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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó 32 inmuebles en Antioquia, avaluados en cerca de COP 19.500 millones, que estarían vinculados con Francisco Javier Piedrahita Sánchez, señalado en procesos judiciales relacionados por supuesto vínculos con el narcotráfico y las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Uno de los bienes recuperados funcionará como refugio para 146 animales domésticos abandonados.
Según las investigaciones, Piedrahita Sánchez fue socio de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el Mexicano”, uno de los jefes del cartel de Medellín, y de Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Los inmuebles fueron recuperados en operaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.
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Durante las verificaciones realizadas por la SAE se identificó que los bienes estaban a nombre de Ana Paulina Uribe Lopera, excompañera sentimental de Piedrahita Sánchez, así como de otros miembros de su entorno familiar. Además, la entidad encontró que los inmuebles aparecían relacionados con la sociedad Uribe Lopera Cia, dedicada a la cría de ganado bovino y bufalino.
Según la información recopilada por la SAE, algunos de estos inmuebles estarían siendo subarrendados y generando presuntos beneficios económicos, pese a continuar vinculados a procesos judiciales y encontrarse bajo administración del Estado.
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La entidad señaló que Piedrahita Sánchez fue identificado por las autoridades como uno de los principales articuladores de las estructuras financieras del paramilitarismo en Colombia. Según la SAE, esto quedó reflejado en las investigaciones conocidas como Parqueadero Padilla, las cuales “permitieron documentar presuntas operaciones de lavado de activos, narcotráfico e incremento patrimonial injustificado asociadas a organizaciones criminales que operaron en distintas regiones del país”.
Además, la SAE destacó que estas investigaciones representan uno de los capítulos “más difíciles para la administración de justicia colombiana”. La entidad aseguró que “en desarrollo de las labores investigativas adelantadas por el fiscal Gregorio Oviedo y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), 14 investigadores fueron asesinados en hechos atribuidos a estructuras criminales interesadas en impedir el avance de las pesquisas sobre las finanzas del narcotráfico y el paramilitarismo”.
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