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Una nueva decisión de la justicia mantiene en firme la condena a 35 años de prisión contra Margareth Chacón, una de las personas implicadas en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en una playa privada de Barú, en Cartagena. La Corte Suprema de Justicia negó una tutela que buscaba tumbar el fallo condenatorio.
En diciembre de 2025, la mujer y su defensa interpusieron una acción de tutela ante la Sala de Casación Civil del alto tribunal, en la que pedían dejar sin efectos la sentencia condenatoria en su contra y hacer de nuevo el juicio en el que la mujer fue hallada responsable del delito de homicidio agravado y absuelta por el cargo de porte ilegal de armas de fuego.
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En el recurso, Chacón argumentó que el fiscal Maro Burgos, quien en su momento estuvo al frente del expediente por el crimen del funcionario judicial paraguayo, habría ocultado más del 85% de la información, incluidas pruebas importantes para alegar su inocencia. En su concepto, esa presunta omisión de información no le permitió a la mujer defenderse en el juicio.
Sin embargo, para la Corte Suprema de Justicia, los señalamientos de Chacón no tienen una base firme, por lo que la Sala de Casación Civil determinó que no hay pistas que evidencien que el fiscal Burgos hubiese incurrido en una violación al debido proceso. En ese sentido, para esa instancia no hay razones suficientes para admitir la tutela y resolvió negarla.
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El alto tribunal detalló que el señalamiento de Chacón, en el cual fundamentó su recurso de tutela, se hizo “formulando hipótesis fácticas sin sustento jurídico y señalando errores de derecho a partir de opiniones sin fundamentos legales ni doctrinales, y en todo caso, arguyendo reproches propios del escenario litigioso, inconducentes”.
El 15 de febrero de 2024, Chacón fue condenada por el juez tercero penal de Cartagena. La defensa de la mujer apeló la decisión, pero el Tribunal Superior de la capital de Bolívar dejó en firme la sentencia de primera instancia, el 27 de septiembre del mismo año. El caso ya había llegado a la Corte Suprema de Justicia por medio de un recurso de casación, resuelto en junio de 2025.
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En la casación, Chacón y su defensa argumentaban que la mujer no tuvo un rol de articuladora del crimen del fiscal Pecci y que el préstamo de un vehículo relacionado con el homicidio no era suficiente para vincularla con el asesinato del investigador paraguayo. La Corte Suprema de Justicia, por el contrario, dijo que las pruebas del caso sí eran suficientes.
“A Chacón Zuñiga se le condenó porque decidió hacer parte del grupo encargado de dirigir el proyecto criminal y realizar constantemente el apoyo logístico para la llegada a la ciudad de Cartagena, así como la permanencia y salida de todos los integrantes del grupo luego de perpetrado el homicidio”, se lee en el fallo emitido por el alto tribunal.
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La más reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia se conoce solo un par de semanas después de que Andrés Felipe Pérez Hoyos, considerado el testigo clave en el expediente del fiscal Pecci, señalara públicamente al fiscal Burgos de “ocultar la verdad”. Según el hombre, el entonces fiscal del caso se negó a negociar con él un preacuerdo o un principio de oportunidad.
Sin embargo, El Espectador supo que el fiscal Burgos sí intentó hablar con Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos en noviembre de 2023, abril y en mayo de 2024. Incluso hicieron la solicitud formal para reunirse con ellos en la cárcel El Barne, en Boyacá, donde los hombres permanecen recluidos. Sin embargo, contrario a los señalamientos públicos, ambos se negaron a hablar con el investigador del caso.
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