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La representante a la Cámara Karen Manrique llegó a Bogotá en las últimas horas para cumplir la orden de captura dictada en su contra por la Corte Suprema de Justicia en medio del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Tras su arribo a la capital, la congresista permanece en el búnker de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso de judicialización.
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De acuerdo con la información conocida, Manrique fue trasladada inicialmente a las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), donde se le practicó el procedimiento de reseña, toma de huellas y lectura de derechos. Una vez finalizado ese trámite, fue conducida al búnker de la Fiscalía, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales que adelantan el caso.
La congresista se había presentado ante la Policía en Tame, en el departamento de Arauca. Según se conoció, acudió a una estación de Policía la noche del miércoles 11 de marzo, aunque en ese momento aún no se había expedido formalmente la orden de captura ni el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) había emitido la respectiva boleta de encarcelamiento.
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En la tarde del jueves 12 fue trasladada a Bogotá en un avión antinarcóticos para hacer efectiva la orden de captura. Manrique, integrante de las curules de paz y reelegida en las elecciones del pasado 8 de marzo, es señalada de presuntamente estar involucrada en el entramado de corrupción de la Ungrd. La Corte también ordenó la captura de Manzur, congresista del Partido Conservador, quien se presentó voluntariamente en el búnker de la Fiscalía ante agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Los congresistas llamados a juicio
Además de las órdenes de captura, el alto tribunal decidió llamar a juicio a seis congresistas por el delito de cohecho impropio. Según la investigación, habrían aprobado créditos del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de proyectos de la Ungrd.
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En el proceso también aparecen mencionados los congresistas Liliana Esther Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, así como el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción tras estudiar una ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien concluyó que existen indicios suficientes sobre la posible participación de los seis políticos en el esquema de corrupción.
De acuerdo con el documento, la Corte cuenta con documentos, grabaciones y testimonios que apuntarían a que los congresistas habrían dado el visto bueno a créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos.
Las supuestas ofertas de recursos habrían llegado por órdenes, al parecer, de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quienes ya fueron imputados dentro del mismo caso y permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación.
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De los seis políticos investigados, dos resultaron reelegidos en las recientes elecciones: Manrique y Manzur. Sus procesos, junto con los de los demás implicados, pasarán ahora a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, que deberá asumir el juicio. Entre los primeros capturados por este escándalo estuvieron los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle.
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