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Una decena de interrogatorios y miles de horas de video de cámaras de seguridad continúan en análisis en la Dijín y la Fiscalía para judicializar a civiles armados que dispararon hacia manifestantes el 28 de mayo pasado en Cali. Los expedientes incluyen a Andrés Escobar, el único nombre que ha salido a relucir de los implicados, pero van mucho más allá, y fuentes consultadas aseguran que arrojarían resultados antes de que se acabe el año. A su vez, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, “por falta de fundamento”, se abstuvo de abrir investigación en contra del congresista del Centro Democrático Christian Garcés, denunciado por estos hechos.
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El 28 de mayo pasado, las manifestaciones del paro nacional de este año ya cumplían un mes y la tensión aumentó en Cali a niveles que llevaron al alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, a hablar de “un día fatídico, doloroso, que ha significado muerte”. Tras un mes de protestas, se registraron en la ciudad 13 homicidios, 34 heridos y, por primera vez, evidencias innegables de algo que había sido denunciado antes: civiles armados disparando contra manifestantes. Sucedió en la entrada al sector de Ciudad Jardín, en el sur de Cali, en los alrededores de la carrera 100 con calle 16. Es el mismo sector en el que, el 9 de mayo, resultaron heridos de bala miembros de la Guardia Indígena.
Videos que circularon por redes sociales registraron cómo, cerca del CAI de Ciudad Jardín, civiles con la cara descubierta, algunos hasta con chalecos y armamento largo, descargaban sus armas hacia las personas que se manifestaban, obligándolos a disiparse. La mayoría asegura haber usado armas traumáticas o de fogueo, que son de libre circulación. Los uniformados de la Policía que estaban alrededor de quienes disparaban no intervinieron ni capturaron a nadie. El director de la Dijín de la Policía, general Fernando Murillo, dijo al día siguiente que los uniformados “omitieron su deber” y anunció investigaciones. Entre otras cosas, se busca establecer si hubo algún grado de coordinación entre la Fuerza Pública y los civiles armados.
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En coordinación con la Fiscalía 94 de Derechos Humanos, asignada al caso, la Dijín y la Sijín han hecho seis inspecciones a distintos lugares de interés para las pesquisas, cinco exámenes balísticos y continúan en la evaluación de 3.140 horas de video de cámaras de seguridad de la zona, con las que buscan identificar plenamente quiénes dispararon. A su vez, han sido escuchadas en interrogatorio al menos diez personas que tienen la calidad de indiciadas y siete más rindieron entrevista. Fuentes indican que, si bien el primero llamado a interrogatorio fue Andrés Escobar, el hombre que salió a decir que buscaban defenderse, las investigaciones no están centradas solamente en él.
Al menos tres denuncias formales llegaron a la Fiscalía por lo ocurrido el 28 de mayo: una del abogado Sebastián Caballero, otra del abogado Élmer Montaña y una más del senador Iván Cepeda. Caballero es el defensor del músico Álvaro Herrera, quien ese día se encontraba cerca de la manifestación, y asegura haber sido encañonado y detenido por los civiles armados, quienes luego lo entregaron a la Policía. Ahora, su abogado pide que se investigue tentativa de homicidio, de desaparición forzada —pues inicialmente las autoridades negaron que Herrera estuviera detenido— y concierto para delinquir.
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Sobre este último delito hay una fuerte discusión, pues para imputarlo habría que probar que hubo alguna coordinación entre los civiles y que su unión pretendía permanecer en el tiempo. En referencia a esta situación, las denuncias hablan de reuniones previas entre habitantes de Ciudad Jardín, el congresista Christian Garcés y miembros de la Policía en las que se habría acordado la creación de un supuesto grupo de autodefensa para enfrentar la violencia que se tomó a Cali en el paro nacional. Además, los denunciantes citan publicaciones del portal Cuestión Pública como evidencia, pues una investigación de ese medio llegó a la conclusión de que sí se realizaron reuniones para concretar el plan.
Hasta el momento, a pesar de que entre los interrogados hay policías, las pesquisas no han evidenciado algún grado de organización entre los implicados. Los uniformados de los videos ni siquiera pertenecen a ese sector de Cali, sino que fueron asignados ese día para prestar apoyo en las protestas. Ahora bien, la Policía ya abrió un proceso disciplinario para investigar posibles omisiones y la justicia penal militar abrió otro más, que pelea jurisdicción con la Fiscalía. En el ente investigador, mientras tanto, le han puesto la lupa al caso del músico Herrera. En concreto, a quienes lo golpearon y a los agentes que lo mantuvieron detenido.
La denuncia contra Garcés
Por cuenta de su presencia en esas reuniones, el abogado Montaña denunció al congresista Garcés ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Sin embargo, la denuncia fue inadmitida en la última semana, pues, a juicio de los magistrados, es “un señalamiento vago, abstracto y generalizado”. En el documento, el alto tribunal reprochó el uso de la investigación de Cuestión Pública, como prueba en la denuncia, pues allí se concluyó, (al parcer sin pruebas) que en las reuniones con Policía y habitantes de Ciudad Jardín se conformó un grupo de autodefensa. “Constituye una aseveración sin asidero distinto a un comentario soportado en inferencias y valoraciones propias de quién o quiénes hayan redactado la publicación”, dijo la Corte.
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Garcés le dijo a este diario: “El auto de la Corte expresa claramente que usaron mi actuación como congresista para insinuar que fui parte de actos criminales. Utilizaron la reunión a la que fui invitado por las Juntas de Acción Comunal de la Comuna 22, donde me expresaron su preocupación por el vandalismo y me pidieron hacerle un llamado a la Policía. La utilizaron para decir que ahí se coordinó la conformación de grupos armados de civiles, sin ninguna prueba”. Además, pidió que las investigaciones en curso distingan entre los grupos armados que hicieron presencia en Cali y los ciudadanos que “vieron amenazada su vida y ejercieron su derecho a la legítima defensa”.
El abogado Élmer Montaña, quien denunció a Garcés, se refirió a los hechos. “Yo respeto la decisión de la Corte como ciudadano y como abogado. Lo que la Corte está aplicando es una especie de justicia salomónica de no desequilibrar para ningún lado. Pero sí lamento que la Sala de Instrucción no haya llevado labor de investigación alguna para establecer si Garcés tenía algún grado de involucramiento con estos grupos de civiles armados”. Y aseguró que, en su criterio, los involucrados sí podrían ser procesados por concierto para delinquir, pues salieron a las calles con el fin de reemplazar a la Fuerza Pública y con una intención de permanencia en el tiempo: la duración del paro.
Con la investigación en contra de Garcés cerrada, la Fiscalía sigue investigando a los civiles que, como en el caso de Andrés Escobar, habrían disparado contra civiles. Este año podrían tener los primeros avances concretos.