Capturan a hombre que habría falsificado garantías en el caso de Centros Poblados

El compromiso de Centros Poblados era conectar a internet a unas 7.000 escuelas de zonas rurales del país.

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La investigación que llevó al escándalo por el contrato de Centros Poblados señaló, desde el comienzo, que para que los empresarios se quedaron con el billonario contrato para llevar internet a zonas rurales, habrían falsificado unas garantías bancarias, en vista de que no cumplían los requisitos para acceder a unas reales.

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Durante las últimas horas, el CTI de la Fiscalía capturó al hombre que se habría encargado directamente de falsificar esos papeles. Se trata de Jorge Enrique López Benavides quien, según la fiscal del caso, en cuestión de horas, habría aportado las garantías bancarias falsas a la unión temporal Centros Poblados para que cumplieran con los requisitos de la contratación.

Aunque las autoridades ya lo tenían en su radar desde septiembre del año pasado, López logró evadirlas luego de un allanamiento en su contra. El polémico contratista, Emilio Tapia, procesado en este caso, le contó a la Procuraduría que por esas garantías falsas se pactó pagar $2.800 millones.

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Jorge Enrique López era una de las personas que conformaron la primera imputación de la Fiscalía por el caso MinTIC. No obstante, las autoridades no pudieron capturarlo el pasado 21 de septiembre, día en que el ente investigador enseñó sus primeras cartas sobre la pesquisa. La primera gran conclusión que dejó la audiencia es que miembros y cercanos a Centros Poblados habrían inducido al error a los funcionarios del ministerio.

El contratista Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y el asesor de seguros Juan José Laverde, fueron imputados por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Al parecer, presentaron una garantía bancaria falsa con la que la unión temporal logró asegurar la seriedad de su oferta ante el MinTIC. Así lo ha manifestado el banco Itaú, cuyos logos reposan en el documento que presentaron los contratistas, a pesar de que la entidad bancaria no tiene registro alguno del negocio.

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A pesar de la irregularidad, el proceso de contratación pública se llevó a cabo, hasta que el mismo ministerio alertó por serios retrasos en un megaproyecto que buscaba alzar 7.000 centros digitales en los lugares más apartados del país. Para tal fin, el MinTIC entregó un anticipo de $70.000 millones, para iniciar unas obras que en total le iban a costar a la Nación $1 billón. Del dinero del anticipo no hay respuesta.

“Todos ustedes tenían el pleno conocimiento de que estaban participando de la falsificación de varios documentos privados, por cuanto conocían que no entregaron a su tramitador documentación alguna que soportara la situación financiera de las empresas que hacían parte de Centros Poblados, ni el contrato celebrado entre el MinTIC”, aseguró la Fiscalía, teoría del caso que probablemente se le impute a López Benavides.

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