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El hijo de una integrante de la Mesa de Víctimas de Jamundí y dos firmantes del Acuerdo de Paz, que eran padre e hijo, fueron asesinados el 28 de agosto en hechos ocurridos en Valle del Cauca y Cauca. Los crímenes volvieron a encender las alertas por la situación de seguridad de quienes participan en procesos de víctimas, defensa de los derechos humanos y construcción de paz en el suroccidente del país.
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En Jamundí (Valle del Cauca), hombres armados ingresaron a la vivienda de Marleny Mamián, lideresa de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas, y se llevaron por la fuerza a su hijo, Jefferson Maquerry Mamián Santa Cruz. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el joven fue asesinado posteriormente.
El crimen generó el rechazo de la Mesa de Víctimas, que advirtió que la violencia contra líderes, defensores de derechos humanos y representantes de las víctimas no solo acaba con sus vidas, sino que también pretende intimidar a quienes trabajan por la verdad, la justicia y la paz en sus comunidades.
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“Rechazamos de manera categórica, contundente y total el asesinato de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y representantes de víctimas en nuestro país. Estos hechos criminales no solo arrebatan vidas, sino que buscan callar voces valientes”, señaló la organización en un comunicado.
La Mesa también reclamó al Estado medidas efectivas para proteger la vida y la integridad de quienes ejercen labores sociales en los territorios. Además, expresó su solidaridad con Marleny Mamián y su familia. Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre los responsables del homicidio ni sobre las circunstancias que rodearon la incursión armada.
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Ese mismo día, en la vereda La Primavera, zona rural de Cajibío (Cauca), fueron asesinados Yerlion Andrey Giraldo Marín y José Deifer Giraldo Herrera. Según la información divulgada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ambos eran firmantes del Acuerdo de Paz y tenían una relación de padre e hijo.
Los dos hombres habrían sido interceptados y retenidos por personas armadas que operan en esa zona del departamento. Horas después, sus cuerpos fueron encontrados con varios impactos de bala. Las autoridades todavía no han informado qué estructura estaría detrás del doble homicidio ni cuáles habrían sido sus motivaciones.
Indepaz señaló que, con estos dos casos, ya son diez los excombatientes de las antiguas Farc asesinados durante 2026. La cifra refleja la persistencia de los riesgos que enfrentan quienes dejaron las armas y se acogieron al proceso de reincorporación derivado del acuerdo firmado en 2016.
Habitantes y organizaciones sociales han advertido que varias comunidades rurales del Cauca permanecen en medio de disputas entre grupos armados que buscan controlar corredores estratégicos y economías ilegales. Ese escenario también afecta a líderes sociales, defensores de derechos humanos y familias vinculadas a los procesos de paz.
Tras los crímenes ocurridos en Jamundí y Cajibío, organizaciones del suroccidente pidieron reforzar la presencia institucional en las zonas rurales y adoptar medidas de protección que respondan a las condiciones particulares de cada territorio. Su llamado no se limita al aumento del pie de fuerza: también reclama investigaciones rápidas que permitan establecer quiénes ordenaron y ejecutaron los asesinatos.
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