A través de un oficio dirigido a la procuradora general Margarita Cabello, el canciller Álvaro Leyva respondió que, a partir de este miércoles 7 de febrero, acata la decisión de quedar suspendido por tres meses por orden de, justamente, ese órgano de control disciplinario. “De inmediato procedo a cumplir lo dispuesto, separándome del ejercicio de las funciones como Ministro de Relaciones Exteriores”, agregó.
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Leyva acata una decisión de la Procuraduría que data del pasado 24 de enero. Según explicó en el oficio el alto funcionario, hasta ahora fue notificado del único recurso que pudo interponer contra la sanción: la consulta, que estaba en conocimiento del órgano de control durante esta semana. Además, explicó que siguió ejerciendo sus funciones durante las últimas dos semanas, dado que la Procuraduría, al momento de sancionarlo, también remitió copia del expediente al presidente Gustavo Petro para que diera cumplimiento a la medida.
Asimismo, el canciller suspendido se aparta de sus funciones solo horas después de que la Procuraduría confirmara la suspensión de tres meses, por las presuntas irregularidades en la licitación para la fabricación de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons. Además, en la reciente decisión, el órgano de control pidió a la Fiscalía investigarlo por no haber cumplido esa orden impuesta.
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Leyva fue suspendido por la Procuraduría, en primer lugar, porque la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Son. Según Leyva, debía sanearse el proceso, pues esa firma fue la única que presentó una oferta formal, por lo cual no se cumplió el objetivo de la licitación pública: la pluralidad de oferentes.
Sin embargo, para la Procuraduría, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. El segundo punto está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta para seguir expidiendo pasaportes en Colombia, luego de que esa misma entidad declarar desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, no tendría argumentos para haber declarado esa urgencia.
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Durante el proceso, el abogado Yefferson Dueñas, defensor de Leyva, presentó una carta en la que pedía que se revocara la decisión, ya que los cargos por los que fue llamado a juicio disciplinario, según dicen, no estaba bien fundamentados. E, incluso, pondría en riesgo la seguridad del Estado. Además, pidió a la jefe del ente de control, Margarita Cabello, declararse impedida dentro del caso. Ambas peticiones no prosperaron.
Y no solo eso, este 7 de febrero, la Procuraduría ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional. “Los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes”, concluyó.
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