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6 Dec 2021 - 5:10 p. m.

Sergio Fajardo es formalmente acusado por contrato en la Gobernación de Antioquia

La Fiscalía acusó al precandidato presidencial por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos. La investigación apunta a que cometió presuntas irregularidades en un contrato de 2013 para pagar una millonaria deuda en la Gobernación de Antioquia.
Sergio Fajardo está en juicio penal y fue declarado, hace dos semanas, nuevamente responsable fiscal por la emergencia de Hidroituango.
Sergio Fajardo está en juicio penal y fue declarado, hace dos semanas, nuevamente responsable fiscal por la emergencia de Hidroituango.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Sergio Fajardo, precandidato para las próximas elecciones presidenciales de 2022, irá oficialmente a juicio penal. La Fiscalía lo acaba de acusar ante la Corte Suprema por los delitos de peculado por apropiación (irregular administración de dineros públicos) y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por un negocio de 2013 cuando era gobernador de Antioquia. Por ahora, la alta corte declaró víctimas a la Contraloría y a la misma gobernación.

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De acuerdo con la magistrada que lleva el caso, la Contraloría tiene como objetivo “salvaguardar los intereses patrimoniales del Estado y cuenta con la facultad de intervenir en procesos por delitos contra la administración pública”. La togada señaló que la regional Antioquia del órgano de control tiene entre sus documentos el registro de la deuda y la auditoria de la misma, como medida de análisis de la situación fiscal. Por tanto, está legitimada.

Según ha asegurado la Fiscalía, el proceso en contra de Fajardo radica en un acuerdo de empréstito -préstamo que hace una entidad financiera a una institución del Estado- entre el banco Corpbanca y la Gobernación de Antioquia. Ese negocio, dice la acusación, habría terminado en un detrimento de recursos públicos. El acuerdo fue por US$77 millones de dólares, pero le habría terminado costando a la administración US$98 millones de dólares.

Lea: “Nunca en mi vida he cometido un delito”: Fajardo sobre acusación de Fiscalía

La Fiscalía le reprochó a Fajardo, entre otras cosas, que al momento del desembolso, el dólar costaba $1.926, y en 2015 ya superaba los $3.140. Fajardo ha considerado este argumento un absurdo: “Adivinar la volatilidad del precio del dólar es imposible y en 2013, que firmé el contrato por el que se me acusa, cumplí con todos los requisitos de ley. Espero que el fiscal no modifique nuevamente sus argumentos y la Corte le ordene entregar las pruebas que dice tener en mi contra”, señaló el mes pasado, cuando se conoció la fecha y hora de su audiencia de acusación.

De acuerdo con la acusación, el contrato tenía la intención de pagar una serie de deudas de la Gobernación con tres bancos diferentes. Una con el banco BBVA, por $82.075 millones; otra con Bancolombia, por $99.450 millones, y la última con Corpbanca, del orden de $2.971 millones. En ese negocio se contempló que el desembolso del dinero y el pago de los intereses se realizarían con base en el peso colombiano, a la tasa de cambio de dólares. El ente investigador sostiene que eso conllevó a un detrimento patrimonial, dado que en tres años el dólar aumentó en $1.214 y la Gobernación terminó pagando la diferencia.

Para la Fiscalía, no se trató de una equivocación del empleo de la moneda extranjera, por no predecir las variaciones del peso. Según la acusación, Fajardo, el Comité Financiero y Tesorería del departamento de Antioquia, habrían permitido el provecho de un tercero. El negocio debía, según la hipótesis, terminar en la sustitución de las otras deudas y no en la generación de gastos adicionales. A Fajardo se le reprocha, por otro lado, que su administración tenía deuda con Corpbanca, el banco con el que después se firmó el contrato de empréstito.

