![Saab está detenido en Cabo Verde desde junio, con un pedido de extradición de Estados Unidos.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/6ZGZZ3C6VRA7BKUBDTPPQ2XKJY.webp?auth=4ea37d1eb2e9813886d30d57d4dd8672c03ad8544de8c444eda6754f79d2f86b&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Este viernes, ante un juez de Barranquilla, la Fiscalía leyó el escrito de acusación en contra de Alex Saab, el colombiano que llegó a ser el contratista favorito del chavismo en Venezuela y a quien Estados Unidos no baja de testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Como contó, El Espectador el pasado 17 de junio, la Fiscalía General colombiana durante más de una década recopiló denuncias y pruebas de que Saab habría utilizado una sociedad de nombre Shatex para fingir exportaciones e importaciones, esquema que le habría permitido lavar millones de dólares.
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La Fiscalía explicó en un comunicado que Alex Nain Saab Moran, y el contador de Shatex, el también colombiano Devis José Mendoza Lapeira fueron llamados a juicio por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada, y exportación o importación ficticia. “La acusación precisó que este andamiaje criminal fue auspiciado por Mendoza Lapeira, quien, supuestamente, usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales”, señaló la entidad.
Ese “andamiaje criminal”, como contó este diario, se comenzó a indagar con base en dos denuncias: una del expresidente Álvaro Uribe Vélez y otra del Banco de Comercio Exterior (Bancóldex). La primera, porque en 2013 llegaron al correo electrónico de Uribe información sobre posibles importaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela de Saab y su empresa Fondo Global de Construcciones. Pero ya en 2009 Uribe había alertado a la Fiscalía de que Fondo Global de Construcciones, la cual proveía materiales de construcción a Venezuela, “podría ser una de las lavadoras de dinero de las Farc”.
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Ese “andamiaje criminal”, como contó este diario, se comenzó a indagar con base en dos denuncias: una del expresidente Álvaro Uribe Vélez y otra del Banco de Comercio Exterior (Bancóldex). La primera, porque en 2013 llegaron al correo electrónico de Uribe información sobre posibles importaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela de Saab y su empresa Fondo Global de Construcciones. Pero ya en 2009 Uribe había alertado a la Fiscalía de que Fondo Global de Construcciones, la cual proveía materiales de construcción a Venezuela, “podría ser una de las lavadoras de dinero de las Farc”.
Luego, en 2017, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) colombiana se sumó a las alertas, pues ya en otros países, como Ecuador, estaban poniéndole el ojo a los negocios de Saab. En el documento se reseñaban artículos de prensa y, de paso, operaciones de Shatez, empresa de la que el contratista barranquillero era representante legal, accionista y miembro de la junta directiva. Según el informe de la entidad financiera, Saab habría logrado mover más de USD$135 millones haciéndolos pasar por importaciones y exportaciones que habrían sido ficticias.
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La Fiscalía posteriormente encontró que Shatex se volvió en una “empresa de papel”, dice la Fiscalía, pues su nombre fue utilizado para justificar operaciones comerciales, aunque la compañía ya no existía. Y, los documentos demuestran que entre 2004 y 2008 Shatex realizó compras en el extranjero por poco más de $9.000 millones. No obstante, en los registros de las transferencias el ente investigador encontró que la compañía de Saab terminó sacando de Colombia divisas que casi que cuatriplican ese valor: más de $35.248 millones.
Así, aunque la Fiscalía había radicado este escrito de acusación desde diciembre de 2019, lo acusó hasta este 4 de septiembre. “Una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos señaló que Saab Morán, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones”, señaló la entidad en un comunicado.