Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla. Estos son los nombres de los supuestos responsables del atentado contra la Escuela de Policía General Santander, perpetrado en enero de 2019 y que dejó 22 uniformados muertos. Estas cinco personas, quienes son señalados de pertenecer a la guerrilla del ELN, vuelven a ser noticia, pues un alto tribunal acaba de tomar una decisión a su favor.
Lea: Condenan a lavadores de dinero vinculado a atentado a la Escuela General Santander
La Corte Suprema de Justicia acaba de dejar en firme la decisión de un juez que los dejó en libertad en febrero pasado, luego de que se comprobara que se vencieron los términos. Es decir: que los procesados ya cumplieron con el máximo tiempo estipulado en la ley para permanecer detenido de manera preventiva sin que se haya iniciado el juicio en su contra.
(En contexto: Capturan a ocho personas que estarían involucradas en atentado en Escuela General Santander)
La reciente condena
Esta decisión de la Corte Suprema se conoce justo 24 horas después de que uno de los implicados en el atentado fuera condenado. Se trata de Wilson Arévalo Hernández alias Chaco, quien fue condenado a 17 años de prisión al comprobarse que fue uno de los financiadores del atentado. Las evidencias demostraron que este hombre, mediante una empresa fachada de lácteos, financió este ataque terrorista. Además, deberá pagar una multa equivalente a 4.900 salarios mínimos mensuales.
Las pruebas demostraron que Chaco perteneció al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Por lo que frecuentó los campamentos en zona de frontera con Venezuela, llevó víveres y otros elementos, ocultó dineros ilícitos y obtuvo nuevos recursos para sostener las distintas estructuras ilegales en Arauca y Casanare. Además, constituyó la empresa de lácteos Villa Esperanza, con la cual se financió el atentado a la Escuela General Santander.
Esta empresa de lácteos, según el fallo, sirvió para transformar dineros producto del cobro de extorsiones y secuestros en el oriente del país. Además, las ganancias de la venta de quesos y distintos productos fueron usadas para cubrir económicamente varios actos terroristas, como el atentado a la Escuela de Policía, ubicada en el sur de Bogotá. Análisis contables demostraron que esta empresa fue creada con un capital de más de tres millones de pesos, con Wilson Arévalo como único empleado, y entre 2012 y 2017, recibió 337 consignaciones por $4.530 millones de pesos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.