Xiomara (así la llamaremos para proteger su identidad) se vinculó a las antiguas Farc cuando apenas tenía 10 años. Llegó al grupo armado porque fue a única opción que encontró para huir de la violencia sexual intrafamiliar. Su padrastro, cuidador a su cargo, la abusaba sexualmente; por lo que la organización ilegal fue el único camino para escapar. El caso de esta mujer es apenas un ejemplo de cómo funciona el reclutamiento en Colombia.
El reclutamiento de menores vuelve al debate público tras el asesinato de cuatro menores de edad indígenas del pueblo Murui, después de que huyeron del Estado Mayor Central, una disidencia de las FARC, el pasado 17 de mayo en la comunidad El Estrecho, límite entre Caquetá y Amazonas. El crimen fue denunciado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y confirmado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Lea también: Opiac denuncia asesinato de cuatro menores indígenas (no son los niños perdidos)
Sobre esta problemática, Juan Sebastian Campo, coordinador de proyectos en Benposta Nación de Muchachos, señaló que, aun cuando todo reclutamiento es forzado porque existen una serie de factores de vulnerabilidad que terminan por vincular a los menores a los grupos, en algunos casos, el prestigio que tenga el grupo armado dentro de la zona lleva a los menores a vincularse. No obstante, cuando se dan cuenta de las dificultades que implica vivir dentro de una estructura militar, es probable que algunos intenten escapar.
Miles de niñas, niños y adolescentes han ingresado a los grupos armados, porque existen otras condiciones de vulnerabilidad que determinan su vinculación sin contemplarlo como un acto voluntario: salir de la pobreza, ayudar a sus familias, escapar de otras situaciones de violencia, ser llevados de forma arbitraria; todas constituyen un crimen de guerra, una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Le puede interesar: Estado Mayor Central no ha respetado el cese bilateral: Comandante del Ejército
El caso de Xiomara, por ejemplo, hace parte del macrocaso que investiga el reclutamiento de menores de edad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el cual se detalló, desde 2021, que las Farc reclutaron al menos a 18.677 niños. Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, registró que ha recibido 15.696 solicitudes de búsqueda, de las cuales 1.871 son para buscar niños, niñas y adolescentes que, según las cifras, fueron reclutados y posteriormente desaparecidos en el contexto del conflicto armado.
Ante el reclutamiento forzado, en el marco de la conmemoración del Día del Niño, el pasado 28 de abril, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, emitió una comunicación dirigida a la representante especial del Secretario General para los Niños y el Conflicto Armado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la cual anunció que, solo en el primer trimestre del 2023, se identificaron 23 casos de reclutamiento de menores de edad.
Sin embargo, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) maneja otras cifras que podrían explicar que existe un subregistro de los casos. Según la organización, durante el mismo trimestre de este año, 36 menores fueron reclutados por grupos armados.
Diálogos de paz y el fortalecimiento de los grupos armados
Tras el reclutamiento y asesinato de cuatro niños indígenas del pueblo Murui, este lunes, el gobierno de Gustavo Petro anunció el cese al fuego con las disidencias de las FARC. La suspensión cobija a los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Sin embargo, por ahora, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central de las FARC (EMC), la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y las bandas criminales de Medellín, Buenaventura y Quibdó siguen en acercamientos y diálogos con el Gobierno.
Lea también: Gobierno suspende cese al fuego con disidencias de FARC en cuatro departamentos
Al respecto, Juan Sebastian Campo, señaló que: “Siempre cuando se anuncian diálogos de paz, los grupos intentan fortalecerse y en ese sentido siempre los niños y las niñas son las que llevan del bulto. Nosotros creemos que el incremento en los números de estos casos que se está dando, tienen que ver con eso”.
En el Valle del Cauca, por ejemplo, Coalico ha analizado situaciones de desplazamiento forzado de familias que tienen una relación directa con el reclutamiento, es decir, que huyen para evitar que sus hijos se vinculen a grupos armados. Sin embargo, el desplazamiento no es la única consecuencia ante la amenaza del reclutamiento. En Chocó, se han relacionado casos de suicidio con el riesgo de las comunidades étnicas frente al reclutamiento y que uno de los efectos sea el suicidio de niños y niñas.
Las disidencias no son las únicas que reclutan
A mediados de abril de este año, la Fundación Sumapaz alertó que siete niños y niñas de Yarumal (Antioquia) fueron llevados por la guerrilla del ELN hasta sus filas. Aunque el secretario de Gobierno de ese municipio, Mauricio Restrepo, dijo que la información que llegó de las comunidades evidenció que, al parecer, fueron cuatro menores, dos de ellos, mujeres menores de 17 años que estaban estudiando en el colegio de la zona y a quiénes el grupo armado ofreció una supuesta suma de dinero.
Lo anterior podría demostrar que son varios los grupos armados los que mantienen el crimen de guerra del reclutamiento a menores de edad. En los reportes que maneja Coalico se señala que, detrás de los casos, en su mayoría, están las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN.
Le puede interesar: Al menos 94 niños fueron reclutados por la Fuerza Pública en el conflicto: JEP
Sobre esto, en diálogo con este diario, Hilda Molano, coordinadora de la secretaría técnica de Coalico, dijo le preocupa que, en lo corrido de 2023, han aumentado los reportes de casos sin poder identificar el actor armado presuntamente responsable del reclutamiento; y agregó que el actual movimiento de los grupos sobre los territorios no permite saber quiénes están actuando de manera clara.
No obstante, explicó que, desde la organización, no pueden afirman un aumento del reclutamiento de menores, donde lo único determinante es que hay un subregistro, con el cual no es posible determinar con exactitud cuántos niños, niñas y adolescentes se están viendo afectados. “En los últimos dos años, ha venido en aumento precisamente por la amenaza de los actores armados contra las comunidades, en particular porque hacen la exigencia de no denunciar este tipo de situaciones”, dijo Molano.
Entre las razones para que los grupos asesinen a los menores reclutados, según el análisis de Molano, están: primero, evitar que la información de la cual se enteraron durante el reclutamiento sea difundida; segundo, que quien se arriesgue a escapar será asesinado; y tercero, evitar que las comunidades denuncien para mantener el control territorial y las sensaciones de zozobra y miedo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
