Cannabis de uso adulto: análisis sobre el impacto económico y ambiental
El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas realizó un análisis del proyecto que busca regular el cannabis de uso adulto en Colombia. En esta segunda entrega, se enfatiza en que la medida lograría beneficios económicos y que los pequeños cultivadores deben ser incluidos.
Pablo Zuleta, David Restrepo, Tatiana Martínez, Beatriz Ramos y Jerónimo Sudarsky.
En la Cámara de Representantes cursa un proyecto que, de aprobarse, cambiaría el paradigma sobre las drogas en Colombia: la regulación del uso adulto de cannabis, una idea que ya ha sido archivada en el pasado. Se trata de una propuesta que busca sentar las bases para que en Colombia no solo se use el cannabis de manera medicinal. Países como Canadá y Uruguay han avanzado varios años en el consumo “recreativo”. ¿Cómo funcionaría en nuestro país desde lo económico y ambiental? Aquí le contamos.
En contexto: Claves para entender el debate sobre la regulación del cannabis de uso adulto
¿Regular el cannabis para uso adulto generaría beneficios económicos?
Sí. La regulación crearía una nueva industria gravable de un tamaño importante con la capacidad de generar empleo formal rural y urbano, que supliría a un potencial mercado de más de un millón de personas en Colombia. Sería una fuente de impuestos, cubriendo los gastos de regulación y reduciendo los gastos de aplicación de las leyes punitivas contra el consumo ilegal. Para tener como marco de referencia inicial, el DNP calculó que el mercado interno de cannabis ilegal en Colombia movió entre $2.2 y $4.4 billones en el 2015.
En Estados Unidos se calcula que en el 2019 la industria del cannabis legal, tanto medicinal como de uso adulto, empleó a 211 mil trabajadores de tiempo completo y a más de 85 mil de manera indirecta (contratación de seguridad, servicios legales, etc.). En términos de recaudación fiscal, la regulación del cannabis ha sobrepasado toda expectativa en Estados Unidos a partir del segundo año, después de pasar por un periodo de adaptación. Los estados de Colorado y Washington, los primeros en regular el cannabis de uso adulto, esperaban recaudar US$ 70 y 162 millones al año respectivamente.
En contexto: Proyecto que regula el uso adulto de cannabis pasa a segundo debate
Aunque en el primer año operacional (2014), recaudaron US$ 68 y 65 millones, ya para el segundo año superaron sus expectativas y para el tercero recaudaron US$ 247 y 315 millones respectivamente. El patrón se repite en Oregón y California, que cobra más impuestos en diferentes puntos de la cadena productiva. En sus primeros dos años, California recaudó US$ 411 millones con un impuesto al consumo, US$ 99 millones con un impuesto al cultivo y US$ 335 millones con un impuesto a la venta.
Ante la preocupación de que un posible incremento en el uso de cannabis podría incrementar gastos en salud pública y ser un contrapeso fiscal, este no ha sido el caso. En Colorado, la regulación no incrementó el costo de salud pública y tuvo un impacto neutro en la utilización de servicios de salud. Además, una gran parte de los réditos que produce la regulación han sido reinvertidos en salud pública y educación para reducir los riesgos asociados a su consumo.
¿Se integrarán a la legalidad los cultivos ilícitos existentes y sus cultivadores rurales?
Depende. La integración de cultivadores rurales al mercado de cannabis puede variar según el modelo de regulación que establezca cada país. Es motivo de preocupación que ésta no ha sido una prioridad en los casos existentes, ya que la inclusión de los pequeños cultivadores rurales es crucial para combatir el mercado ilegal y multiplicar sus beneficios sociales.
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En California, el modelo regulatorio no tuvo esto en cuenta. Por el alto precio de las numerosas y exigentes licencias para el cultivo legal, muchos cultivadores rurales se vieron obligados a retornar al mercado ilegal. En Colombia, la industria del cannabis medicinal, compuesta por grandes empresas, se ha comportado de manera similar.
Además de desincentivar la entrada de pequeños cultivadores rurales al mercado legal, algunos modelos regulatorios pueden promover la concentración de la industria en manos de grandes empresas que buscan la maximización de la renta. Esto podría redundar en la formación de una industria como la del “gran tabaco,” que resistió por más de 50 años la regulación de sus productos, los diseñó para ser más adictivos y atractivos para los jóvenes, y destinó sus millonarias ganancias para financiar campañas de publicidad, incidencia política, y estudios que contradecían los efectos nocivos de sus productos. Es entonces importante que el diseño de la industria legal impida que los grupos de interés coopten la formulación de política pública en detrimento de la salud y la inclusión.
