Caso Nicolás Petro en vivo: Abogado Carranza señala que la Fiscalía no aportó pruebas suficientes

Según la Fiscalía, Nicolás Petro Burgos se habría apropiado irregularmente de $111 millones entre 2021 y 2022, por medio de la Fundación Conciencia Social.

Foto: Archivo Particular

Durante cuatro jornadas se han extendido las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ahora investigado por cuatro delitos más: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. La diligencia continúa este jueves 18 de diciembre, en Barranquilla.

Ante el despacho del juez 14 de control de garantías de la capital del Atlántico, la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento preventiva en contra de Petro Burgos, quien ahora es investigado por su presunta participación en un entramado de corrupción por medio del cual, al parecer, COP 111 millones que iban para proyectos de atención a adultos mayores, habrían ido a parar a sus bolsillos cuando era diputado del departamento de Atlántico.

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Pese a la solicitud de la Fiscalía, en la última jornada de la audiencia, que se adelantó el pasado 15 de diciembre, el representante de la Procuraduría le lanzó un salvavidas al hijo mayor del presidente Gustavo Petro y no pidió la medida de aseguramiento. “No representa ni un peligro para la comunidad y no se observa tampoco que, con la misma, pueda obstruir la justicia y mucho menos que pueda evadir el proceso y el eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado”, dijo el delegado Henry Bustos.

Para la diligencia de este jueves está prevista la intervención de las víctimas del caso, que no solo ha salpicado a Petro Burgos, sino también a su expareja, Day Vásquez, quien, según la Fiscalía, habría sido la persona determinada por el entonces diputado para que tendiera los puentes y conversaciones necesarias para desviar recursos públicos, por medio de contratos a la Fundación Conciencia Social (Fucoso). Después de esta jornada, el juez del caso tendrá que decidir si ordena o no la medida de aseguramiento.

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Siga la audiencia minuto a minuto:

Enfatizando sobre la presunta falta de pruebas de la fiscal Lucy Laborde, el abogado Alejandro Carranza señaló que varios de los elementos que la fiscal mencionó en su intervención no fueron aportados ni exhibidos ante el juez de control de garantías. Carranza afirmó que durante la diligencia no se proyectaron documentos clave. “A usted no le trajeron nada de eso, su señoría. Ni la inspección a SECOP, ni las inspecciones a lugares o sitios supuestamente que se hicieron a la Gobernación, a Fucoso”, sostuvo.

El defensor agregó que, más allá de las afirmaciones del ente acusador, no existe respaldo documental en el expediente. “Nos quedamos solo con las palabras de la Fiscalía diciendo que lo hizo. Y en los elementos compartidos posteriormente por el despacho fiscal a través del Drive, no aparece soporte alguno de eso, su señoría. Ni informe, ni archivo que corresponda con esas actuaciones”, señaló.

En su intervención, Carranza cuestionó la solidez de la inferencia razonable planteada por la Fiscalía. “Así que, en el criterio de este abogado, respecto a la inferencia razonable, la Fiscalía sustentó su solicitud de medida de aseguramiento en elementos materiales que no fueron debidamente acreditados para señalar a Nicolás Petro; todo lo contrario, señala a otras personas”, afirmó.

El abogado recalcó que dichos elementos no fueron entregados al despacho judicial, pese a que sobre ellos se hicieron interpretaciones relevantes durante la audiencia. Como ejemplo, mencionó la supuesta participación de un escolta en la recepción de dinero. “Hablan del escolta que fue a recibir un dinero, pero no le trajeron una entrevista de ese escolta; dicen que fueron a buscar cómo se organizó el contrato dentro de la Gobernación, pero no le trajeron la inspección a lugares o sitios. No le trajeron a usted, su señoría, nada de eso”, enfatizó.

Para la defensa, lo presentado por la Fiscalía carece de cohesión probatoria. “Lo que tenemos es, de forma deshilvanada, un montón de argumentaciones, lo digo con respeto, no evidencias. No hay nada que vincule”, dijo Carranza.

Incluso, advirtió que el material aportado resulta contraproducente para la tesis de la Fiscalía. “Al contrario, lo que le han traído es muy grave, porque la testigo exculpa a Nicolás y vincula y le explica a la Fiscalía y a este despacho, en esas voces, realmente quién hacía el tráfico, presuntamente, realmente quién tenía la idea criminal, realmente cómo fue que se instrumentalizó esos contratos”. Y concluyó de manera tajante: “No Nicolás”.

Carranza sostuvo que la testigo Daysuris del Carmen no menciona a Nicolás Petro como partícipe, beneficiario, gestor o conocedor de los hechos investigados, y que su relato contradice la versión expuesta por la Fiscalía durante la audiencia. “Ella no sabe cómo se consiguió el contrato y eso se contradice con lo que le dijo usted la Fiscalía en esta audiencia, que es que Nicolás la instrumentalizó. ¿Cuál elemento le mostró para evidenciar que Nicolás instrumentalizó a su esposa? Ninguno”.

El abogado Carranza insistió ante el juez 14 de control de garantías de Barranquilla en que no existe ningún elemento probatorio que vincule a su cliente con la Fundación Conciencia Social (Fucoso), señalada por la Fiscalía como eje del presunto entramado de corrupción.

