Autoridades exigen liberación de policías y funcionarios del CTI secuestrados en Arauca

Las familias de los cuatro secuestrados le han pedido con insistencia al Gobierno Nacional que medie con el Eln para lograr la liberación de los secuestrados.

Foto: Archivo Particular

Sigue la preocupación por el más reciente pronunciamiento del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (Eln), sobre los dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y los dos uniformados de la Dijín de la Policía secuestrados en Arauca por ese grupo al margen de la ley.

En la mañana de este 27 de octubre, la guerrilla dio a conocer una nueva prueba de supervivencia de los cuatro secuestrados y anunció que llevará a “juicio revolucionario” a los funcionarios José Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López y a los uniformados Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza. Tras el anuncio, la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, expresó su rechazo a las declaraciones del Eln.

En contexto: Eln anunció que someterá a juicio de guerra a agentes del CTI y Dijín secuestrados en Arauca

La entidad advirtió que esta acción constituye una de las violaciones más graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y exigió su liberación inmediata. “Las personas secuestradas en este caso son civiles, pues, aunque prestan funciones de seguridad y justicia, no son combatientes ni pertenecen a las Fuerzas Armadas del Estado colombiano”, señaló la Defensoría.

Asimismo, el organismo de derechos humanos pidió el “cese absoluto de cualquier amenaza, juicio o trato degradante en su contra” e instó al Gobierno Nacional, al Alto Comisionado para la Paz y a los organismos internacionales a redoblar los esfuerzos humanitarios y diplomáticos que permitan su pronta liberación.

Le puede interesar: Capturan a tres presuntos responsables de masacre de ocho personas en Guaviare

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación también solicitó la liberación inmediata de los secuestrados y rechazó la propuesta del Eln de un “canje, como si se tratara de fichas de cambio”. En su comunicado, el ente investigador recordó que el subintendente Hoyos Murcia y el patrullero Pérez Mendoza fueron secuestrados el pasado 20 de julio; los agentes Pacheco y López están en cautiverio desde el 8 de mayo.

Detalló además que estos dos últimos son funcionarios judiciales que acompañaban labores de protección y asistencia a víctimas. Finalmente, agradeció las gestiones humanitarias adelantadas por la ONU y su Misión de Verificación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de lograr la liberación de los cuatro funcionarios.

Lea también: Familias de agentes del CTI secuestrados por el Eln piden ayuda al gobierno para su liberación

Por su parte, la Policía Nacional responsabilizó al Eln por la integridad y la vida de los secuestrados, asegurando que el supuesto “juicio revolucionario” anunciado en su más reciente prueba de supervivencia es contrario a la Constitución y a las leyes. Además, reiteró su llamado a ese grupo ilegal para que “devuelva a la libertad a los compañeros secuestrados”.

Sobre el secuestro de los uniformados, el presidente Gustavo Petro solo se pronunció cuando el Frente de Guerra Oriental emitió el primer comunicado en el que se atribuyó el secuestro de los agentes de la Dijín. “Los prisioneros son responsabilidad de la organización capturante. Son ustedes los responsables de las condiciones físicas y psicológicas de las personas bajo su poder. La Dijín no hace inteligencia, es un cuerpo adscrito a la Fiscalía para la investigación judicial en procesos concretos dirigidos por fiscales y jueces”, dijo.

Pese a que las familias de los secuestrados, autoridades como la Fiscalía y organismos de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo le han pedido al Gobierno Nacional que medie con el Eln para lograr la liberación, hasta ahora sus llamados no han tenido efecto. La decisión de acceder o no a un cambio de rehenes solo está en manos del jefe de Estado, quien no ha emitido nuevos pronunciamientos al respecto.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.