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Luego del escándalo de corrupción dentro de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), en el que se habría permitido el desvío de cerca de COP 496.000 millones de regalías, la Procuraduría General de la Nación exhortó a la entidad a garantizar la ejecución y continuidad de 22 proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por un valor de COP 291.000 millones.
Según detalló el Ministerio Público, en caso de que no se cumpla con la ejecución de la totalidad de los proyectos, las autoridades competentes deberán hacer efectivas las pólizas de cumplimiento correspondientes en cada caso.
La Procuraduría señaló que, en desarrollo de una actuación preventiva, la delegada para el seguimiento a los recursos del SGR evidenció que, con corte al 15 de junio, 19 de esos proyectos continuaban en ejecución, mientras que los otros tres permanecían sin iniciar su proceso contractual.
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Además, la Procuraduría solicitó al Departamento Nacional de Planeación (DNP), como administrador del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, informar sobre las acciones adelantadas frente a la situación institucional y administrativa de Aremca, así como las medidas preventivas implementadas para garantizar la continuidad de los proyectos.
Caso Aremca:
El pasado 24 de junio, nueve personas señaladas de, presuntamente, participar en un entramado de corrupción que habría comprometido cerca de COP 496.000 millones del SGR fueron enviadas a prisión por un juez de control de garantías de Bogotá.
Según la investigación, entre 2020 y 2026, la asociación suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías para ejecutar obras civiles y proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria.
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Sin embargo, los recursos habrían sido manejados mediante subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y personas vinculadas a la organización, desconociendo las normas de contratación pública. La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con la Fiscalía, los contratos se habrían adjudicado mediante procedimientos irregulares sustentados en manuales internos, sin estudios previos suficientes y con un presunto direccionamiento de contratistas a través de listas cerradas de proveedores.
También se detectaron vinculaciones por prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con obras, suministros y alquiler de maquinaria.
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La investigación señala, además, que Aremca habría ejecutado contratos en departamentos distintos a los de la región Caribe, pese a que sus estatutos limitaban su ámbito de actuación a esa zona del país. Las actividades se extendieron, entre otros territorios, a Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander.
La Fiscalía también estableció que en 23 contratos se habría generado un enriquecimiento ilícito cercano a COP 14.235 millones en favor de contratistas.
Entre los procesados están el exrepresentante legal de Aremca, Gustavo Bolaño Pastrana; las representantes legales Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero; los coordinadores Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar; además de Luis Alfredo Soto Caraballo, señalado de servir como enlace con terceros.
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