La violencia contra líderes y lideresas sociales volvió a generar otra víctima. En la noche del jueves 5 de febrero fue asesinada Nancy Yaneth Valderrama Pinzón, de 58 años, presidenta de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Centenario, en la comuna 7 de Barrancabermeja (Santander). En el mismo ataque murió su hijo, Kevin Andrés Straus Valderrama, de 32 años.
De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, hombres armados irrumpieron en la vivienda de Valderrama Pinzón y abrieron fuego de manera indiscriminada contra ella y su hijo, matándolos en el acto. Hasta el momento no se reportan capturados por estos hechos.
Con el asesinato de Nancy Yaneth Valderrama Pinzón, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que ya son 12 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2026, una cifra que mantiene en alerta a organizaciones sociales y de derechos humanos en la región.
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En su alerta temprana de septiembre de 2025, la Defensoría del Pueblo señaló que en el marco de las elecciones que se aproximan, disidencias de las antiguas Farc, el Eln, el Clan del Golfo y estructuras de crimen organizado como Comandos de la Frontera estarían ejerciendo presiones contra la población política y los actores que intervienen en el proceso electoral. Estas acciones, según el organismo, se manifiestan a través de un panorama marcado por la violencia de género.
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El documento señala que los escenarios de violencia parten de la imposición de normas sociales de control que afectan de manera directa los procesos sociales y políticos de las mujeres, e incluyen la comisión de hechos como feminicidios, trans-feminicidios, reclutamiento forzado, violencia sexual, así como amenazas y hostigamientos.
De acuerdo con la Defensoría, el control social sobre las mujeres se ejerce mediante toques de queda, restricciones a la movilidad para asistir a espacios de participación, limitaciones para desarrollar actividades propias de las organizaciones y la prohibición de reunirse en espacios públicos.
A esto se suman prácticas de control sobre actividades comunitarias y la limitación de la protesta social, situaciones que han generado profundas fracturas en el tejido social y organizativo. En ese contexto, las lideresas sociales deben informar a los actores armados los motivos de sus desplazamientos y portar permisos de movilización expedidos por las Juntas de Acción Comunal (JAC).
Estas restricciones, advierte el organismo, generan tres efectos concretos: “el primero está dado con el retiro sistemático de las mujeres parte de organizaciones sociales y comunitarias, dada la zozobra y el terror por sus vidas y la de sus hijas e hijos”.
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Un segundo impacto recae sobre las comunidades, que han dejado de participar en actividades lideradas por mujeres, y un tercer efecto, derivado de los anteriores, es el aislamiento de las lideresas más visibles en los territorios, “lo que las hace más vulnerables a las violencias, así como a sufrir graves impactos en su salud emocional por sentirse solas y expuestas”.
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