Caso Nicolás Petro: se suspende audiencia de imputación de tres cargos más

En la tarde de este miércoles 12 de noviembre, ante el despacho del juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz Ángel, se suspendió la audiencia de imputación de nuevos cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Investigado ahora por presuntamente haber desviado a sus bolsillos dinero de la Gobernación del Atlántico, por medio de contratos a la Fundación Conciencia Social. La nueva audiencia quedó programada para el miércoles 26 de noviembre a las 2:00 p.m.

Petro Burgos está bajo la lupa de las autoridades desde el año 2023, cuando la Fiscalía y la Procuraduría iniciaron investigaciones penales y disciplinarias en su contra por hechos relacionados con presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El hijo del presidente Petro habría desviado a sus bolsillos dinero que, al parecer, iba para la campaña electoral de su papá, en el año 2022. Para entonces, Petro Burgos era diputado del Atlántico.

A ese proceso por dos delitos se suman seis nuevos cargos, de los cuales tres ya fueron imputados, por su presunta participación en otro hecho de corrupción. La fiscal Lucy Laborde, quien tiene en sus manos el caso contra Petro Burgos, solicitó en septiembre de este año una nueva audiencia de imputación. La diligencia se programó inicialmente para el 1 de octubre, pero fue aplazada en respuesta a una solicitud del abogado del hijo del presidente.

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El pasado lunes, el juez 14 de control de garantías de Barranquilla presidió la audiencia después de haber sido reprogramada. Durante esa diligencia, la Fiscalía expuso que entre los años 2021 y 2022, cuando Petro Burgos aún era diputado, el entonces funcionario habría usado “su influencia social y política” para desviar recursos por COP 111 millones, provenientes de dos contratos para la atención de adultos mayores en el departamento de Atlántico.

Según la fiscal Laborde, Petro Burgos habría determinado a su expareja, Daysuris Vásquez, para que entablara puentes entre el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, y otras personas como Pedro Name y Gustavo de la Ossa. Estos tenían injerencia en la contratación directa entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, encargada de ejecutar los dos contratos.

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Del primer contrato, dijo la fiscal Laborde, Petro Burgos habría desviado a sus bolsillos COP 72 millones, provenientes del pago de anticipos. Del segundo contrato, firmado en 2022, supuestamente se habría apropiado de COP 39 millones que salieron de la contratación de personal con salarios “inflados”. El lunes la Fiscalía alcanzó a imputar los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y tráfico de influencias.

Sin embargo, tanto el juez Ortiz Ángel como la Procuraduría y la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro, el abogado Alejandro Carranza, argumentaron que la imputación de la fiscal Laborde era poco clara y no estaba bien estructurada. Justo por eso se ordenó la suspensión de la diligencia hasta este 12 de noviembre, cuando se espera la imputación de tres delitos más: falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

Siga minuto a minuto la audiencia:

La fiscal Lucy Laborde cerró su intervención explicando que las declaraciones de renta de Nicolás Petro Burgos “tenían un respaldo documental” y que fue él, “en calidad de autor”, quien “determinó e instruyó a la señora Daysuris Vásquez para que, a través de ella, el señor Jonathan Cabrales Páez expidiera esas certificaciones con contenido falso”.

Según la representante del ente acusador, “esas certificaciones falsas fueron firmadas por Cabrales y allegadas como anexos a las declaraciones de renta”, documentos en los que —dijo— se incluyó información que no correspondía a la realidad. Laborde también recordó que “la Función Pública tiene la obligación de que la información sobre bienes, rentas, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés de los funcionarios públicos sea ingresada al SIGEP”.

La fiscal añadió que las certificaciones privadas “las usó el señor Nicolás Petro allegandolas como anexos, no solo fue la información de la declaración de renta, sino como anexo a esa declaración de renta, que es un documento privado”, y advirtió que “probablemente constituirían otro delito”, aunque aclaró que por ahora no se ahondará en ese punto hasta determinar si esa información falsa modificó su obligación de pagar más o menos ingresos.

Tras más de cuatro horas de audiencia, el juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz Ángel, ordenó la suspensión de la diligencia. La sesión continuará el próximo miércoles 26 de noviembre, a las 2:00 p. m., con la continuación de la explicación de la Fiscalía.

El procurador del caso, Henry Francisco Bustos, formuló una serie de observaciones que ponen en duda la imputación presentada por la Fiscalía. El representante del Ministerio Público cuestionó los fundamentos de los delitos de falsedad en documento privado, falsedad en documento público y falso testimonio, atribuidos a Nicolás Petro.

