En la mañana de este martes 23 de septiembre se confirmó que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordeno retirar la designación de María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo para la investigación que lidera la fiscal Lucy Laborde en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Ramírez Meléndez, quien pertenece al nivel central de la Fiscalía General de la Nación, había sido enviada a apoyar el trabajo de la investigadora Laborde después de que hace un par de semanas se conociera que el próximo 1 de octubre habrá una nueva imputación en contra del hijo del presidente Petro, por, al parecer, ser responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
Las pesquisas de la Fiscalía indican que Petro Burgos habría participado, mientras era diputado, en la gestión de cinco contratos entre la Gobernación de Atlántico y la Fundación Conciencia Social, por más de $3.000 millones. Esos recursos irían a programas de atención social para adultos mayores y personas con discapacidad; sin embargo, según el ente investigador, el dinero se habría desviado y nunca habría cumplido con su propósito.
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Luego de eso, la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía firmó la designación de Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo, para que brindata “acompañamiento, orientación y asesoría jurídica” a la fiscal Laborde en el caso. La decisión generó sorpresa e incomodidad en la investigadora Laborde, quien expresó su desacuerdo con esa designción y defendió el trabajo que ha hecho desde que tiene el caso en su despacho.
La decisión de la fiscal Camargo de tumbar la designación de Ramírez Meléndez se dio después de que la investigadora Laborde, quien desde hace un año está an Barranquilla (Atlántico) al frente del caso, enviara una dura carta en la que denunció “intromisiones indebidas” y afectaciones a la imparcialidad e independencia en su trabajo. En la misiva, la funcionaria se refirió de manera a dos asuntos: la designación de Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo y la citación a reuniones sin previo aviso.
En la carta conocida el pasado 22 de septiembre por medios de comunicación, la fiscal Laborde, de la Dirección Especializada contra el Lavado de activos de la Fiscalía, criticó la decisión del pasado 8 de septiembre, con la que se ordenó enviar a la segunda investigadora a apoyar su trabajo. “Tengo los conocimientos y la experiencia suficiente, la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente de este proceso”, dice la misiva.
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La funcionaria defendió que durante el último año ha adelantado la investigación casi sin apoyo. Por eso, no encontró motivo para que Ramírez Meléndez fuera enviada a apoyar el caso: “Esto no guarda relación alguna con las necesidades del despacho (...) por cuanto el proceso que se sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público ante el señor juez segundo penal especializado de Barranquilla, contra el señor Petro Burgos se ha adelantado por la suscrita fiscal de manera íntegra”.
La misiva de la fiscal Laborde concluía pidiendo que se le explicara cuáles eran las verdaderas razones de la designación de Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo, sin que ella lo solicitara. También pidió que se le informe sobre las reuniones previas a la nueva imputación que hará la Fiscalía a Nicolás Petro y que “se indique por qué motivo desde que se solicitó la audiencia de imputación, no se corre traslado a este despacho de las peticiones o solicitudes de la defensa, por el contrario, se ocultan y se responden de forma subrepticia”.
También que “se adopten medidas necesarias para garantizar el respeto de mi autonomía e independencia, así como la imparcialidad, principios que, conforme a la jurisprudencia constitucional y legal, prevalecen frente al principio de unidad de gestión cuando este se ejerce de forma arbitraria o desconoce la independencia funcional de los fiscales delegados”, concluye la carta.
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