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La autodenominada bancada “provida” del Congreso demandó la resolución 971 de 2021, del Ministerio de Salud, que establece el procedimiento para que los colombianos puedan morir dignamente mediante la eutanasia. Para los legisladores de los partidos Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y Colombia Justa Libre, que presentaron la demanda, la resolución es inconstitucional y viola, entre otros, el derecho a la vida.
La demanda, presentada ante el Consejo de Estado, está firmada por los conservadores Esperanza Andrade Serrano y Germán Blanco Álvarez; los congresistas del Centro democrático Milla Patricia Romero Soto, María del Rosario Guerra, Honorio Henríquez y Jose Jaime Uscategui; así como Jhon Milton Rodríguez González y Eduardo Emilio Pacheco Cuello de Colombia Justa Libres. Igualmente, el documento contó con la firma de Ángela Patricia Sánchez Leal, de Cambio Radical.
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En el documento presentado ante el Consejo de Estado, se pide la nulidad de la resolución expedida por el Ministerio de Salud, argumentando que ,“se pretende reglamentar el derecho inexistente a morir con dignidad mediante eutanasia”, lo que para ellos es ilegal e inconstitucional. Según los demandantes, también se hace la solicitud porque, para ellos, se creó y reguló un derecho fundamental, “a pesar de que dicha función es exclusiva de las leyes estatutarias, las cuales corresponden a la competencia exclusiva del legislador”. Es decir, que el ministerio estaría legislando.
Los legisladores que firmaron la demanda, hicieron énfasis en que “en el caso del derecho a la eutanasia, o su eufemismo, el derecho a morir con dignidad, las mayorías del Congreso han votado negativamente más de 14 proyectos de ley en los últimos 20 años”. Con esto así, dicen los demandantes, es inconstitucional que el Ministerio de Salud busque garantizar el ejercicio de un derecho, que para ellos, no existe, a pesar de que este derecho ha sido reconocido por la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones desde 1997.
Dentro de sus argumentos, los senadores demandantes sostienen que con la resolución también se viola el derecho a la objeción de conciencia y se les expone a discriminación a los médicos que deban atender los procedimientos de eutanasia. Esto, por la interpretación que los demandantes dieron a un parágrafo de la resolución que sostiene que “los integrantes del Comité no podrán ser objetores de conciencia del procedimiento de eutanasia(...) Así mismo, deberán manifestar, en cada caso, los conflictos de intereses que puedan afectar las decisiones que deban adoptar”.
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Como ha sido costumbre en el debate de sobre la eutanasia, los firmantes apelaron al derecho fundamental de la vida, pero esta vez, sumaron el de los niños y niñas, ya que la resolución del ministerio permitió que los menores de edad tengan derecho a morir con dignidad. Ante esto, los senadores firmantes dicen que “es necesario anular el acto demandado con el fin de impedir la violación del derecho a la vida de los niños, el cual prevalece sobre todos los demás derechos”.
Por ahora, el Consejo de Estado debe revisar la demanda presentada por los “provida” y sus argumentos para determinar si anula la resolución emitida por el Ministerio de Salud el 1 de julio de este año, o si por el contrario, la mantiene vigente a pesar de la oposición de los congresistas que la han considerado como un irrespeto al poder del Congreso. La norma demandada, ha dicho el Ministerio, fue expedida siguiendo lineamientos de la Corte Constitucional, que ha defendido el derecho a morir dignamente en varias sentencias que ya constituyen jurisprudencia.