Bustos inició señalando que, según la descripción de la fiscal del caso, la presunta falsedad surgió a partir de unas certificaciones de pago utilizadas para la compra de un inmueble, las cuales no corresponderían a la realidad. “En principio estaríamos hablando de una falsedad ideológica en documento privado, en el que no se consigna la verdad”, dijo. Sin embargo, advirtió que la fiscal no explicó cuándo ni cómo Nicolás Petro habría falsificado esos documentos.

“Entiendo que el que realizó esa falsedad, el autor de ese documento, pues es el señor Jonathan Cabrales, que fue el que expidió el certificado, no el señor Nicolás Petro, que cuando mucho podría haber sido el determinador de ese delito”, enfatizó el procurador, pidiendo a la fiscal que precisara ese punto.

En su segunda pregunta, Bustos subrayó un aspecto esencial para que se configure la falsedad en documento privado: el uso del documento. “No escuché en la explicación de la Fiscalía cómo usó el señor Nicolás Petro ese documento. Que haya consignado los valores en el SIGEP o en la declaración de renta no implica usar el documento, sino la información contenida en él, que es distinto”, señaló.

El procurador agregó que se podría “pensar eventualmente... que la falsedad consistió en consignar en la declaración de renta unos pagos que no correspondían a la realidad (...) a medida en que esa declaración de renta donde está consignada esa falsedad sí fue usada y fue usada dándole su uso natural, es decir, entregándola a la administración de impuestos para explicar el patrimonio. Pero que los documentos, los cuales constan la obligación, también se pregone la falsedad, pues yo lo veo un poco difícil”.

Finalmente, el delegado del Ministerio Público cuestionó la imputación por el presunto delito de falso testimonio contra Nicolás Petro. Bustos señaló que este delito tiene una configuración muy específica dentro del Código Penal, al tratarse de una conducta contra la administración de justicia.

“Recordemos que el delito de falso testimonio es un delito contra la administración de justicia. Las manifestaciones falsas que se realicen deben de tener relación con un asunto que se pretende decidir. No veo como se podría tipificar simplemente por consignar una información que la Fiscalía afirma que es falsa en un documento”, expresó Bustos.

El procurador insistió en que la Fiscalía debe precisar en qué actuación judicial o administrativa habría incurrido Petro en manifestaciones contrarias a la verdad o parcialmente falsas. “Pareciera, salvo una mejor explicación, que no se cumplen los presupuestos establecidos en la ley para configurar algunos de los delitos imputados en este bloque”, advirtió el delegado.

La fiscal Lucy Laborde, de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, explicó los hechos que sustentan la nueva imputación contra Nicolás Petro por el delito de falsedad en documento público, en relación con la supuesta manipulación de información presentada ante entidades oficiales y en documentos privados.

Según la fiscal, Petro Burgos habría registrado información falsa en su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), al incluir datos inexactos sobre su relación laboral y su patrimonio mientras se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico.

“La Fiscalía Tercera, adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, le imputa el delito de falsedad en documento público conforme a los siguientes hechos jurídicamente relevantes. Usted, señor Nicolás Fernando Petro, registró en su hoja de vida, en el acápite de reporte de empleos, información falsa correspondiente a una relación laboral con la empresa Energía Delta Limitada”, explicó Laborde.

La fiscal detalló que el 1 de septiembre de 2021, Petro Burgos habría obtenido de Jonathan Cabrales, representante de la constructora Gold Coast, un certificado en el que se hacía constar que él y su entonces esposa, Daysuris Vásquez, habían abonado COP 49 millones 300 mil al proyecto inmobiliario Side Beach House Casa KiKi. Sin embargo, para la fecha de corte —31 de diciembre de 2020— solo se habrían realizado aportes por COP 19 millones 300 mil.

“Posteriormente, el 26 de agosto de 2022, usted señor Nicolás Petro instruye a la señora Daysuris Vásquez para que obtenga, como en efecto lo logra, que el día 5 de septiembre 2022 el mencionado señor Jonathan Cabrales expida otra certificación del proyecto Side Beach House Casa Kiki, en el que consigna como recibido por usted y su esposa el valor de COP 100 millones”, cuando en realidad, indicó la fiscal, solo se habían aportado COP 50 millones.

Laborde sostuvo que dichas certificaciones, con contenido falso, fueron utilizadas por Petro Burgos para justificar su patrimonio ante el SIGEP y en sus declaraciones de renta de los años 2020, 2021 y 2022 presentadas ante la DIAN, “información al que usted estaba obligado en cumplimiento a las disposiciones sobre las mismas por ser servidor público, toda vez que usted fungía como diputado de la Asamblea del Atlántico”.