“Hay una ausencia total de vinculación de Nicolás Petro con Fucoso, a partir de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que presuntamente sustentan la medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía”, sostuvo Carranza.

El defensor cuestionó que el ente acusador hiciera referencia verbal a diversas diligencias sin haberlas aportado formalmente al despacho judicial, lo que, según dijo, impide ejercer un adecuado derecho de contradicción. En ese contexto, resaltó que las declaraciones de Daysuris del Carmen Vázquez Castro no comprometen directamente a Petro Burgos con la fundación.

“Se destaca que las diligencias practicadas a la señora Daysuris del Carmen, consideradas en este nuevo proceso como un acervo probatorio, evidencian que la mencionada declarante no vinculó de manera directa jamás al señor Nicolás Petro Burgos con Fucoso. Jamás, su señoría”, enfatizó.

Carranza aseguró que en los chats, declaraciones y demás elementos aportados por la Fiscalía no existe referencia alguna que relacione a Nicolás Petro con reuniones, directrices, control o interacción con Fucoso ni con su representante legal. “Usted no encuentra eso en ninguna de las evidencias que le trajo la Fiscalía. En consecuencia, se llega a la conclusión de que no existe un solo elemento material ni una evidencia legalmente obtenida que le permita acreditar a la Fiscalía que Nicolás tenía relación, control, administración, dominio o interacción con Fucoso, ni una sola”, afirmó.

El abogado también se refirió a la declaración rendida por Vásquez el 3 de marzo de 2023, señalando que dicha diligencia corresponde a otro proceso penal (lavado de activos) y no aporta sustento al caso que hoy se analiza. “Ese chat del 3 de marzo sencillamente habla de los hechos jurídicamente relevantes que están siendo juzgados en el otro proceso (lavado de activos). No se entiende para qué se lo traían aquí”, sostuvo.

Según Carranza, la propia declarante manifestó ante la Fiscalía que su conocimiento sobre la Fundación Conciencia Social era limitado y de carácter operativo. “Ella le menciona a la Fiscalía que no tuvo contrato con la entidad, que no conoció personalmente ni tuvo amistad con el señor Gustavo de la Ossa, representante legal de la Fundación Fucoso, y que su participación se redujo a apoyar actividades del proyecto del adulto mayor”, recordó.

Carranza destacó que, de acuerdo con esa versión, quien participaba en dichas actividades era la madre de Vásquez y no Nicolás Petro. “En ningún momento le dijo que el que participaba era Nicolás, que Nicolás hubiera conocido al señor de la Ossa, que Nicolás le dijo que tenía que ser con esa fundación, que Nicolás le decía cómo repartir el dinero o que iba por el dinero. Nada de eso, su señoría”, señaló el abogado.

La audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro inició este jueves a las 8:30 de la mañana con la intervención de su abogado defensor, Alejandro Carranza, quien expuso ante el juez 14 de control de garantías de Barranquilla los argumentos por los que se opone a la solicitud de detención en centro carcelario hecha por la fiscal del caso, Lucy Laborde.

Durante su intervención, Carranza cuestionó la competencia de la Fiscalía para investigar los presuntos delitos tributarios que hacen parte del expediente. Aseguró que la legitimidad para perseguir este tipo de conductas no recae en el ente acusador, sino en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

“Frente a esos delitos tributarios, su señoría, la legitimidad para perseguirlos no es de la Fiscalía, no es de la señora fiscal que hoy nos acompaña. La legitimidad para iniciar un proceso penal por delitos tributarios es del director de la DIAN. ¿Usted le trajeron algo de eso, señor juez? No”, sostuvo el defensor.

El abogado explicó que, incluso en un escenario hipotético, se estaría hablando de omisiones o irregularidades en la declaración de renta que, según dijo, corresponden a delitos especiales cuya investigación solo puede activarse a partir de una denuncia formal de la DIAN.

Carranza también reprochó que la Fiscalía no haya aportado elementos probatorios esenciales para sustentar sus inferencias, como la declaración de renta o el balance contable de su cliente. Según afirmó, Nicolás Petro no estaba obligado a llevar contabilidad, lo que impediría hacer interpretaciones sobre supuestas afectaciones al impuesto a pagar.

“La única forma como usted puede probar, demostrar, que supuestamente un anexo afectó el impuesto a pagar (…) es con el balance del contribuyente. Y no se lo trajeron porque no está obligado a llevar contabilidad. Y si no está obligado a llevar contabilidad, la Fiscalía no puede interpretar algo sobre una declaración de renta que tampoco le trajo al señor juez”, señaló.

El defensor insistió en que las inferencias presentadas por la Fiscalía no son suficientes para justificar una medida privativa de la libertad y advirtió que acceder a esa solicitud afectaría derechos fundamentales de su cliente.

“¿Con eso le vamos a quitar la libertad a Nicolás Petro? Yo creo que no. Yo creo que sería un exceso. Va a afectar su debido proceso y sus derechos humanos, con la interpretación que ha hecho la Fiscalía (…) Esa inferencia razonable es la que estamos atacando aquí, su señoría”, señaló Carranza.

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