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Aumenta el desplazamiento en Catatumbo por combates entre Eln y disidencias de las Farc

La Defensora del Pueblo alertó sobre el recrudecimiento del conflicto en la región del Catatumbo, que ha obligado a miles de familias a desplazarse en medio de combates entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Iris Marín Ortiz, jefe de la entidad, exigió medidas urgentes para proteger a la población civil en medio de la creciente violencia.

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30 de diciembre de 2025 - 03:33 p. m.
El pasado 29 de diciembre, la Defensoría había señalado que, hasta ese momento, alrededor de 78.000 personas habían sido desplazadas del Catatumbo.
El pasado 29 de diciembre, la Defensoría había señalado que, hasta ese momento, alrededor de 78.000 personas habían sido desplazadas del Catatumbo.
Foto: EFE - Ana Inés Vega
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Continúa la alerta por el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo (Norte de Santander). La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó este 30 de diciembre que hay registros del desplazamiento forzado de al menos 100 familias que llegaron a la ciudad de Cúcuta y 15 más al municipio de Ocaña, provenientes de otras poblaciones como Tibú.

“Se suman a las que habían llegado desplazadas en los días pasados, a quienes han llegado al casco de Tibú y a quienes no pueden salir por el uso de drones, la toma de poblaciones y los combates que persisten”, indicó la defensora del Pueblo por medio de una publicación en su cuenta de X. Pidió atender la situación que desde enero de 2025 azota a esa región del país.

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A través de un comunicado entregado por la Defensoría del Pueblo el pasado 29 de diciembre, la entidad confirmó que el conflicto, que ha estado activo desde el 16 de enero, ha generado poco más de 78.000 desplazamientos forzados, solo en la última semana. Esto, debido a la intensificación de los combates el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Según indicó la Defensoría, el riesgo y la vulneración masiva de derechos humanos se focalizan en la cabecera urbana, en los corregimientos de Reyes de Campo Dos, Pacelli y La Gabarra, así como en las veredas Versalles, Oru 7, Campo Seis y Caño Indio, del municipio de Tibú. Este último tiene una ubicación estratégica debido a su extenso límite fronterizo con Venezuela, “lo que facilita el tránsito irregular y lo convierte en un corredor de movilidad y de economías ilícitas de alto valor para los grupos armados”.

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Además, señaló que tanto la Alcaldía de Cúcuta como la de Tibú tienen capacidades limitadas para atender los recientes desplazamientos y confinamientos. Asimismo, integrantes de la Mesa de Víctimas han solicitado caravanas humanitarias para ingresar a los territorios de Tibú y brindar ayuda a quienes se encuentran confinados.

Por ello, la Defensoría recomendó que las alcaldías, de manera articulada con la Unidad para las Víctimas, desplieguen y fortalezcan la ruta de atención “para garantizar la atención humanitaria en la etapa de inmediatez y en el marco de los principios de concurrencia, subsidiariedad y corresponsabilidad”. Además, indicó que se requieren mayores capacidades en los entes territoriales para la ayuda humanitaria, los kits de emergencia, el censo y el alojamiento.

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También instó al Ministerio del Interior a coordinar una respuesta rápida con las autoridades nacionales y territoriales para implementar las recomendaciones ya emitidas en las alertas tempranas de la Defensoría. Asimismo, se dirigió a los grupos armados, instándolos a cesar de inmediato las confrontaciones y a permitir la activación de corredores humanitarios.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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