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El representante a la cámara, Anatolio Hernández deberá rendir cuentas ante la Corte Suprema de Justicia por vincular a su Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) varias personas de quien se conoció no desarrollaron actividades que el político del Partido de la U certificó. La decisión de la Sala de Instrucción vincula formalmente a Hernández en una investigación por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
El expediente reposa en el despacho de la magistrada Cristina Lombana quien está por definir la fecha de indagatoria para el político que también tiene en su contra una demanda por perdida de investidura en el Consejo de Estado. En materia penal, la Corte lo investiga porque, además de certificar labores de personas que nunca hicieron, el político les pedía dinero.
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El miembro del Partido de la U, pese a completar casi un periodo en el legislativo sin que su nombre sonara, salió del anonimato gracias a un video en el que se le ve a la también congresista Jennifer Arias enseñando la manera en la que debía votar en el proyecto de ley que modificó la Ley de Garantías. La política le decía: Anatolio, vote sí. El proyecto de ley que muchos congresistas catalogaron como “un mico” fue tumbado durante el primer semestre de este año en la Corte Constitucional.
En octubre del año pasado, el político dijo que su voto “fue consciente”. “Me permito informar que mi votación por el SI, no solo fue consciente sino que, como parte de una bancada a la que pertenezco, y que también había votado positivo, me acogí a la decisión de partido”, expresó en su momento el político que hoy está en apuros judiciales.
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En cuanto al proceso que reposa en el Consejo de Estado se conoce que está en etapa de audiencias recopilando información sobre el mismo expediente por el que fue llamado por la Corte Suprema. El recurso lo presentó Raúl Emilson López, quien hizo parte del equipo del congresista. En el documento, el hombre expone que aunque fue contratado no tuvo inducción ni tampoco sabía cuáles eran sus funciones, y pese a ello, Hernández autorizaba el pago.
Además de eso, denunció que el congresista le solicitó un porcentaje de su salario por haberlo nombrado como parte de su Utl. El consejero Nicolás Yepes tiene en su despacho la versión de Hernández, el concepto de la Procuraduría y la denuncia en detalle de López, por lo que se prevé que durante las próximas semanas se resuelva si le da muerte política o si por el contrario lo deja vincular su vida en la política.
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