De acuerdo con el registro de deuda pública que administra la Contraloría, a corte de marzo de 2021 se tiene conocimiento de 5.512 operaciones de crédito público, como el empréstito solicitado por la Gobernación de Antioquia. De ellos, solo 319 corresponde a operaciones en dólares. Según el órgano de control, no existe norma jurídica que prohíba la adquisición de deuda en dólares en estos casos, sin embargo, el análisis debe hacerse desde el punto de vista de la gestión financiera, como establece el decreto que reglamenta las operaciones de crédito público. Es decir, que el beneficio sea mayor al costo.

Durante la audiencia de acusación, la defensa de Sergio Fajardo pidió a la Fiscalía que adicionara frases a los hechos que plasmó en su escrito de acusación. Por ejemplo, en el documento, el ente investigador señaló que la selección de los contratistas no se dio de manera transparente. Se habla del banco Corpbanca y el Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA), encargados de otorgar el empréstito. El abogado Mauricio Pava señaló que el proceso de contratación fue aprobado por el Findeter, una entidad del Estado que tiene entre sus funciones ayudar a municipios y departamentos a mejorar sus finanzas.

No obstante, el fiscal del caso señaló que la defensa de Fajardo pretendía hacer un “control material de la acusación”. Explicó que cada una de las adiciones que Pava intentó fueran aclaradas en el documento parten solo de sus “apreciaciones” y que la Fiscalía cumple con sus funciones institucionales contra el exgobernador. Entonces, llevando a Fajardo a juicio penal, el ente investigador se comprometió a probar su teoría del caso.

Hidroituango, el otro dolor de cabeza

Hace dos semanas, en un proceso de segunda instancia, la Contraloría dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el caso Hidroituango. Se trata de la hidroeléctrica que fue epicentro de una angustiosa emergencia en 2018 y que, según los proyectos, ya debería suministrar el 17% de la energía eléctrica del país. Entre los responsables, según el órgano de control, está Fajardo como gobernador de Antioquia en el periodo 2012-2016.

La decisión de la Contraloría compromete a 26 personas, entre naturales y jurídicas. La raíz de la emergencia, según la entidad, fue una acumulación de atrasos que se remontan a la construcción de las vías de acceso al sitio donde se excavarían los túneles de desviación del río Cauca. Piezas claves de la infraestructura de la hidroeléctrica. En general, señala deficiencias administrativas que al parecer terminaron en la emergencia. El fallo en segunda instancia podría terminar con las aspiraciones presidenciales de Fajardo, pues según el Código Disciplinario Único, quien haya sido declarado responsable fiscalmente quedará inhábil para ejercer cargos públicos durante cinco años.

En contexto: En firme fallo por caso Hidroituango: ¿cómo afecta a Sergio Fajardo?

Mauricio Pava, abogado de Fajardo, dijo una vez se conoció la decisión que el fallo de la Contraloría está en control de legalidad en el Consejo de Estado, un órgano a su juicio más imparcial. “Estamos viendo cómo a Fajardo le impedimos el ejercicio de sus derechos políticos”, explicó en entrevista radial. Incluso, el pasado 30 de noviembre Fajardo anunció que llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El político dijo que la Contraloría es una institución con “corrupción y deshonestidad”.

El candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza explicó que el fallo de la Contraloría no lo inhabilita y que seguirá firme en intentar llegar a la Casa de Nariño. “Además, como el contralor Carlos Felipe Córdoba prejuzgó, anticipando el sentido del fallo, cumpliremos también la cita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para insistir en las medidas cautelares que solicitamos tiempo atrás. Nada nos impide seguir en la carrera por la Presidencia. Vamos a seguir y vamos a ganar”, dijo en un comunicado.

Lea: Sergio Fajardo y el contralor Córdoba se enfrentan en Austria por Hidroituango

La defensa de Fajardo, además, informó sobre su caso por Hidroituango a la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), con sede en Austria. Allí, el candidato alega que la Contraloría de Felipe Córdoba mantiene una “cuestionable independencia” y “falta de garantías procesales”. Intosai es de alta importancia para las contralorías del mundo, pues muchas de esas entidades -incluida la nacional- basan sus normas de control y vigilancia en sus estándares internacionales de auditoría.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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