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La ong estadounidense Human Right Watch (HRW) publicó su informe anual sobre los derechos humanos en 2021 y Colombia, nuevamente, se rajó. En el capítulo colombiano de la organización concluye que el año pasado las cifras de violación a los derechos humanos aumentaron en el país. El documento da cuenta de los casos de desplazamiento forzado, amenazas, abusos de fuerza y asesinatos que ocurrieron en el territorio nacional, concluyendo que las medidas del actual gobierno para proteger estos derechos son insuficientes. Un panorama similar al que presentó otro informe de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos en el país.
En 2021, Colombia vivió una represión policial sin precedentes en su historia reciente y un preocupante aumento en la violencia por parte de grupos armados.
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) January 13, 2022
Lean aquí el capítulo sobre Colombia en nuestro Informe Mundial 2022: https://t.co/yGTyZS1yeA
En el caso de HRW, el documento que publicaron sostiene que “la población civil en varias regiones del país sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidencias de las Farc y grupos sucesores del paramilitarismo”. Asimismo, ubica como responsables de estas violaciones a otros actores, incluso agentes del Estado como la Policía, la cual “dispersó de manera arbitraria manifestaciones pacíficas e incurrió en un uso excesivo —y a menudo brutal— de la fuerza, que incluyó el empleo de municiones letales y violencia de género”.
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De acuerdo con esta organización, la situación actual del país en cuanto a derechos humanos se refiere, ha agravado problemas que viene de tiempo atrás. Según HRW, los casos “que persisten en el país incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos, y las condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas y afrocolombianas”.
Guerrillas y disidencias
Entre los agentes armados que agravaron la situación de derechos humanos el año pasado están el Eln y las disidencias de las Farc. La información que tiene HRW da cuenta de que “la Oficina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 76 masacres durante 2020 —la cifra más alta desde 2014— y recibió información sobre otras 82 entre enero y septiembre de 2021″. De la misma manera, en los departamentos de Nariño y Chocó sufrieron una especial afectación por cuenta de estos grupos.
En concordancia, el informe de la ONU que se conoció hace unos días tiene registro de que entre junio de 2019 y junio de 2021, hasta donde se pudo verificar la información por cuenta de la pandemia, estos grupos habrían reclutado y utilizado “220 niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. Esto, a menudo, desembocó en otras violaciones graves como la matanza o mutilación de 24 menores”. Lo registrado por la ONU da cuenta de que “un total de 118 niños, niñas y adolescentes, algunos de tan solo dos años, fueron asesinados (78) y mutilados (40). Tres de ellos eran venezolanos”.
Herederos del paramilitarismo
Para HRW, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas comúnmente como el Clan del Golfo, provocaron que a finales de julio de 2021 ocurriera un desplazamiento masivo en Antioquia. Según la organización, “los combates entre las AGC y una disidencia de las FARC, así como las amenazas de grupos armados, obligaron a más de 4.000 personas a huir del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia”.
El riesgo para líderes sociales
También así, las organizaciones reportaron que los líderes sociales en Colombia fueron de los más afectados en materia de derechos humanos. “Hasta septiembre, la ACNUDH había documentado el asesinato de 58 defensores de derechos humanos en 2021 y se encontraba verificando otros 34 casos”, se registra en el informe. Asimismo, la organización afirma que “la mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas donde son comunes las actividades económicas ilegales, incluyendo, entre otras, la producción y el tráfico de drogas”, concluyó la ong estadounidense.
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Por su parte, la ONU sostiene que “en Antioquia fueron asesinados seis defensores, mientras que en Chocó y Cundinamarca, hubo cinco en cada uno”. De la misma manera, el organismo multilateral asegura que “en el departamento de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, se reportaron otros cuatro defensores asesinados”. Otros de estos casos, dice la ONU, están en verificación, pero de cuerdo con sus cifras preliminares, “la mayoría ocurrió en el Cauca (8), Nariño (6), Antioquia (5), Putumayo y Bolívar (4) y Valle del Cauca (3)”.
Para HRW, a pesar de que Colombia cuenta con un conjunto de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo, la “implementación ha sido deficiente, en especial la de aquellas medidas que surgieron del acuerdo de paz de 2016″. Uno de los llamados de atención que hizo la organización al gobierno es que “no ha convocado de forma periódica a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que debe diseñar políticas para desmantelar a los grupos armados responsables de asesinatos de defensores de derechos humanos”.
Abusos por parte de la fuerza pública
El informe de HRW da cuenta de los abusos cometidos por la fuerza pública el año pasado, sobre todo en los meses de abril y mayo, cuando se desarrolló el paro nacional. “Human Rights Watch halló evidencias que vinculan a la policía con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, en la mayoría de los casos con municiones letales”, consta en el documento publicado por la organización.
De la misma manera, la organización manifestó que “cientos de manifestantes resultaron heridos y algunos sufrieron pérdida de visión posiblemente permanente en un ojo, como aparente resultado de cartuchos de gases lacrimógenos, bombas aturdidoras o proyectiles con impacto cinético disparados con armas antidisturbios”. Asimismo, el documento sostiene que “la policía detuvo arbitrariamente a cientos de personas, en algunos casos empleando indebidamente una disposición del derecho colombiano que les permite ’trasladar‘ a una persona a un ‘centro asistencial o de protección’ para ‘su protección‘ o la de terceros”.
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La violencia sexual fue otro de los puntos que HRW destacó en el abuso de la fuerza. El documento puso de presente que la Defensoría del Pueblo informó haber recibido denuncias sobre cinco casos de “violación y más de 100 casos de violencia de género por parte de policías, que incluían bofetadas y abuso verbal. Entre las víctimas había personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT)”. De la misma manera, la organización recordó que el 29 de abril, varias personas golpearon y abusaron sexualmente a una agente cuando atacaron una estación de policía en Cali.
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