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Siete meses pasaron desde que en mayo pasado se aplazó la audiencia en la que iba a ser llamado a juicio el empresario Leo Eisenband por, supuestamente, comprar el centro comercial Villa Country de Barranquilla (un bien que fue de un clan narcotraficante y fue decomisado) en un precio irrisorio y en medio de posibles irregularidades. El proceso ha estado bajo la lupa porque, denuncian las víctimas, las audiencias van a paso lento y la defensa de Eisenband ha dilatado el caso.
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La Fiscalía intentó imputarlo por primera vez en 2013, sin embargo, tuvieron que pasar nueve intentos para que un juez avalara el trámite. Solo hasta el 16 de septiembre de 2019 fue vinculado formalmente a una investigación. Dos meses después, el ente investigador lo llamó a juicio, pero, de nuevo, la administración de justicia se demoró 17 meses en programar la audiencia.
La defensora de Eisenband, María Paula Escorcia, pidió esta semana que el caso fuera anulado por una supuesta irregularidad ocurrida el pasado 24 de mayo de 2021. Ese día estaba programada la audiencia de acusación, sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque la abogada pidió un aplazamiento. ¿El motivo?: que estaba adelantando un acercamiento con la Fiscalía para que Eisenband firmara un principio de oportunidad. El fiscal del caso pidió que compulsara copias contra la abogada de Eisenband para que sea investigada disciplinariamente por dilatar el caso injustificadamente.
La abogada señaló en la audiencia que tres días antes, el 21 de mayo, le pidió al juez que no se adelantara esa audiencia. Y dijo que, aun así, el 24 de mayo se adelantó el reconocimiento de las víctimas sin la presencia de la defensa, “un hecho que va contra la ley”. Además, señaló que aportara todas las pruebas para demostrar que se reunió con la Fiscalía para llegar a un acuerdo en este proceso donde se le acusa de los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad en documento privado.
En diálogo con este diario la abogada Escorcia señaló que la Fiscalía no puede compulsar copias en su contra pero sí solicitarlas. Además señaló que “La juez compulsó en efecto, para que el consejo mirara si en mayo del 2021, era válido el aplazamiento, pese a que en mayo se aceptó el aplazamiento, por el juzgado y se coadyuvo por el fiscal”.
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La investigación contra Leo Eisenband hace parte del episodio conocido como “el desfalco en la DNE”. Se trata de una serie de negocios firmados por el exdirector Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, quien entregó predios decomisados por el Estado a precio de huevo. A través de su socio Camilo Bula, mano derecha en la DNE, pagó sobornos a funcionarios de Gobierno y manipuló documentos para que el avalúo catastral de los inmuebles quedara por debajo de su precio real.
Según las investigaciones probadas en ambos casos, y que tienen en un dilatado proceso a Leo Eisenband, entre 2007 y 2012 se cuadró todo un plan para que el dueño de Fedco añadiera el centro comercial Villa Country a sus propiedades. A través de reuniones en Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Estados Unidos, se gestó el negocio, por un predio que pertenecía al clan de narcotráfico de los Nasser Arana.
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Camilo Bula, quien era liquidador dentro de la DNE, explicó la Fiscalía, habría entregado sobornos a funcionarios del Instituto Agustín Codazzi, oficina que determina el avaluó catastral de las propiedades en Colombia, para que Villa Country prácticamente se vendiera a un precio muy inferior. Una vez consumada la mano negra, en la que se le rebajó el precio de la propiedad, Leo Eisenband habría ofertado alrededor de $18.000 millones, el 6 de abril de 2009.