La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió cerrar la solicitud de medidas cautelares presentada por el abogado de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, al considerar que no se cumplieron los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable exigidos. La decisión está relacionada con una denuncia presentada ante ese órgano internacional en 2025.
El 11 de octubre del año pasado, el abogado Mosquera interpuso la denuncia por unas declaraciones que entregó en su momento el abogado Alejandro Carranza, quien representa al presidente Gustavo Petro, en las que señaló que se estaba tejiendo una presunta instrumentalización del caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay con el objetivo de poner en el espacio de la discusión pública “narrativas en contra del presidente” Petro.
Lea también: Extradiciones, paz total y presión de EE. UU.: la jugada de Petro contra el narcotráfico
“Hemos venido aquí a la Comisión Interamericana a advertir sobre una instrumentalización que puede darse al sistema interamericano, y a pedir un monitoreo sobre esta circunstancia, porque todos los días vemos cómo en diferentes casos la Fiscalía filtra información, los medios hacen ataques infundados y precandidatos terminan atacando la unidad nacional”, dijo en su momento el abogado Carranza.
Las declaraciones del representante del presidente no fueron bien recibidas por la familia del senador Uribe Turbay, pues consideraron que eran revictimizantes y desinformativas. Fue en ese contexto que el abogado Mosquera, en representación de la familia del fallecido precandidato presidencial, interpuso la denuncia ante la CIDH, argumentando en ese recurso que los pronunciamientos buscaban “relativizar un crimen de lesa humanidad”.
Le puede interesar: Emergencia económica: Presidencia recusó a siete de ocho magistrados que estudian el caso
Junto a esa denuncia, presentaron una protesta formal ante la CIDH y solicitaron medidas cautelares en favor de los familiares del senador Uribe Turbay, al considerar que las manifestaciones del abogado Carranza configuran un escenario de gravedad, urgencia y posible daño irreparable, conforme al artículo 25 del reglamento del organismo.
Sin embargo, casi cuatro meses después de haberse interpuesto esa denuncia, la CIDH concluyó que no se demostró la existencia de un riesgo actual que pudiera atribuirse a un error concreto del Estado y que hiciera procedente la adopción de una medida cautelar internacional.
Más contenido: Se perseguirá a los capos sin distinción: mindefensa sobre capturas y apoyo de EE. UU.
La Comisión señaló en el documento, conocido por El Espectador, que esta decisión no afecta las obligaciones que el Estado “sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo, conforme a los estándares internacionales aplicables”. Por el contario, “Sin perjuicio de ello, la Comisión ha decidido dar seguimiento a la situación planteada en el marco de sus funciones de monitoreo o de otros mecanismos establecidos por los instrumentos aplicables”.
La decisión de ese organismo internacional ya fue puesta en conocimiento de las partes interesadas en la denuncia, por medio de una comunicación remitida por la Cancillería de la República. Mientras tanto, en la justicia colombiana el caso del magnicidio del senador Uribe Turbay aún sigue en investigación. Aunque ocho personas han sido capturadas, la pregunta por resolver aún es quién dio la orden de que se cometiera ese crimen.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
