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El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, emitió un mensaje de alerta sobre la falta de recursos para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el cumplimiento de las primeras sentencias que emitirá la justicia transicional. El jefe de la entidad de veeduría habló su preocupación a solo dos semanas de que el tribunal especial publique las decisiones relacionadas con los macrocasos 01 y 03, de secuestro y falsos positivos, las primeras en la historia de la entidad.
El contralor Rodríguez advirtió por medio de un comunicado que “existe incertidumbre frente a los $500.000 millones que se requieren para la financiación de la reparación a las víctimas, las sanciones propias y el cumplimiento de las sentencias que se emitan como consecuencia de los macrocasos que atiende la Jurisdicción Especial para la Paz”.
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Según aseveró en el comunicado, el Ministerio de Hacienda aún no asigna los recursos necesarios dentro del Presupuesto General de la Nación para llevar a buen término las sanciones propias enmarcados en los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador-Reparador (TOAR) que adoptó la justicia transicional para sancionar a los máximos responsables de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno. A la fecha, solo se han desembolsado $20.000 millones.
La Contraloría asegura que, ante la JEP, se han acreditado más de 9.200 víctimas individuales y 340.000 personas integran grupos en calidad de víctimas colectivas. Sin embargo, la entidad observa que “presupuestalmente no se encuentran los recursos para los TOAR y no se vislumbra la financiación ni la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las mismas”.
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Asimismo, el órgano de control mencionó que no se tiene certeza sobre la financiación de los proyectos que las entidades definieron para la “implementación y ejecución de las sanciones propias”. Otro punto que “preocupa” a la Contraloría, es la administración de los bienes de las antiguas Farc.
En las auditorias de 2022 y 2024, realizadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se manifestó la baja monetización de estos bienes, lo que impide generar los recursos necesarios para la reparación de las víctimas del conflicto armado. Esto se suma al descontento que víctimas de los macrocasos 01 y 03 han manifestado por no sentirse completamente reparadas por medio de las sanciones propias que emitirá la justicia transicional.
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Por último, la Contraloría también advierte que se presentan debilidades en el sistema de Justicia Transicional respecto a la coordinación entre instituciones para implementar las sanciones y garantizar su financiación. Esto, dado que las sentencias de la JEP, indican un “mandato de hacer”; en ese sentido, el sistema de justicia debe “prever y asegurar su ejecución desde el punto de vista administrativo y financiero”, lo que implica el compromiso de todas entidades del Estado.
El pronunciamiento del contralor Rodríguez se dio justo después de que el Gobierno Nacional anunciara que había hecho un primer giro por $20.000 millones para la ejecución de las sentencias que se conocerán en septiembre, contra exintegrantes del Secretariado de las Farc y exmiembros de la Fuerza Pública implicados en secuestros en todo el país y en falsos positivos ejecutados en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar).
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“Mis colegas ya están discutiendo los dos proyectos de sentencia, que fueron radicados y serán analizados de manera conjunta. Hacia mediados del próximo mes ya se expiden las sentencias”, dijo esta semana el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Y agregó, sobre las discusiones de presupuestos que están por estos días activas en el Congreso, no deje de lado el funcionamiento de la justicia transicional.
“Es muy importante que en el proyecto de ley de presupuesto que discute el Congreso se incluyan las partidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las sentencias. Lo que tenemos ahora es apenas una cuota inicial”, concluyó el magistrado Ramelli.
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