La integración de cultivadores rurales existentes y su vinculación en el diseño de la industria podría contribuir no solo a transformar el mercado ilegal actual, sino también a construir una industria con intereses diversos más allá de la maximización de la renta. El provecho económico de esta industria se vería mejor aprovechado en la ruralidad, teniendo en cuenta que el 89% de esta población vive en pobreza y vulnerabilidad.
Diseñar una industria que sea incluyente y no se apodere del proceso regulatorio es un desafío pendiente en el proceso de regulación del cannabis. Sin embargo, hay múltiples experiencias a nivel mundial que permitirían construir una hoja de ruta. Por ejemplo, la producción lícita de amapola en Turquía permanece en manos de alrededor de 100.000 cultivadores pequeños con cultivos de 0,4 hectáreas en promedio. Esto emplea a más de 600.000 trabajadores rurales. En Jamaica, el gobierno creó un Programa de Desarrollo Alternativo diseñado para acompañar con apoyo técnico y financiero a cultivadores de cannabis tradicionales en su transición a la legalidad.
¿Podría la regulación de uso adulto disminuir los daños ambientales?
Sí. La regulación podría reducir el impacto ambiental de los cultivos de cannabis si se incluyen medidas de cuidado ambiental dentro de la regulación. Las principales preocupaciones ambientales por los cultivos ilegales de cannabis son su alto requerimiento de agua, y, por ende, el uso indebido de fuentes hídricas, el alto consumo de energía de cultivos bajo techo que emplean iluminación artificial, el uso de pesticidas, y el cultivo ilegal dentro de áreas protegidas donde se deforesta y erosionan áreas de alto valor ambiental.
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La regulación ha llevado a una disminución de los cultivos ilegales que se encontraban en áreas protegidas de Estados Unidos, ya que los cultivadores no necesitan seguir escondiéndolos. En la legalidad, los cultivadores también pueden recurrir al uso del invernadero, que consume hasta 90% menos energía que los cultivos bajo techo y es más productivo que la intemperie. En términos de agua, una planta de cannabis adulta puede necesitar entre cuatro y ocho litros al día, lo cual la hace menos hídricamente intensiva de lo que antes se pensaba. Sin embargo, como en cualquier otra industria agrícola, la regulación es necesaria para ayudar a gestionar sosteniblemente este recurso, proteger fuentes hídricas amenazadas, e implementar controles en el uso de pesticidas y electricidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En la Cámara de Representantes cursa un proyecto que, de aprobarse, cambiaría el paradigma sobre las drogas en Colombia: la regulación del uso adulto de cannabis, una idea que ya ha sido archivada en el pasado. Se trata de una propuesta que busca sentar las bases para que en Colombia no solo se use el cannabis de manera medicinal. Países como Canadá y Uruguay han avanzado varios años en el consumo “recreativo”. ¿Cómo funcionaría en nuestro país desde lo económico y ambiental? Aquí le contamos.
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¿Regular el cannabis para uso adulto generaría beneficios económicos?
Sí. La regulación crearía una nueva industria gravable de un tamaño importante con la capacidad de generar empleo formal rural y urbano, que supliría a un potencial mercado de más de un millón de personas en Colombia. Sería una fuente de impuestos, cubriendo los gastos de regulación y reduciendo los gastos de aplicación de las leyes punitivas contra el consumo ilegal. Para tener como marco de referencia inicial, el DNP calculó que el mercado interno de cannabis ilegal en Colombia movió entre $2.2 y $4.4 billones en el 2015.
En Estados Unidos se calcula que en el 2019 la industria del cannabis legal, tanto medicinal como de uso adulto, empleó a 211 mil trabajadores de tiempo completo y a más de 85 mil de manera indirecta (contratación de seguridad, servicios legales, etc.). En términos de recaudación fiscal, la regulación del cannabis ha sobrepasado toda expectativa en Estados Unidos a partir del segundo año, después de pasar por un periodo de adaptación. Los estados de Colorado y Washington, los primeros en regular el cannabis de uso adulto, esperaban recaudar US$ 70 y 162 millones al año respectivamente.
En contexto: Proyecto que regula el uso adulto de cannabis pasa a segundo debate
Aunque en el primer año operacional (2014), recaudaron US$ 68 y 65 millones, ya para el segundo año superaron sus expectativas y para el tercero recaudaron US$ 247 y 315 millones respectivamente. El patrón se repite en Oregón y California, que cobra más impuestos en diferentes puntos de la cadena productiva. En sus primeros dos años, California recaudó US$ 411 millones con un impuesto al consumo, US$ 99 millones con un impuesto al cultivo y US$ 335 millones con un impuesto a la venta.