El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza pidió al juez Ortiz Ángel ejercer un control material más estricto sobre la formulación de la Fiscalía, al considerar que la acusación presentada por la fiscal Laborde carece de claridad y coherencia jurídica.

“Esta imputación es absolutamente confusa. Finalmente lo que hay es una absoluta confusión, muy clara, porque no se respondieron las preguntas que hizo este defensor en la sesión pasada”, reclamó Carranza.

El abogado cuestionó que la Fiscalía no haya precisado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que Nicolás Petro habría incurrido en el delito de tráfico de influencias, y criticó la falta de una narrativa fáctica concreta que permita a Petro Burgos conocer de qué hechos debe defenderse.

Carranza también señaló contradicciones en la imputación, especialmente por el uso de conceptos penales que, según él, son incompatibles entre sí: “Eso de decir que aquí se imputa un interviniente coautor no existe. O se es interviniente o se es coautor. No se puede ser interviniente coautor. La jurisprudencia ha hablado sobre eso”, afirmó.

El abogado sostuvo que la Fiscalía mezcla hipótesis incongruentes, como afirmar que la gobernadora Elsa Noguera tenía competencia funcional sobre los contratos, pero que el supuesto acuerdo criminal habría sido con el exsecretario general de la Gobernación, Raúl Lacouture, “quien no recibió dinero, prebendas ni nada a cambio. ¿Qué clase de acuerdo criminal es este?”, cuestionó Carranza.

Además, el defensor enfatizó en la inconsistencia temporal de los hechos narrados por la Fiscalía. Según explicó, la fiscal Laborde habló de un tráfico de influencias ocurrido en septiembre de 2022, aunque los contratos en cuestión habrían sido firmados y ejecutados durante el primer semestre de ese año.

El abogado también advirtió una posible falta de lealtad procesal por parte de la Fiscalía, al considerar que los hechos que se están imputando hoy ya fueron incluidos del otro proceso penal que se adelanta contra Petro Burgos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Aquí hay una comunidad de hechos, de conductas y de evidencias que están en el otro proceso. Allá le acaban de admitir a esta misma fiscal todos los contratos de Fucoso, los testigos que le ha mencionado el día de hoy para acreditar que allá (en el otro proceso) Nicolás se enriqueció como servidor público, pero aquí a usted, faltando a la lealtad, le dicen que es que eso fue como particular”.

Durante la audiencia de imputación de nuevos cargos contra Nicolás Petro, el juez Jorge Alberto Ortiz pidió a la fiscal Lucy Laborde precisar cómo se habría materializado la presunta influencia del hijo del jefe de Estado sobre la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, en el proceso de adjudicación de contratos.

“Pero el señor Nicolás Petro, ¿qué le pidió? ¿Quiso que la gobernadora influyera sobre la adjudicación del contrato, sobre un pago, la llamó por teléfono, le escribió una carta?”, cuestionó el juez Ortiz. “¿En qué incidió ese tráfico de influencias? Es decir, ¿en qué incidió Nicolás Petro sobre la gobernadora o pretendió incidir para que se materializaran o se pagaran esos contratos? Porque el acontecer fáctico no me queda claro”.

Ante el llamado del juez, la fiscal Laborde respondió que los hechos específicos en los que se habría dado esa supuesta gestión de Petro Burgos aún se encuentran en indagación, aunque insistió en que la Fiscalía tiene “determinada una relación de influencia política” entre el entonces diputado y la mandataria departamental.

“El interés que despertara en esa contratación se encuentra determinado por algunas actividades como visitas a esos proyectos o a esas actividades que ejercían”, explicó Laborde, al señalar que para ese momento Noguera “tenía una competencia funcional sobre el contrato que se suscribía con el departamento”.

El juez interrumpió la intervención de la fiscal para recordarle que “estamos en imputación. Yo no estoy haciendo un control material sobre inferencias razonables... Lo que le estoy diciendo es que concrete cuál fue la conducta, circunstancia de tiempo, modo y lugar, en la cual presuntamente el señor Nicolás Petro Burgos influyó o pretendió influir sobre la gobernadora del Atlántico”, precisó Ortiz. “Al señor defensor y al señor Nicolás Petro debo darles una referencia práctica para que sepan de qué se van a defender”.

Con este llamado, el juez Ortiz reiteró que su interés no se centra en la eventual responsabilidad de la gobernadora Noguera, sino en que la Fiscalía delimite con exactitud el hecho fáctico atribuido al hijo del presidente en el supuesto delito de tráfico de influencias.

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