL de Mauricio Salazar. Sumado a esto, el alto tribunal espera determinar si hubo irregularidades en la entrega de los recursos, los cuales presuntamente alcanzarían los $110 millones. Por este motivo, la Sala indaga tanto a Merlano como al actual alcalde de Pereira.
En un caso previo, debido a las declaraciones de la excongresista, se abrió un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia en contra de Arturo Char. Sin embargo, el implicado ha negado tajantemente su participación en cualquier hecho delictivo y además ha afirmado que demostrará su inocencia. Sin embargo, para el alto tribunal, existen pruebas de que el poderoso clan político, junto al empresario Julio Gerlein, fueron claves para poner a andar esa maquinaria de compra de votos en la Costa Caribe.
Según las denuncias de Merlano, Arturo Char no solo habría realizado un convenio político, supuestamente, para conseguir la elección de Aida Merlano en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la propia reelección de Arturo Char Chaljub en el Senado, sino que también se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos.
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