La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación contra ocho personas que estarían involucradas en una presunta red transnacional dedicada a ingresar al país mercancía de contrabando, como ropa femenina y accesorios, a través de la tienda Lili Pink. La estructura también es señalada de participar en actividades de lavado de activos.
Los investigados son los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. La diligencia fue programada para el próximo 24 de junio.
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Estas personas, de acuerdo con el grado de participación que les atribuye la Fiscalía, deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el diario La República, la empresa Lili Pink, registrada como Fast Moda S.A.S., fue fundada en 2006 por la familia Abadi, liderada por Max Abadi y su hijo David Abadi.
El caso Lili Pink inició en los operativos realizados por la Fiscalía el pasado 27 de abril, cuando fueron ocupadas con fines de extinción de dominio más de 400 tiendas en las que se comercializaban productos de la marca. Durante las diligencias también fueron capturadas varias personas señaladas de integrar una presunta red de contrabando que habría operado desde al menos 2014.
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Entre los detenidos se encuentra Walter Martínez Martínez, quien el 14 de mayo fue enviado a prisión por decisión de un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, cargos que no fueron aceptados por el hombre. Mientras se recupera de una condición médica, permanecerá bajo detención hospitalaria y, una vez reciba el alta, será trasladado a un centro carcelario.
Según la investigación, la organización habría diseñado una estructura integrada por empresas importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar al país mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos. Posteriormente, esos bienes eran distribuidos en el mercado nacional aparentando legalidad sobre su origen.
De acuerdo con los hallazgos expuestos por la Fiscalía, la presunta red habría realizado operaciones de lavado de activos por cerca de COP 730.000 millones y generado un enriquecimiento ilícito superior a COP 430.000 millones. Además, se reportaron aprehensiones y decomisos de mercancía por más de COP 54.000 millones, así como un posible contrabando cuyo valor superaría los COP 75.000 millones.
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