La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó nuevos detalles sobre le proceso de incautación que se adelanta en las tiendas de ropa interior de la marca Lili Pink. La entidad señaló que, una vez la Fiscalía termine el proceso, la SAE será quien asuma la administración de los bienes. Así lo explicaron a través de un comunicado.
“El plan de administración que eventualmente se adopte dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos”, indica el documento.
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En ese contexto, la SAE se ha reunido con el Ministerio de Trabajo para evaluar inicialmente las condiciones laborales de los empleados de Lili Pink con el objetivo de garantizar sus derechos. Posteriormente, la entidad le solicitará a la Procuraduría y a la Contraloría su participación en el proceso para verificar el estado de la sociedad y asegurar la transparencia del proceso.
La directora de la SAE, Amelia Pérez, explicó que los funcionarios de la entidad a nivel nacional han acompañado los procesos y han revisado lo que hasta ahora se han encontrado en los locales, algunos vacíos.
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“Hemos conocido que desde semanas atrás los miembros de esta entidad tenían conocimiento del operativo y en los lugares donde se estaban haciendo las diligencias no se encontraban los gerentes o habían sido enviados a trabajar desde casa”, apuntó la directora.
La investigación contra Lili Pink
Según la Fiscalía General, se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.
El ente investigador añadió que la presunta manera de operar de Lili Pink consistía en maniobras “orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.
Lo que encontró el ente investigador es que, al parecer, hubo “lavado de activos en cuantía de COP 730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de COP 430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de COP 54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los COP 75.000 millones”.
Durante las diligencias fueron afectados “405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo”. Esas diligencias se adelantaron entre la Fiscalía y el Ejército en “59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia”.
Por su parte, Lili Pink, a través de un comunicado, reconoció la investigación en curso y señaló que ya trabaja “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.
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