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Un juzgado de Cartagena precluyó el proceso por el que eran investigados Carlos Alberto Parra Satizábal, Gerardo Mauricio Cortés Pomar y Javier Alexánder Colmenares Ardila, quienes fungieron como encargados de la liquidación de la extinta Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca). En junio de 2017, la Fiscalía anunció ante los medios de comunicación que llevaba a juicio a estas tres personas por prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal en calidad de coautores. El pasado 14 de agosto, el juez del caso reprochó la actuación de la fiscal del caso, la exmagistrada auxiliar de la Corte Suprema María Leonor Oviedo.
El Espectador conoció detalles del proceso y de los hechos que la Fiscalía le endilgaba a Parra, Cortés y Colmenares. El escrito de acusación señalaba que los tres hombres habrían incidido “ante la registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena para que fueran levantadas unas medidas cautelares ordenadas por el Juzgado Promiscuo de Mompox (Bolívar) respecto a 10 lotes en embargo”. El origen de este expediente es el proyecto de Corelca para la ampliación de las redes eléctricas en zona rural de Mompox y otros municipios de Bolívar, en 1998. Dos años después, 63 familias se declararon víctimas de ese proyecto y demandaron civilmente a la empresa.