Ante la preocupación de que un posible incremento en el uso de cannabis podría incrementar gastos en salud pública y ser un contrapeso fiscal, este no ha sido el caso. En Colorado, la regulación no incrementó el costo de salud pública y tuvo un impacto neutro en la utilización de servicios de salud. Además, una gran parte de los réditos que produce la regulación han sido reinvertidos en salud pública y educación para reducir los riesgos asociados a su consumo.
¿Se integrarán a la legalidad los cultivos ilícitos existentes y sus cultivadores rurales?
Depende. La integración de cultivadores rurales al mercado de cannabis puede variar según el modelo de regulación que establezca cada país. Es motivo de preocupación que ésta no ha sido una prioridad en los casos existentes, ya que la inclusión de los pequeños cultivadores rurales es crucial para combatir el mercado ilegal y multiplicar sus beneficios sociales.
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En California, el modelo regulatorio no tuvo esto en cuenta. Por el alto precio de las numerosas y exigentes licencias para el cultivo legal, muchos cultivadores rurales se vieron obligados a retornar al mercado ilegal. En Colombia, la industria del cannabis medicinal, compuesta por grandes empresas, se ha comportado de manera similar.
Además de desincentivar la entrada de pequeños cultivadores rurales al mercado legal, algunos modelos regulatorios pueden promover la concentración de la industria en manos de grandes empresas que buscan la maximización de la renta. Esto podría redundar en la formación de una industria como la del “gran tabaco,” que resistió por más de 50 años la regulación de sus productos, los diseñó para ser más adictivos y atractivos para los jóvenes, y destinó sus millonarias ganancias para financiar campañas de publicidad, incidencia política, y estudios que contradecían los efectos nocivos de sus productos. Es entonces importante que el diseño de la industria legal impida que los grupos de interés coopten la formulación de política pública en detrimento de la salud y la inclusión.
La integración de cultivadores rurales existentes y su vinculación en el diseño de la industria podría contribuir no solo a transformar el mercado ilegal actual, sino también a construir una industria con intereses diversos más allá de la maximización de la renta. El provecho económico de esta industria se vería mejor aprovechado en la ruralidad, teniendo en cuenta que el 89% de esta población vive en pobreza y vulnerabilidad.
Diseñar una industria que sea incluyente y no se apodere del proceso regulatorio es un desafío pendiente en el proceso de regulación del cannabis. Sin embargo, hay múltiples experiencias a nivel mundial que permitirían construir una hoja de ruta. Por ejemplo, la producción lícita de amapola en Turquía permanece en manos de alrededor de 100.000 cultivadores pequeños con cultivos de 0,4 hectáreas en promedio. Esto emplea a más de 600.000 trabajadores rurales. En Jamaica, el gobierno creó un Programa de Desarrollo Alternativo diseñado para acompañar con apoyo técnico y financiero a cultivadores de cannabis tradicionales en su transición a la legalidad.
¿Podría la regulación de uso adulto disminuir los daños ambientales?
Sí. La regulación podría reducir el impacto ambiental de los cultivos de cannabis si se incluyen medidas de cuidado ambiental dentro de la regulación. Las principales preocupaciones ambientales por los cultivos ilegales de cannabis son su alto requerimiento de agua, y, por ende, el uso indebido de fuentes hídricas, el alto consumo de energía de cultivos bajo techo que emplean iluminación artificial, el uso de pesticidas, y el cultivo ilegal dentro de áreas protegidas donde se deforesta y erosionan áreas de alto valor ambiental.
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La regulación ha llevado a una disminución de los cultivos ilegales que se encontraban en áreas protegidas de Estados Unidos, ya que los cultivadores no necesitan seguir escondiéndolos. En la legalidad, los cultivadores también pueden recurrir al uso del invernadero, que consume hasta 90% menos energía que los cultivos bajo techo y es más productivo que la intemperie. En términos de agua, una planta de cannabis adulta puede necesitar entre cuatro y ocho litros al día, lo cual la hace menos hídricamente intensiva de lo que antes se pensaba. Sin embargo, como en cualquier otra industria agrícola, la regulación es necesaria para ayudar a gestionar sosteniblemente este recurso, proteger fuentes hídricas amenazadas, e implementar controles en el uso de pesticidas y electricidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.